El hecho es que el PP ha
borrado los datos del ordenador de Luis
Bárcenas del que es propietario. No sé si el hecho es una villanía, un
delito de daños informáticos o, al contrario, una bienintencionada protección
de la intimidad personal, en dicho del dirigente popular Carlos Floriano.
Pero ya me dirán qué credibilidad puede tener un político que justifica el
borrado de datos de posible importancia judicial.
Después de todo esto, a lo
mejor se sale de rositas el PP en el caso
Bárcenas. Bien para él. A lo mejor les ocurre lo mismo a Iñaki Urdangarín en el caso Nóos y a Javier Martín-Artajo con el agujero multimillonario de J.P. Morgan.
Felicidades para ellos. Pero, en cualquier caso, su imagen pública, su
credibilidad y su honradez habrán quedado para siempre en entredicho.
En lo que a ellos se
refiere, eso no parece inmutar a nuestros políticos, convencidos de que con su
verborrea —sus dichos— refutarán unos hechos que avalan miles de datos.
Es lo que acaba de hacer la
nueva presidenta andaluza, Susana Díaz,
miembro hasta ahora de un Gobierno regional durante el que se han saqueado
impune y repetidamente las arcas públicas, al decir que “voy a ser implacable contra la corrupción”.
A buenas horas, mangas
verdes. Por si acaso, y como si no fuera con él, su predecesor, José Antonio Griñán, se aferra como
senador a su condición de aforado, para blindarse así ante la Justicia.
Y es que a nuestros
políticos les cuesta soltar unos cargos públicos desde donde dicen lo que
quieren, aunque hagan justamente lo contrario.
Cuando surge entre ellos la
excepción de alguien que es capaz de dimitir de su puesto para ganarse la vida
por su cuenta, como Carme Chacón, es
puesta a parir hasta por los de su propio partido. Si, además, demuestra su
capacidad académica, lingüística y profesional, no sólo es que sea una
excepción, sino que deja en evidencia a una clase política de inútiles
charlatanes dispuestos a todo para seguir en el machito.
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