La
mayoría de los políticos no roba, por supuesto; pero los partidos a los que
pertenecen, sí. Por eso, la financiación ilegal del partido de Duran i Lleida no es más que el último
eslabón de una larga cadena que comenzó hace veintitantos años con las extorsiones
del PSOE por medio de Filesa, Time Export y otras empresas fantasma.
De
esa práctica delictiva no se ha librado casi ningún partido. Ahí están, si no,
los casos Gürtel y Brugal, del PP, el de Casinos de
Cataluña, de Convergència Democrática, y muchísimos más.
Casi
todas las entidades financieras y las grandes empresas de este país han tenido
que pagar las mordidas
correspondientes, en forma de comisiones, sobornos, créditos sin retorno,… para
poder trabajar sin miedo al poder político.
Decir
esto es muy fuerte, pero está suficientemente documentado, aunque muchos
crímenes hayan prescrito por dilaciones procesales, fallecimiento de sus
responsables, acuerdos extrajudiciales, trapicheos políticos y el tácito
acuerdo de no tirar de la manta porque “eso nos acabaría afectando a todos”.
La
generalización de esta práctica tiene tantas explicaciones como personas
implicadas en ella, pero también un común denominador a todas: la impunidad.
¿Cuántos de estos casos han llegado a los tribunales y cuántas sentencias se
han dictado al respecto? Prácticamente, ninguna. Y cuando alguien ha sido
cogido con las manos en la masa, como el saqueador del Palau, Félix Millet, sigue paseándose por las
calles de Barcelona como si nada.
Para
colmo, si algún día llega una condena, los corruptos podrán acogerse a acuerdos
de conformidad, como en el caso Pallerols, o ser objeto de un
indulto, como muchos temen que pueda ocurrir en un futuro con Iñaki Urdangarin.
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