Unos
300 vehículos oficiales, más o menos, tiene a su disposición el Ayuntamiento de
Madrid.
A
mí, qué quieren que les diga, me parece una solemne barbaridad. Máxime, si trasponemos
el dato a las demás corporaciones municipales de España. Y a las comunidades
autónomas, diputaciones, mancomunidades, cabildos insulares,… Una auténtica
barbaridad.
Si
sólo se tratara del abuso del parque móvil por parte de nuestros políticos y
asimilados, la cosa aun tendría un pase. Pero a eso habría que añadir la
utilización de escoltas, chóferes, teléfonos móviles, viajes oficiales,…
Ya
sé que eso es el chocolate del loro en el conjunto de los dispendios de nuestra
frondosa administración pública. Pero su drástica reducción seguro que habría
suavizado los recortes a funcionarios, pensionistas y demás colectivos cautivos
ellos del Presupuesto del Estado.
La
cuestión resulta todavía más sangrante cuando uno no ve ese derroche de
prebendas en otros países más ricos que el nuestro. La proporción de políticos
con escolta en España resulta ridículamente superior a la de Estados Unidos,
por ejemplo, y la de ediles con chófer oficial parecería una burla en Gran
Bretaña o Alemania.
Con
esta afición a costearse la vida a cuenta del erario, se entiende perfectamente
que nuestros políticos, sean del partido que sean, se opongan como panteras a la reducción de
concejales o diputados autonómicos, a la supresión de entes públicos o a la
fusión de municipios.
Entre
otros motivos, hay uno de peso para semejante actitud: dada la escasa valía
profesional de la mayoría de ellos, ¿dónde encontrarían acomodo si tuviesen que
ganarse las alubias por su cuenta?
Ésa
es la terrible realidad que acabamos pagando entre todos los ciudadanos.
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