Propone
Pérez Rubalcaba que las empresas no
puedan hacer donaciones a los partidos políticos. Ni siquiera con publicidad,
transparencia y rígidas normas de control, que sería lo correcto. Para él,
dicha financiación debe recaer sólo sobre las espaldas de los sufridos ciudadanos.
Vale
ya. Algunos empezamos a estar hartos de que siempre seamos los mismos quienes
financiemos a todo quisque. Nuestros impuestos no sólo mantienen a sectores económicos
deficitarios, a empresas inviables, a asociaciones estrafalarias,… sino también
a los partidos, a la Iglesia, a los
sindicatos, a la patronal…
Todo,
todo, sale de nuestros impuestos: hasta la pervivencia de muchos clubes de
fútbol en bancarrota. Véase, si no, al Gobierno regional de Alberto Fabra, que prefiere pagar cinco
millones de la deuda del Valencia C.F., antes que hacerlo a la sanidad y a
otras disminuidas prestaciones sociales.
Es
que vivimos en el país de la subvención generalizada, donde todo el mundo
pretende que sean otros —o sea, los resignados contribuyentes— quienes le
mantengan. Eso sucede tanto a nivel interno como externo, como lo prueba el que
la mayor satisfacción de Mariano Rajoy
al volver de la última cumbre de la UE fuese que España todavía sea perceptora
de subsidios comunitarios.
El
último ejemplo de esa mentalidad de vivir de la subvención son los 400 euros
mensuales de ayuda para el desempleo del Plan Prepara. Por supuesto que los
parados tienen derecho a vivir de la manera más digna posible; pero lo malo es
que la Administración sólo sabe subsidiar en lugar de crear empleo; es decir,
poner parches en vez de hallar soluciones.
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