Llevo algunos días
fuera de España y no he podido asistir en directo a las chuscas declaraciones
en Las Corts de algunos de los culpables de nuestro descalabro bancario. Aun
así, me he quedado atónito al leer que María
Dolores Amorós —quien se autoconcedió una pensión vitalicia de 350.000
euros como Directora General de la CAM— afirma que no tenía competencias sobre
las auditorías, la contabilidad y la administración de la entidad.
Pero, ¿no era
directora “general”? Nunca antes, a la hora de cobrar, había argüido que se
trataba de una directoral “parcial” y que, en consecuencia, sólo debía cobrar
como tal.
También tienen su
guasa las manifestaciones del ex consejero José
Enrique Garrigós, quien reconoce no saber leer un balance. ¿Qué hacía,
pues, cobrando de una caja de ahorros si ignora hasta lo más elemental de las
finanzas?
Podríamos seguir así
todo el artículo revisando exculpaciones a cuál más peregrina, pero que al
final resultan significativas todas ellas. Su común denominador: que las efectúan
tipos incompetentes y corruptos que usaban su cargo para llevárselo crudo al
amparo de la bonanza económica y que han quedado en evidencia al llegar las
vacas flacas.
En general, la tónica
exculpatoria es la de “yo no me enteraba de lo que estaba pasando”. Como última
línea de defensa, en éstos y en otros casos de defraudación financiera, la
culpa es del difunto, pues siempre hay algún muerto a quien achacarle el
delito.
“¿Pero no hay nadie
que vaya a la cárcel por todo esto?”, me preguntan estupefactos algunos amigos
británicos con quienes converso estos días. “De momento, que yo recuerde, el
único banquero que ha ido a la cárcel en España ha sido Mario Conde, hace un montón de años, y su desfalco fue mucho menor
que el cometido últimamente por el conjunto de los gestores financieros”, les
digo.
Por eso, a falta de
la justicia penal, funciona la indignación ciudadana, como la de aquellos
paisanos gallegos que han insultado en la calle a un ex director general de las
cajas de ahorro cuando lo han reconocido. No sé ahora, de memoria, si se trata
de José Luis Méndez, de Caixa
Galicia, quien se ha llevado de 15 a 20 millones de pensión, o el de NovaCaixa, José Luis Pego, que sólo ha pillado 10,8 en concepto de
indemnización más pensión. Pero tanto da.
De todas formas, el
cerco judicial se estrecha ya para algunos, como Domingo Parra, ex consejero delegado de Banco de Valencia, y José Luis Olivas, ex presidente de la
entidad, por delitos de falsedad contable, administración desleal y otros de
tipo societario.
Es lo que desean ver
los ciudadanos, hartos de que mientras Olivas y Rodrigo Rato se disputaban el control de Bankia, la caja fusionada se
hundía aunque ellos seguían cobrando sus buenos millones. Ahora, la fiscalía
anticorrupción hace pender sobre la cabeza de ambos —y la de otros consejeros
de la entidad—una pena de hasta seis años de cárcel por haber falseado el
folleto con el que hace un año sacaron a Bolsa las acciones de la antigua caja.
No son éstos los
únicos personajes que merecerían calificaciones penales semejantes tras años y
años en los que muchos financieros
han saqueado las entidades públicas, concedido préstamos irregulares y
financiado actividades inverosímiles mientras que ellos y sus amigos se forraban
de una forma totalmente indecorosa.
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