Manuel Cobo y Ricardo Costa han sido suspendidos de militancia en el PP no por nada que hayan hecho, sino sólo por lo que han dicho. Cobo, por criticar las presuntas maniobras de Esperanza Aguirre contra Rodrigo Rato, quien ha conseguido la presidencia de Caja Madrid pese a todo. Costa por mantener que seguía siendo secretario regional del partido, lo mismo que acababa de afirmar un momento antes su jefe, Paco Camps, sin que a éste le haya pasado nada.
Podríamos decir que los políticos expedientados han sido víctimas de su libertad de expresión. Y es que a los partidos, a todos ellos, no les gusta que sus militantes vayan por libre. Lo anticipó en su día el socialista Alfonso Guerra: “El que se mueva no sale en la foto”. Por haberse movido por su cuenta los ediles de Ascó en el tema nuclear, tanto José Montilla como el convergente Artur Mas arremeten ahora contra los de su partido respectivo.
Precisamente para impedir que los representantes públicos tengan ideas propias y obren en consecuencia, los partidos inventaron en su día el pacto antitransfuguismo: no para proteger a los ciudadanos, no para combatir la corrupción urbanística o la que sea. Para esto bastaba con las leyes penales. Lo que pretenden es que obedezcan a la jerarquía con disciplina castrense.
En los países anglosajones, donde no existe la partitocracia, los políticos responden antes a sus electores que a la cúpula partidista. En España, en cambio, si los partidos políticos pudiesen sustituir a sus incordiantes cargos públicos por simples robots automatizados, serían completamente felices.
No hay comentarios:
Publicar un comentario