Una
eventual condena judicial de Urdangarín,
Díaz Ferrán y otros golfos de alto standing, no quiere decir necesariamente
que acaben con sus huesos en la cárcel. El uso y abuso por los sucesivos Gobiernos
españoles de la figura jurídica del indulto podría hacer que se saliesen de
rositas, sin más sanción, eso sí, que la de su propia infamia.
En
los últimos años, los Gobiernos españoles de uno y otro signo han concedido más
de un indulto al día a penados de todo tipo, desde traficantes de drogas hasta
homicidas. Uno de los más significativos fue el del banquero Alfredo Sáenz Abad, condenado por haber
realizado una denuncia falsa y que obtuvo el perdón del último Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Ya
ven si no hay razones de sobra para sentirse mosqueado. Máxime ante la creciente
lista de presuntos delincuentes de cuello blanco —políticos, empresarios, ex
consejeros de cajas de ahorro,…— imputados, acusados o simplemente sospechosos
de habérselo llevado crudo a costa de los contribuyentes.
El
último escándalo ha sido de otro tipo: el perdón a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturar a detenidos. Pero da
igual. El común denominador del derecho de gracia regulado por una
valetudinaria ley de 1870 es el de su arbitrariedad. Posiblemente haya casos en
que se den razones de “justicia, equidad o conveniencia pública”, como
especifica la propia ley. Pero, ¿cuántos otros no estarán motivados por el
amiguismo, la complicidad o la conveniencia privada?
La
opinión pública está tan escamada con nuestra clase dirigente y con la
sensación de impunidad de sus posibles fechorías que ya es hora de que la
justicia actúe con contundencia y que los políticos dejen de poner trabas a su
correcto ejercicio.
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