Mientras Grecia no tiene solución, nos dice en un
reciente ensayo el periodista Petros Márkaris,
un montón de griegos se beneficia de la crisis.
Su análisis, por mucho que nos duela, es aplicable a
España milimétricamente.
Entre los beneficiarios del desastre están quienes se
enriquecieron con el boom
inmobiliario y ahora tienen su dinero a buen recaudo en paraísos fiscales. ¿Les
suena eso?
Seguro que sí. Como también les sonará el chollo de decenas
de miles de enchufados por los partidos políticos tradicionales en detrimento
de los funcionarios de oposición. O la cantidad de agricultores que, en vez de
invertir en tractores, se han gastado dudosas subvenciones de la UE en comprar
BMWs y otros gastos suntuarios.
Pero lo más traumático es que, a mayor presión fiscal
para cuadrar las cuentas del Estado, mayor fraude tributario por aquéllos
privilegiados que pueden hacerlo. Me refiero a ese creciente número de
profesionales autónomos y de empresas que facturan sin IVA, dejando de ingresar
en Hacienda decenas de miles de millones.
Claro que al Gobierno le resulta más fácil penalizar a
funcionarios, pensionistas y contribuyentes en general que luchar contra el
fraude que supone ese 22 ó 23% de economía sumergida y sin control.
No es sólo que los defraudadores dejen de pagar el IVA,
sino que esos empresarios fraudulentos también pagan en consecuencia menos
impuesto de sociedades y de IRPF, en una espiral de alegre y continuado latrocinio.
Sólo con evitar tanto fraude acumulativo, no harían falta
recortes, rescates ni otras cirugías sociales. Pero, ¿quién es el guapo que se
atreve a poner el cascabel a ese gato?
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