domingo, 10 de junio de 2012

Los que pueden ir a la cárcel


Llevo algunos días fuera de España y no he podido asistir en directo a las chuscas declaraciones en Las Corts de algunos de los culpables de nuestro descalabro bancario. Aun así, me he quedado atónito al leer que María Dolores Amorós —quien se autoconcedió una pensión vitalicia de 350.000 euros como Directora General de la CAM— afirma que no tenía competencias sobre las auditorías, la contabilidad y la administración de la entidad.

Pero, ¿no era directora “general”? Nunca antes, a la hora de cobrar, había argüido que se trataba de una directoral “parcial” y que, en consecuencia, sólo debía cobrar como tal.

También tienen su guasa las manifestaciones del ex consejero José Enrique Garrigós, quien reconoce no saber leer un balance. ¿Qué hacía, pues, cobrando de una caja de ahorros si ignora hasta lo más elemental de las finanzas?

Podríamos seguir así todo el artículo revisando exculpaciones a cuál más peregrina, pero que al final resultan significativas todas ellas. Su común denominador: que las efectúan tipos incompetentes y corruptos que usaban su cargo para llevárselo crudo al amparo de la bonanza económica y que han quedado en evidencia al llegar las vacas flacas.

En general, la tónica exculpatoria es la de “yo no me enteraba de lo que estaba pasando”. Como última línea de defensa, en éstos y en otros casos de defraudación financiera, la culpa es del difunto, pues siempre hay algún muerto a quien achacarle el delito.

“¿Pero no hay nadie que vaya a la cárcel por todo esto?”, me preguntan estupefactos algunos amigos británicos con quienes converso estos días. “De momento, que yo recuerde, el único banquero que ha ido a la cárcel en España ha sido Mario Conde, hace un montón de años, y su desfalco fue mucho menor que el cometido últimamente por el conjunto de los gestores financieros”, les digo.

Por eso, a falta de la justicia penal, funciona la indignación ciudadana, como la de aquellos paisanos gallegos que han insultado en la calle a un ex director general de las cajas de ahorro cuando lo han reconocido. No sé ahora, de memoria, si se trata de José Luis Méndez, de Caixa Galicia, quien se ha llevado de 15 a 20 millones de pensión, o el de  NovaCaixa, José Luis Pego, que sólo ha pillado 10,8 en concepto de indemnización más pensión. Pero tanto da.

De todas formas, el cerco judicial se estrecha ya para algunos, como Domingo Parra, ex consejero delegado de Banco de Valencia, y José Luis Olivas, ex presidente de la entidad, por delitos de falsedad contable, administración desleal y otros de tipo societario.

Es lo que desean ver los ciudadanos, hartos de que mientras Olivas y Rodrigo Rato se disputaban el control de Bankia, la caja fusionada se hundía aunque ellos seguían cobrando sus buenos millones. Ahora, la fiscalía anticorrupción hace pender sobre la cabeza de ambos —y la de otros consejeros de la entidad—una pena de hasta seis años de cárcel por haber falseado el folleto con el que hace un año sacaron a Bolsa las acciones de la antigua caja.

No son éstos los únicos personajes que merecerían calificaciones penales semejantes tras años y años en los que muchos financieros han saqueado las entidades públicas, concedido préstamos irregulares y financiado actividades inverosímiles mientras que ellos y sus amigos se forraban de una forma totalmente indecorosa.  


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