¡Quién fuera funcionario!

Hace 20 años, cuando Mario Conde ejemplificaba el pelotazo financiero, los universitarios españoles querían de mayores ser empresarios. Ya con el banquero en la cárcel, prefirieron ser funcionarios. Y la Administración ha satisfecho cumplidamente sus deseos: mientras que en los 27 países de la UE ha disminuido un 1,4% el número de funcionarios en esta década, en España ha crecido un 32%.

Ahora, en plena crisis económica, teniendo el Estado que recortar el déficit público, en vez de adelgazar el coste de este colectivo, como sería de esperar, aumenta sus sueldos un 4%. ¡Menuda paradoja!

Para compensar el despropósito, la vicepresidente Elena Salgado anuncia que de cada diez funcionarios jubilados se amortizará el puesto de nueve de ellos. O sea, que en lugar de repartir el trabajo para no destruir más empleo, se vaticina un nuevo aumento de paro, esta vez por la vía funcionarial.

Y es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con tal de no acometer reformas en profundidad —financieras, fiscales, laborales,…—, va creando un monstruo económico a golpe de parches, improvisaciones y ocurrencias varias. Ya en su momento, el entonces ministro Jordi Sevilla quiso reformar el estatuto de la función pública, introduciendo en él criterios de movilidad, eficacia y hasta de rescisión contractual y, en vez de conseguirlo, fue él mismo puesto de patitas en la calle por su jefe.

El exceso de acomodados funcionarios en España —magníficos profesionales muchos de ellos—, con duplicidad de funciones entre las distintas administraciones del Estado, evidencia finalmente la falta de criterio y de rigor a la hora de encauzar nuestro futuro económico colectivo.