La maldición del valenciano

Hace quince años Eduardo Zaplana creó la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) para sustraer el debate lingüístico de la gresca callejera y de la confrontación política. Tras un pacto con el socialista Joan Ignasi Pla, encerró en ella a lingüistas de uno y otro signo, los pagó con largueza y tiró la llave para que estuviesen un tiempo sin molestar.

El tiempo ha pasado y la publicación del primer diccionario normativo del valenciano ha levantado polémica al definir ese idioma como una “lengua románica” que hablada fuera de la Comunidad Valenciana “recibe el nombre de catalán”.

Esa mera constatación lingüística, realizada dentro de las estrictas competencias de la AVL, ha llevado al PP regional a considerarla como una agresión al idioma y hasta como una traición a la Comunidad, cuyo Estatuto de Autonomía recoge que “la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano”. ¡Como si no fuesen absolutamente compatibles una definición y la otra!

Afortunadamente, la controversia ha perdido la virulencia de antaño, cuando catalanistas y valencianistas andaban casi a cristazos, no tanto por cuestiones filológicas, claro, sino por el tufo político pancatalanista o anexionista de quienes preconizaban la unidad lingüística.

Un amigo mío de Denia, ya jubilado, atribuye todo el problema a la propia denominación del idioma: “Si la lengua que hablamos desde el Alguer a Guardamar del Segura se llamase occitano, por ejemplo, todos aceptaríamos que se trata del mismo idioma. Pero, si hay que llamarla catalán surge el lío político”.

Es lo que acaba de hacer el Consell de la Generalitat que preside Alberto Fabra, al no aceptar la competencia idiomática de la AVL. ¿Se imaginan, por ejemplo, que el Gobierno de Panamá, en conflicto ahora con la constructora Sacyr, afirmase que la lengua de su país no es el español sino un idioma propio y diferenciado llamado panameño?

Más allá de las peculiaridades léxicas y fonéticas locales, el cachondeo ante semejante decisión política sería de órdago.

Alberto Fabra y el futuro

“Alfonso Rus se ha equivocado al retar a Alberto Fabra porque el PP es un partido de liderazgo, que no deja lugar para grupitos ni para familias, al contrario de lo que sucede en el PSOE”.

         Esto me lo decía al acabar el congreso de Alicante alguien que conoce muy bien los entresijos del partido en el que lleva militando treinta años. Ese mismo fin de semana se celebraban otros tres congresos regionales del PP, todos ellos con candidato único. En Canarias ganó José Manuel Soria, con el 97,1% de votos; en Murcia, Ramón Luis Valcárcel, con el 98,1%, y en Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con el 97,1%.

Ya ven que no queda margen para la disidencia. El castigo a Fabra por parte de los afines a Alfonso Rus —y, en menor medida, de Rita Barberá— redujo el porcentaje de votos del presidente al 83,1%. Aun así, una aplastante mayoría.

        “He recibido presiones para dejar mi papeleta en blanco —me comentaba el alcalde de un municipio de Valencia antes de las votaciones— y basta eso para que ahora vote en negro”.

         En el congreso del pasado fin de semana no sólo se produjeron presiones —“brutales”, me llegó a decir un diputado provincial por Valencia—, sino que por primera vez los delegados se permitieron hablar de ello sin tapujos delante de los periodistas. “Me alegra el que por fin llegue la democracia interna a un partido de derechas”, ironizó conmigo un veterano militante, de vuelta ya de muchas batallas internas.

         No sé si es que hay o no mayor democracia, porque episodios complejos los ha vivido también el PP durante los mandatos de Eduardo Zaplana y de Francisco Camps. Pero en todos los casos, el líder del partido en cada momento acabó disponiendo de un poder absoluto, como le va a suceder ahora a Alberto Fabra con la inestimable ayuda del eficaz y correoso Serafín Castellano al frente de la Secretaría general del partido.

         Además, en esta hora de tribulación económica y de una deteriorada imagen de la Comunidad, por los casos de corrupción y por el fracaso en la gestión política de Camps, Mariano Rajoy no quiere más interlocutor en esta tierra que Alberto Fabra, persona de trayectoria impoluta y que fue elegido por él mismo para presidir la Generalitat.

         Por eso, tampoco han de temer por su futuro quienes han apostado por el presidente sin plegarse a presuntas fidelidades debidas a Rus en el pulso que el presidente de la Diputación de Valencia ha echado a Alberto Fabra. En ese partido sólo hay lugar para un líder y ése es el actual presidente regional del PP.

         Otra cosa muy distinta es que el futuro del partido y el de la Comunidad estén escritos. “Lo más probable —me comenta un experto en sondeos electorales— es que el Partido Popular no gane las próximas elecciones: no digo que pierda, sino que los partidos de la oposición sacarán entre todos más votos que él”.

         La culpable de ese diagnóstico es la crisis económica, claro está, pero también la incapacidad del PP para solucionarla, tanto a nivel regional como nacional, según este experto. “No tiene nada que ver con el liderazgo de Fabra, sino con cuestiones externas a él. Por lo mismo, tampoco puede permitirse el lujo de prescindir de auténticos purasangres de la política, como Rafael Blasco. Ante la que se avecina, por mucho talento del que se rodee éste aún será poco”.  

  

¿Qué puede hacer Paco Camps?

Si desapareciesen de golpe todos los consejos, sindicaturas y demás organismos públicos que acomodan a nuestros ex políticos, la mayoría de ellos se quedaría en el paro.

No hay más que ver el currículum de los diputados en Las Corts para saber que son muchos los que jamás han tenido actividad alguna en la esfera privada. Iniciados en la vida pública en las juventudes de su partido respectivo, llevan camino de jubilarse sin saber cómo es la vida real.

Hay notables excepciones, por supuesto, en políticos de uno y otro signo. En la legislatura pasada, el socialista Manolo Mata compaginó su escaño con su brillante actividad como abogado y, en la actual, la popular Alicia de Miguel hace lo propio con su labor como hematóloga.

Son excepciones, claro, porque lo habitual es justamente lo contrario. Es más: en poblaciones donde alcaldes y concejales deberían ejercer a tiempo parcial como dedicación altruista al municipio, se ponen unos sueldos que jamás alcanzarían por sus propios méritos.

Para ilustrar este estado de cosas, pongo el ejemplo de un político de otra Comunidad, el cual lleva más de treinta años en cargos sucesivos. “Lo último que le han nombrado —me dice, muy crítico, un conmilitón suyo— es miembro del tribunal de Cuentas, cuando el hombre no sabe ni sumar ni restar”. Y añade: “Durante un año que se quedó sin cargo, lo hicieron liberado sindical de no sé qué para que el tío siguiese cobrando”.

Éste no es el caso, por supuesto, de Francisco Camps, con habilidades más que demostradas. Sin embargo, del apego a la vida política demostrado en su reciente entrevista con la revista Telva ha surgido la duda: ¿es lo suyo una auténtica vocación?, ¿o se expresa así por necesidad?

No resuelve la cuestión su hipotético rechazo a un puesto en la firma Iberdrola. La empresa de Sánchez Galán, contaminada por su diaria relación con los políticos, suele darles cobijo, como ha hecho con el presidente de Bancaixa, José Luis Olivas, nombrado consejero de esa compañía eléctrica. Y no digamos nada de Telefónica: en ella caben lo mismo políticos socialistas, como Javier de Paz, que populares, como Eduardo Zaplana, pasando, claro está, por el inefable Iñaki Urdangarín.

Tan sospechosas resultan por ello sus contrataciones que se ha organizado un pequeño lío con el fichaje por la compañía de César Alierta de alguien tan cualificado como José Iván Rosa, todo por el simple hecho de ser marido de la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría.

Tampoco cabe dudar, por consiguiente, de las cualidades profesionales de Francisco Camps. Menos, por supuesto, que de las de Rodríguez Zapatero, que cobra hoy día 60.000 euros por conferencia. Por lo mismo, habría que aconsejarle al ex presidente de la Generalitat que deje de amagar con su vuelta a la vida pública y que, si no se conforma con su actual estatus de ex y de bien remunerado miembro del Consell Consultiú, encamine sus pasos hacia la esfera privada.

Cada vez que se producen estos dimes y diretes, uno envidia a los políticos anglosajones, capaces todos de ganarse las alubias antes y después de entrar en la vida pública. Bastantes de ellos, además, suelen dedicarse a la política como un acto de servicio desinteresado tras haber solucionado su vida en el sector privado.

Justo, justo, lo contrario que aquí.

¿Un futuro para Canal Nou?

La solución probable que está pergeñando en secreto el Consell valenciano para acabar con la hemorragia económica de Canal Nou sería un ERE que pondría en la calle a 800 trabajadores y hacerse cargo la Generalitat de la cuantiosa deuda del ente, para que así éste pueda partir de cero.

Lo siento, pero eso no sería una solución, sino una vuelta a empezar, porque el problema no es de números, sino de un modelo que en pocos años volvería a llevarle a la ciénaga donde chapotea ahora.

Y es que si las televisiones autonómicas pudieron tener algún sentido cuando su creación, en el lejano 1983, en que solo había dos canales de TVE, han perdido su razón de ser en 2011, cuando en España existen 25 televisiones públicas y un montón de cadenas privadas, locales, temáticas, de pago, por cable y por satélite, y se pueden ver hasta 200 canales en cualquier televisor.

Ahora bien: ni por ésas se atreven a ponerles coto las respetivas administraciones autonómicas. En Cataluña, Artur Mas prefiere no pagar a las residencias de ancianos a dejar de hacerlo a la inmersión lingüística, a sus embajadas en el exterior y, por supuesto, a TV-3.

Semejante actitud no es cuestión de ideología. También María Dolores de Cospedal —quien compagina, ¡oh milagro!, su cargo en el PP de Madrid con la presidencia de Castilla-La Mancha en Toledo— antepone nuevos dispendios en la televisión autonómica, con el nombramiento del costoso equipo del periodista Nacho Villa, a pagar a las farmacias de la región. Inaudito y casi delictivo.

¿No están las Comunidades autónomas —y la valenciana tanto como la que más— sin un duro? ¿Y aun así prefieren reducir las prestaciones a la sanidad o a la dependencia, por ejemplo, antes que una televisión prescindible que solo sirve para propaganda de sus gobernantes?

Lo malo es que, llegados a este punto, ya no es posible su venta, dada la situación de un sector audiovisual con graves pérdidas generalizadas. Tampoco parece de aplicación la externalización que propuso en su día Eduardo Zaplana, ya que no impediría la reducción del personal ni el incremento de los costes.

Esa situación singular de empresa privada con contrato-programa con la Administración solo se produce en Castilla y León, donde el Gobierno de Juan Vicente Herrera promovió la fusión de las dos televisiones privadas de ámbito autonómico, ahorrándose así una pasta y un montón de líos.

Pero eso ya no es posible en las televisiones públicas ahora existentes y tampoco parece probable su abrupto cierre, dado el gravísimo problema social que acarrearía.

Ante todo ello, José Miguel Contreras, presidente de la Unión de televisiones privadas —tan perjudicadas como las que más ante la crisis actual—, ha propuesto que las autonómicas se unan en un único canal, con desconexiones regionales horarias tan amplias como ellas quieran.

Eso, claro, ya está en inventado en otros países federales, como Alemania, donde la televisión pública ZDF otorga tres horas diarias de desconexión a los länders para que emitan información de su comunidades respectivas.

Mírese por donde, en semejante situación podría potenciarse la lengua valencia mejor que hoy día, en que su presencia escasea en Canal Nou: de recibirse toda la programación futura de la cadena en castellano, la producción propia podría hacerse íntegramente en valenciano y nadie podría quejarse por ello.

A lo mejor así podría hacerse de la necesidad virtud y sacar provecho de lo que es una limitación.

Solo nos queda la austeridad

Aunque parezca mentira, hace solo unos meses Francisco Camps aún decía que “la Comunidad Valenciana está liderando la recuperación económica de España”.

La doble falsedad era obvia: no había recuperación alguna y si el Consell del entonces presidente de la Comunidad estaba a la cabeza de algo era de la deuda pública, el déficit y el paro.

Afortunadamente, el caso Gürtel ha acabado con la perenne huida hacia adelante, el constante enmascaramiento de los datos macroeconómicos y el incremento del gasto público como coartada de una errática política autonómica. Por carambola política ha llegado al Palau de la Generalitat Alberto Fabra y, con él, por fin, la claridad, la transparencia informativa y la austeridad financiera.

Ahora sabemos que para una posible recuperación económica nos queda un largo y difícil camino por delante. Hay que apostar, para ello, por obras como la del corredor mediterráneo, que cuenta con el apoyo de Jorge Alarte y de Enric Morera, pero que en el escenario de la política nacional va a resultar preterida ante otras, al menos durante década y media.

Y es que nos hemos dado cuenta, de repente, que la cosa va para largo y de que la mayor parte de aquellos grandes eventos propiciados por Eduardo Zaplana y Paco Camps han sido ruinosos —desde Terra Mítica al Ágora, pasando por la Ciudad de la Luz—, no se han llegado a realizar —como Mundo Ilusión y la Ciudad de las Lenguas—, resultan deficitarios incluso antes de haberse inaugurado — caso del aeropuerto de Castellón— y siempre, más allá de su presunta rentabilidad, han drenado las arcas públicas de unos recursos necesarios para otras inversiones productivas, como ha sucedido con lo gastado en el Palau de les Arts, la Copa América o las pruebas de Fórmula 1.

Estamos, pues, sin un duro y ante un panorama cada vez más difícil para obtenerlo. Incluso algunas instituciones, como la Feria de Muestras y el Palacio de Congresos, se fagocitan unas a otras en su afán de competir por los mismos ingresos.

No quiero cargar las tintas en exceso, pero hasta que no nos demos cuenta de nuestras limitaciones y del contexto en el que nos movemos será más difícil que hallemos la solución.

Un ejemplo: el del empleo. En los momentos de mayor nivel de ocupación, los dirigentes autonómicos —de aquí y de toda España— presumían de que el haberlo logrado era mérito suyo. ¿Y cómo lo habían hecho? Misterio absoluto, ya que la creación de empleo va ligada a la actividad económica, a la demanda de las empresas y a la adaptabilidad del mercado laboral, tres variables en las que los Gobiernos autonómicos apenas si tienen nada que rascar.

Nuestro marco laboral es de ámbito estatal y, como me recuerda un eximio y veterano economista, “mantiene todavía una rigidez proveniente de tiempos de Franco”. Según él, la demagogia populista de la dictadura sobreprotegió la seguridad en el empleo a cambio de la pérdida de las libertades de los obreros: “Lo que nuestros sindicatos califican de derechos de los trabajadores no son muchas veces más que inventos del franquismo; de ahí el que tengamos un mercado laboral rígido e ineficaz y que por ello aumente brutalmente el paro en tiempos de crisis”.

O sea, que tenemos un largo camino de cambios por delante. Y que para salir de ésta, en España y en la Comunidad, hará falta esfuerzo, austeridad y sacrificios. Todo lo demás es un camelo, aunque los demagogos de uno u otro signo traten de ocultárnoslo.

El poder en el PP

Desde el rocambolesco cese de Ricardo Costa hace 22 meses —sí, no...¡sí!—, los altos cargos del PP viven en permanente estado de estupor. Su último motivo de pasmo fue la inesperada y eutrapélica dimisión de Francisco Camps.

¿Quién ha rellenado tanto vacío de poder? ¿Lo ha logrado ya Alberto Fabra?

Aun no, por supuesto, aunque el designio de Mariano Rajoy es que el nuevo presidente autonómico lo sea no solo para ésta, sino para varias legislaturas más. Y es que hacerse con las riendas de un partido tan grande y tan complejo como el PP de la Comunidad, que ha sufrido tantas peripecias y que aún tiene por resolver embrollos judiciales que van desde Carlos Fabra a José Joaquín Ripoll y Sonia Castedo, no es moco de pavo.

Un detalle, mínimo si se quiere, que muestra la bisoñez en el cargo de Alberto Fabra, ha sido su ausencia y la de cualquier conseller en el funeral por el hijo de Eduardo Zaplana. La sola presencia del secretario del partido, Antonio Clemente, ha servido, si cabe, para evidenciar aun más esa carencia.

Mientras fragua, pues, el nuevo poder autonómico del actual presidente, ¿quiénes ahorman hoy día el PP de la Comunidad?

De las tres personas metidas en harina, una lo hace con mando a distancia, por petición expresa de Rajoy, el cual ha delegado en él la vigilancia del proceso valenciano: Esteban González Pons. Así se explica que haya sido el único dirigente nacional en dejarse caer por Valencia cuando la investidura de Alberto Fabra.

Las otras dos personas coinciden, al igual que González Pons, en haber sido buenos amigos y fieles colaboradores de Camps hasta que éste arrogantemente los defraudó y les dio de lado cuando más los necesitaba: Alfonso Rus y Rafael Blasco.

Estos dos últimos, además de su buena sintonía entre ellos, son los que están tejiendo una sólida red de apoyo al presidente.

El de Xátiva, que es el barón de más peso, con mucho, en el partido, ha puesto toda su estructura provincial al servicio de Alberto Fabra. Y éste no solo se lo agradece, sino que ha seguido su consejo de prescindir de la guardia de corps del anterior inquilino del Palau: Nuria Romeral, Pablo Landecho y Henar Molinero.

Rafael Blasco, por su parte, ha sabido motivar a los diputados autonómicos, quienes, como rebaño sin pastor, han dado repetidas muestras de desconcierto y de orfandad política. Su último invento: que los parlamentarios del PP den la cara una vez por semana ante los electores de su comarca y lograr así una mayor implicación de unos y de otros en el proyecto del partido.

Con ese tridente a su servicio, Fabra puede revertir la reciente desgana de unos militantes desnortados ante el errático rumbo de Camps y afianzar así su poder personal y el del PP en la Comunidad.

Los últimos acontecimientos, además, han convencido a la dirección nacional del partido de que Rita Barberá ha acotado para siempre su papel al ámbito municipal de Valencia, excluidas otras veleidades, y de que Juan Cotino, el último de los pesos pesados de la formación popular, ha influido negativamente en Camps, siendo responsable de algunos de sus mayores errores políticos.

Ésa es, a fecha de hoy, la radiografía del PPCV. Claro que, en política, las certezas de hoy alimentan los impredecibles cambios de mañana: que se lo pregunten si no a un Francisco Camps que hace solo dos meses se las prometía muy felices y para largo rato al frente del Consell.

El doctor Fabra y mister Hyde

Las órdenes de Madrid han sido claras: “Nada de cambios, ni de ruido ni de disensiones en Valencia. A ver si deja de hablarse ya de la Comunidad Valenciana. Al menos, hasta que Mariano Rajoy llegue a La Moncloa”.

Así se explica que nadie de la cúpula nacional del Partido Popular —ni De Cospedal, ni González Pons, ni siquiera Ana Mato— asistiera por discreción a la toma de posesión de Alberto Fabra y también el énfasis de éste en calificar a su predecesor, Paco Camps, como “valiente, honesto y honrado”.

"Todo eso es muy lógico —me comenta un dirigente regional del PP—, pero el nuevo presidente debe hacer cambios visibles en seguida para que su mensaje de que 'debemos pasar página y recuperar la normalidad en las instituciones' sea creíble”. Para mi interlocutor, cuando Camps accedió a la presidencia sólo disponía del aval personal de Eduardo Zaplana y, aun así, de inmediato comenzó a desmontar la estructura heredada de su antecesor. “A Fabra, en cambio, le apoya la toda la dirección nacional del partido y si no hace la poda quedará preso de la compleja maraña urdida por Camps”.

En esta contradicción interna parece debatirse el presidente de la Generalitat, llegado al Cap i Casal ligero de equipaje. Tanto es así, que lo primero que ha hecho es ratificar al Consell anterior, al portavoz parlamentario y, a falta de evidencia en contrario, al equipo de fontaneros del Palau. Para remate, ha nombrado al secretario del PP, Antonio Clemente, jefe de campaña electoral.

Quien habría tomado estas decisiones no sería el doctor Fabra, por usar el símil literario de Robert Stevenson, sino ese otro mister Hyde que todos llevamos dentro. Aquél es un hombre de diálogo que en su primera rueda de prensa prometió mostrar todas las facturas del Consell y oír a los familiares de las víctimas del Metro. El otro, en cambio, en su comparecencia institucional rebajó las promesas a “ofrecer transparencia” informativa y a “mostrar el cariño” a los afectados por la tragedia.

¿Quién de los dos es el auténtico Alberto Fabra?

Probablemente, ambos, para tranquilidad, entre otros, de un Gerardo Camps lívido ante la posibilidad de que los papeles del Consell circulasen por ahí y que ha quedado relajado al ver que el presidente echaba agua al vino de la transparencia.

“Pues si no hace cambios va dado”, comenta otro de los dirigentes del PP, crítico con la opacidad informativa de Francisco Camps. Lo tendrá mal no solo porque la oposición le va a exigir ahora todos y cada uno de los contratos —ya lo ha advertido el secretario del Bloc, Enric Morera—, sino porque “la herencia de Camps está envenenada” y “la situación económica de la Comunidad es pésima”, según uno de quienes mejor conocen las cuentas de la Generalitat.

El último acto de este drama shakesperiano es la intervención del Estado en una CAM saqueada por sus propios directivos, con Modesto Crespo a la cabeza.

Sus números no van a poderse ocultar, como se ha hecho con los contratos de Orange Market, los sobrecostes de Calatrava o la visita del Papa, ya que las cuentas las tiene Banco de España, son objeto de una auditoría externa y acabarán en manos de la Justicia.

Por todo esto, Fabra debe dejar ya la ambigüedad e imbuido de su papel de Doctor Jekyll, ser el primero en exigir responsabilidades por los desguisados de la anterior administración.

Si no lo hace, acabarán por imputárselos a él en tanto que su abnegado silencio tampoco logrará contribuir al éxito electoral de Rajoy, que es de lo que se trata.

El precio de la prepotencia

Hasta ayer, como quien dice, a Paco Camps todo le había salido bien.
Consiguió, de rebote, la presidencia de la Generalitat valenciana cuando Eduardo Zaplana decidió que fuese él, y no otro, quien le sucediera en esa encomienda. Luego ha ido criticando la gestión de su predecesor y liquidando uno a uno a todos los zaplanistas, concluyendo con la defenestración de Joaquín Ripoll en la Diputación de Alicante.
En la crisis de liderazgo del PP fue el primero en apostar por Mariano Rajoy y su clarividencia le ha dado réditos políticos hasta hoy mismo, con el mutismo del líder nacional de su partido ante el juicio por el caso Gürtel.
En Valencia, en vez de encontrarse con una oposición articulada y potente, se ha beneficiado del cainismo suicida del PSOE, con la forzada dimisión de Ignasi Pla, el hostigamiento a Toni Asunción y los continuos y sucesivos ajustes de cuentas internos. Su rival del momento, Jorge Alarte, exhibe tal ingenua bisoñez que permite que Camps le toree sin piedad en sus comparecencias parlamentarias.
Pero ya se le ha acabado la buena suerte.
Tan convencido estaba el presidente valenciano de su omnipotencia, que no dio más trascendencia al asunto de “dos trajes”, sin prever que su insana relación con el adulador Álvaro Pérez, el Bigotes, podría acabar con su carrera política, pese a sus abrumadores triunfos electorales.
Ahora ya es demasiado tarde para enmendar el yerro. En su momento, podría haber dicho: “Creo que he pagado todos mis trajes, pero por si acaso quedase algo pendiente aquí entrego un talón para liquidarlo y que me perdonen por mi despiste”. Y a otra cosa, mariposa.
Ahora ya no. Ahora, la disyuntiva es pagar la multa impuesta por el juez José Flors o sentarse en el banquillo de los acusados. Lo primero sería reconocer que delinquió y mintió, aunque se ahorrase el bochorno del juicio. Lo segundo, pasar por un calvario judicial de continuas vejaciones y final incierto.
Camps, el prepotente, preferiría la segunda alternativa, convencido como está de que todo esto es un disparate y de que resultará absuelto. Me temo, sin embargo, que su partido no pueda permitirse semejante escenario, dado el altísimo precio político que conlleva.
En cualquier caso, Francisco Camps, abandonado por la suerte que siempre le acompañó, parece estar llegando al final de su camino.

Lo que no ha hecho Camps

Ignoro si Francisco Camps aceptó trajes gratis “a sabiendas”, según el relato de José Flors, juez instructor del caso Gürtel.

Sí sé, en cambio, un montón de cosas que no ha hecho el presidente valenciano en los dos años largos que dura ya este asunto procesal.

No ha gobernado su Comunidad con dedicación plena, al consumir la defensa judicial parte de su energía.

No ha logrado aminorar la brutal tasa de paro de un 23%, superior a la media española.

No ha mejorado el nivel educativo de nuestros jóvenes, el peor de España, exceptuando Ceuta y Melilla, según el Ministerio de Educación y el informe internacional PISA.

No ha sido nada diáfano en su gestión, tal como afirma la ONG Transparencia Internacional y ratifican seis sentencias del Tribunal Constitucional.

No ha conseguido reducir la deuda pública de la Comunidad, la más alta de España por habitante.

Habría bastantes más debes en esta lista de incumplimientos, pero añado solamente uno: el retraso en el pago a los proveedores de la Generalitat. Si María Dolores de Cospedal pone el grito en el cielo, con razón, porque su predecesor en Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha demorado hasta año y medio algunos pagos, ¿por qué no critica la misma práctica en su compañero de partido valenciano?

Y es que la ventaja del presidente Camps es que él se ha sucedido a sí mismo al frente del Consell tras las últimas elecciones y solo él sabe exactamente los excesos de déficit y otros enjuagues contables que se esconden bajo las alfombras del Palau.

Estas cosas, aunque no se hagan públicas, claro, incomodan a muchos dirigentes nacionales del PP que estaban encantados de la regeneración política realizada en Baleares por José Ramón Bauzá, tras el saqueo perpetrado por Jaume Matas. “Ahora, todo este asunto de Camps vuelve a ponernos en entredicho”, comenta apesadumbrado uno de ellos.

Lo peor, para esa misma fuente, es el argumento de que si se ha ganado en las urnas se queda exculpado de cualquier delito. “¿Valdría ese silogismo también para un asesinato?”, se pregunta. Al fin y al cabo, si las urnas son las que tienen la última palabra, nos sobrarían los tribunales de justicia.

Por eso mismo, son muchos en su partido quienes creen que Camps tendría que haber cortado de raíz el escándalo, evitando así que Mariano Rajoy llegue a las generales cargando con el fardo de Gürtel, lo mismo que Rubalcaba lo hará con el del Faisán.

Según ellos, Camps tendría que haber dicho al comienzo del caso: “Creo que he pagado todos mis trajes, pero por si acaso quedase algo pendiente aquí entrego un talón para liquidarlo y que me perdonen por mi despiste”. Así de sencillo.

Pero el presidente no lo hizo, como tampoco abordó los otros debes enumerados en este artículo.

Cabe pensar, pues, que si las cosas no van peor se debe, entre otras razones, a los logros de la época de vacas gordas, a la inercia del impulso dado en su día por Eduardo Zaplana y, sobre todo, a la enorme vitalidad de la sociedad valenciana.

Y es que, por fortuna, son más valiosos los ciudadanos que sus gobernantes. Ya ven, Bélgica lleva un año sin Gobierno y las cosas no le van peor que antes. También lo decía Indro Montanelli de Italia: “Cuando mejor funciona el país es entre un Gobierno y otro”.

En la Comunidad Valenciana no va ni mejor ni peor: simplemente, mientras dure el caso Gürtel el desgobierno está garantizado.

Hiperpolitización

Mariano Rajoy acaba de ordenar a las Comunidades Autónomas del PP que recorten gastos y se aprieten el cinturón. ¿Es eso creíble?

Dada la manifiesta inutilidad de muchos entes y empresas públicas, su desaparición resultaría posible y hasta deseable, pero la función de dichos organismos nunca ha consistido en mejorar la gestión administrativa, sino en colocar a paniaguados del partido de turno, por un lado, y en disimular los elevados déficits de las consellerías respectivas, por otro. Por eso, los nuevos presidentes autonómicos lo tienen crudo.

¿O es que alguien se imagina que José Ramón Bauzá va a eliminar los enchufados por Francesc Antich en Baleares? ¿O que De Cospedal va a hacer lo propio con los de Barreda en Castilla-La Mancha? Simplemente, dejarán en un pasillo a aquéllos que hayan consolidado derechos y colocarán en su puesto a otros de su confianza política. Tal cual.

Incluso en Comunidades donde no se ha producido cambio de partido, como la nuestra, el número de funcionarios ha aumentado en 65.000 durante la última década. Pero es que un cambio en la cúspide del poder político, con la sustitución de Eduardo Zaplana por Francisco Camps, también ha provocado que los afines al segundo se superpongan a los del primero, incrementando así el gasto público.

Vivimos, pues, en un país donde la función pública se ha politizado hasta en los ujieres de los Juzgados. Eso no sólo sucede en los altos órganos del Estado —donde resulta evidente en las votaciones del Supremo, el TC, el Tribunal de Cuentas, etc., según cuál sea el color político de sus miembros—, sino hasta en los trabajadores de Canal Nou. Así se explica una plantilla de 1.100 empleados para una tarea que podrían realizar perfectamente 400.

En esto, todos los partidos son culpables. En España, desde la Restauración pactada por Cánovas y Sagasta en 1876, a cada cambio de Gobierno se muda de arriba abajo toda la Administración. En Gran Bretaña, en cambio, los civil servats permanecen hasta nivel de subsecretario sea cual fuere el Gobierno de turno. En Francia, los enarcas mantienen el aparato del Estado, y en Estados Unidos Barack Obama hasta heredó a Robert Gates, ministro de su enconado rival George Bush.

Aquí tal cosa resultaría imposible. Aquí sucede todo lo contrario: se crean instituciones solo para colocar a políticos cesantes, como la de nuestro Consell Jurídic Consultiu, el cual aspira a ser presidido, según confesión propia, por el socialista Joan Ignasi Pla.

Con tales precedentes, ¿quién es el guapo que en la Comunidad elimina los varios cientos de asesores prescindibles en consellerías, diputaciones y municipios? Más fácil será reducir los 782 vehículos oficiales existentes o controlar los más de 11.000 teléfonos móviles de la Administración. Pero, ¿las delegaciones del Consell, las oficinas del IVEX, los enchufados en el centenar y pico de empresas y fundaciones públicas…? Muy difícil.

A fecha de hoy, los diputados y senadores valencianos aún viajan todas las semanas en primera clase a Madrid, mientras que el británico David Cameron, en cambio, viene como turista en líneas low cost. Y si no fuese por UPyD, el partido de Rosa Díez, ni siquiera se habría cuestionado semejante dispendio.

Volveremos a hablar, por consiguiente, de cómo reducir el gigantesco déficit de nuestra Comunidad, la cual ya ha gastado durante el último trimestre la mitad de lo que le corresponde a todo este año. Pero mientras no se reforme la ley que regula la hiperpolitizada función pública, dicha pretensión parece más una quimera que una plausible realidad.

Ripoll, Ana Botella e Ignasi Pla

José Joaquín Ripoll

A José Joaquín Ripoll le llaman Pitu tanto los amigos como los enemigos y los mediopensionistas. La pregunta del millón es: ¿cuál de las tres categorías tiene más miembros?

Con la defección de Gema Amor en Benidorm, el número de sus partidarios ha decrecido. El de quienes no le quieren, en cambio, permanece invariable, con el presidente Camps a la cabeza, por mucho que sus respectivos procesos judiciales hayan amortiguado las diferencias entre ambos.

Todo proviene de la inquebrantable fidelidad de Ripoll a dos conceptos básicos: Alicante y Eduardo Zaplana, aunque no necesariamente en este orden. Y ya se sabe que en este mundo de lealtades efímeras, oportunismos varios y cambios de chaqueta interesados, la fidelidad es una virtud en franca decadencia.

Antes de cruzarse el caso Brugal en su camino, Pitu mantenía una importante cuota de poder territorial. Ahora, en cambio, hasta la alcaldesa alicantina, Sonia Castedo, se atreve a desairarle, con la amenaza implícita de que podría perder la presidencia de la Diputación, no a manos de los electores, sino de sus propios compañeros de partido.

Y es que, si se compara el parapenting con la política, obviamente resulta mucho menos arriesgado el primero que la segunda.

Ana Botella

Le incomoda, claro, que se aluda a su homonimia con la esposa de José María Aznar, no tanto por la indeseable confusión sino porque ella es socialista y el ex presidente, en cambio, encarna el mal absoluto. También le molestan, dicen, los comentarios elogiosos sobre su palmito: eso es machismo ramplón y casposo y ella, cuidado, tiene mando en plaza sobre los cuerpos de seguridad del Estado. Así que mucho ojo.

Pese a eso, sus maneras son suaves y educadas, prefiriendo una prudente discreción a la estridencia y el protagonismo de su predecesor, Ricardo Peralta, un delegado del Gobierno que pretendía hacer sombra hasta al mismísimo presidente Camps y a quien en realidad anulaba era a su jefe de filas, Jorge Alarte: de ahí la malquerencia que le profesaba este último.

Ana Botella, por el contrario, sólo pretende servir de correa de transmisión al Gobierno de Zapatero, lo que en Valencia resulta tan impopular como tratar de vender Biblias en La Meca. Pero ahí la tienen: siempre con un gesto amable y sin perder la compostura.

Claro que, de creer a las encuestas, sólo le queda un telediario en el cargo, ante la presumible debacle socialista en las elecciones de 2012. Pero seguro que, pese a todo, ella mantendrá hasta el último segundo su inmarcesible y tímida sonrisa.

Joan Ignasi Pla

A toro pasado, muchos se lamentan —él incluido— de que hubiera dimitido de su cargo hace cuatro años, al descubrirse que no había pagado unos modestos arreglos en su piso.

En un mundo en el que sólo dimite el rijoso Strauss-Kahn tras la acusación de un delito mayúsculo, Pla fue más escrupuloso que una monja de clausura y dejó las riendas del PSPV-PSOE al que quisiera tomarlas. Ahora, vistos los resultados electorales de Jorge Alarte este 22-M, “con Joan Ignasi vivíamos mejor”, se dicen con pesar muchos militantes socialistas.

El anterior secretario general del partido cayó en una celada tendida por sus propios compañeros, como siempre sucede en estos asuntos de las conspiraciones. A partir de entonces, acudió silencioso a todas las sesiones de Las Corts como esos parias de la India se enfrentan a los trabajos más penosos de la sociedad. Sin una queja, sin un mal gesto y sin un atisbo de venganza.

Ahora, excluido del parlamento autonómico por esos mismos ajustes de cuentas internos, está en espera de destino, como se decía antaño de aquellos funcionarios de los que no se sabía qué hacer con ellos. Y es que la política da muchas satisfacciones a sus protagonistas, pero cuando vienen mal dadas dedicarse a ello es peor que trabajar en la central nuclear de Fukushima.

Juan Cotino, Calabuig y Gema Amor

Juan Cotino

Una de las pocas veces en que no ha tenido cargo público, Juan Cotino estuvo a punto de meterse en un vehículo oficial que creyó había acudido a recibirle. Se disculpó enseguida: “Es que me olvido de que ahora no estoy en ningún puesto institucional”.

Es verdad. Por fas o por nefas, en Madrid o en la Comunidad, Juan Cotino lleva más de veinte años sin bajarse del coche oficial. A él, en cambio, le gusta presumir de agricultor; con posibles, sí, pero agricultor al fin y al cabo.

A escala valenciana, muchos le comparan con Jaime Mayor Oreja, debido a su confesionalidad. Lo cierto es que él nunca ha ocultado su doble militancia, política y religiosa. Ello le sitúa, inevitablemente, en el sector más conservador del PP, corriente que lidera y que ejerce una notable influencia, se murmura, en muchas de las decisiones de Paco Camps. Las mismas lenguas añaden que, con Rita Barberá, es uno de los mayores confortadores del presidente en los amargos momentos de su andadura procesal.

Por eso, sin su presencia la actitud ideológica del Partido Popular sería diferente. En cualquier caso, Cotino está en la política como sacrificado acto de servicio, ya que él es rico de por casa, que decían los antiguos, y no precisa de ningún partido, como muchos otros, para salir de pobre.


Joan Calabuig

Es el típico apparatchick, el profesional del partido que decían los viejos bolcheviques de antaño, dicho sea con todos los respetos. Desde que entró en las juventudes socialistas a los 16 años siempre ha ido de un puesto orgánico a otro llevando en la boca el carnet del PSOE.

Aun así, tuvo que ganarle unas primarias al extrovertido Manuel Mata para lograr ser el candidato socialista a la alcaldía de Valencia. Con eso se comprueba que su partido, como todos, al final apuesta por gente convencional y previsible antes que por otra más divertida e impredecible y que, para mayor peligro interno, sea capaz de ganarse la vida por sí misma, al margen de la política.

Quienes le conocen, dicen de nuestro hombre que es tenaz y meticuloso, y que no se corta un pelo en criticar a un periodista si considera impreciso o tendencioso aquello que publica sobre sus compañeros.

Con tan escuetas credenciales y con un partido que lo acepta pero al que definitivamente no entusiasma, seguro que Calabuig sabrá hacer una oposición concienzuda y sistemática en la alcaldía. Pero lo de aspirar solo a convertirse en perdedor, por digno que sea, no supone más que una ambición funcionarial y modesta aunque aporte, eso sí, estabilidad laboral en tiempos de incertidumbre y recortes de empleo.


Gema Amor

Si Rodríguez Zapatero es el pato cojo del PSOE, ella ha sido durante mucho tiempo el patito feo del PP: no por ninguna imperfección física, que no la tiene, sino porque los más próximos a Francisco Camps no pueden verla ni en pintura.

Es lógico. En un partido de afinidades absolutas y de lealtad ciega al líder, ella se permitió incluso no aplaudirle durante algunas intervenciones en Les Corts. Eso es lo mismo que no reír los chistes del jefe en la oficina: terrible. Claro que para ella su verdadero jefe ha sido siempre Eduardo Zaplana y al otro lo ha considerado un simple advenedizo.

No puede quejarse, en consecuencia, de que el PP no la haya presentado como candidata a la alcaldía de Benidorm, como sí querían en cambio los militantes de la localidad. Si la intentó repescar a última hora como número dos de la lista electoral, no fue por compasión, sino por miedo a que ella se largara y montase un chiringuito por su cuenta, como al final ha sucedido en ese municipio con tantos tránsfugas políticos, casi, como turistas ingleses.

Así, entre el PP y ella se lo han puesto a huevo al socialista camuflado Agustín Navarro. Y es que lo de Benidorm es un caso de manual de ese axioma que dice que las elecciones no las gana nadie, sino que es el contrario el que las pierde.

Castellón, la cenicienta

La gente del entorno de José Joaquín Ripoll se suele quejar episódicamente de la marginación que padece la provincia de Alicante por parte del Consell. Pero no parece, a tenor de las cifras de inversión, que eso sea verdad.

Veamos: en Terra Mítica, el fastuoso y fallido proyecto de Eduardo Zaplana, se llevan gastados más de 200 millones de euros irrecuperables. Por otra parte, la Ciudad de la Luz, a la que su última directora, Elsa Martínez, intenta infructuosamente poner remedio, es otro pozo sin fondo: cada película que se rueda en sus estudios le cuesta un riñón a nuestras arcas públicas; y menos mal que allí se filman pocas, ya que las productoras prefieren las ventajas de localización y de precio que ofrece la plaza marroquí de Marrakech.

La verdadera cenicienta de las inversiones públicas de la Comunidad es Castellón. Y no se debe a que los procesos judiciales en que se halla incurso Carlos Fabra hayan atemperado su habitual beligerancia para reclamarlas, sino porque la crisis económica a la que ha afectado con más intensidad es a esta provincia. Mi colega Jesús Montesinos, conocedor y sufridor de los avatares castellonenses, me recordaba el otro día la superposición de la crisis industrial (cerámica), agrícola (cítricos) y terciaria (turismo). Un desastre, en suma.

No hace mucho, aún se pensaba en el megalómano proyecto de ocio Mundo Ilusión, pero, antes de que aumentase el posible cementerio de ladrillo sin ocupantes, el Consell de Francisco Camps tomó la oportuna medida de pararlo. Todavía pervive, sin embargo, el plan de una remota de Ciudad de las Lenguas, de aquí a cinco años, al frente de la cual se puso hace otros cinco al ex alcalde José Luis Gimeno. Ya se ve cuán lejos se fían las cosas en esta Comunidad. Pero, además, ¿para qué ese proyecto cuando Salamanca o Granada están mejor preparadas que nosotros para enseñar la lengua castellana?

De lo que se trata muchas veces es de enterrar montones de dinero en actividades de incierta rentabilidad. Eso también es aplicable al aeropuerto que se pretende inaugurar en La Plana antes de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo.

¿Es lógico un dispendio de más de 200 millones cuando 39 de los 48 aeropuertos españoles han tenido déficit en el último ejercicio? Entre ellos, recordemos, está el de Manises, con unas pérdidas operativas de 1,21 millones. Eso, sin contar con huelgas de controladores, pilotos, personal de tierra… y la cancelación de vuelos por las cenizas del volcán holandés. Sólo esto último supuso 248.000 euros más.

Me temo que al aeropuerto de Castellón le pase como al fantasmagórico de Ciudad Real, con capacidad para 2,5 millones de pasajeros pero sólo tres vuelos semanales de Ryanair y, además, subvencionados. En nuestro caso, como recordaba la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez Piñero, la empresa explotadora percibirá 6 euros por cada pasajero de menos de los 600.000 anuales, con lo que la broma nos puede salir por un pico.

Deben existir, pues, formas menos espectaculares pero sí más útiles de usar el dinero de todos los valencianos. Y mientras el Consell no dé con ellas, Castellón, lamentablemente, seguirá siendo la cenicienta de un cuento que, de momento, no tiene final feliz.

Bienvenida sea la sociedad civil

Hasta ahora, las entidades sociales y económicas de la Comunidad habían dejado la conducción de la cosa pública en manos de los políticos mientras ellas se dedicaban a sus quehaceres: en el caso de los empresarios, a ganar dinero, que para eso han sido unos años de bonanza en los que dichas entidades hacían el rendibú sucesivamente a Eduardo Zaplana y a Francisco Camps sin un solo atisbo de crítica.

Ahora que las cosas vienen mal dadas, se han despertado de su apacible letargo y elevan su voz para opinar, criticar y orientar sobre lo que tiene que hacer la Administración Pública. Bienvenida sea, pues, esa sociedad civil sin cuya participación no existe una democracia avanzada.

Y lo que dicen ahora esas entidades es dramático. Lo hizo el pasado lunes el presidente del AVE, Francisco Pons, en un repaso inmisericorde a las carencias de la Generalitat, exigiendo recortar costes, parar su creciente endeudamiento, privatizar entes públicos deficitarios y hasta profesionalizar los cargos del Consell.

Al día siguiente le tocó el turno a Leopoldo Pons, presidente de los economistas valencianos, quien presentó los resultados de una encuesta en la que sus colegiados suspenden a la economía valenciana con un 3,32 sobre 10 y efectúan unas previsiones “no muy alentadoras”, para decirlo finamente.

En eso apenas difieren del barómetro de la Fundación Ortega-Marañón, en el que los empresarios españoles puntúan con un 2,8 la situación económica del país mientras que el 79 por ciento de ellos afirma que su empresa ha sufrido “mucho o bastante” la crisis económica.

La imagen que se ofrece no puede ser más desalentadora. Pero volvamos a la Comunidad, donde el presidente de la Cámara de Comercio de Castellón, Salvador Martí, acaba de afirmar que "no siempre se ha hecho una gestión responsable de las arcas públicas porque no se pensó que llegarían las vacas". Más claro, agua.

¿Cómo ha respondido a todas estas consideraciones el poder político? Francisco Camps, inveterado optimista, ha reconocido por primera vez la existencia de algunas deficiencias en su gestión, pero no ha cogido realmente el toro por los cuernos, por usar la metáfora que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, aplicó a las reformas de Rodríguez Zapatero.

Camps admitió que hay que “cambiar aquellas dinámicas de otros tiempos y apostar ahora por un modelo más acorde” con la situación actual. Lamentablemente, se escudó en seguida en que “la Administración valenciana es la más barata” de todas, a pesar de ser “la peor financiada” por el Estado.

Si todas las comparaciones resultan odiosas, según el dicho popular, tampoco resuelven por sí mismas los problemas de retraso en el pago a proveedores, disminución de prestaciones sociales, encarecimiento de la deuda pública y mayor devengo de intereses, etcétera, etcétera. Pensemos, por ejemplo, que el Consell gasta más en hacer frente a su deuda que en bienestar social, según le ha recriminado el diputado socialista Antonio Torres.

Los problemas pendientes siguen pues ahí: frondoso parque de coches públicos mientras que en Gran Bretaña hay ministros que viajan en metro, familiares y amigos recolocados como asesores inútiles y prescindibles, ruinosas empresas públicas usadas para desviar el déficit presupuestario…

Todo esto no es patrimonio exclusivo de nuestra Comunidad, por supuesto. Pero hay que corregirlo. Para ayudar a poner las cosas en su sitio habrá que contar con la aparentemente renacida sociedad civil. Bienvenida sea, pues, y a dar el callo.

Ferrari y otras fantasías

A lo mejor tiene razón la periodista especializada Izaskun García Azcárraga y un parque temático de Ferrari en Valencia podría resultar rentable. En una época en que muchas empresas pasan apuros o se ven obligadas a echar el cierre, tal hipótesis sería como una bendición.

Quizá por ello la patronal, o sea, Rafael Ferrando, le prestó en seguida su apoyo. Eso, claro, siempre y cuando lleguen inversores extranjeros, como apostilló en Las Corts Gerardo Camps. Porque aquí, ya se sabe, no queda un duro y si alguien lo tiene no es para semejantes fantasías.

El personal, por otra parte, ya está escarmentado de ver muchas promesas incumplidas. ¿Se acuerdan de cuando Joan Lerma iba a traernos Eurodisney y Euronews? Acabaron por irse a otra parte. ¿Y cuando Eduardo Zaplana auguró desde Seattle que la Boeing iba a instalarse entre nosotros? Nada de nada.

El último compromiso roto es el del parque castellonense de Mundo Ilusión, para monumental cabreo de un Carlos Fabra que ha vuelto a montarla por lo exiguo de los presupuestos para 2011. El fiasco de Mundo Ilusión se ha producido a pesar de que en los últimos años ya fueron unos cuantos millones los enterrados en un proyecto sin retorno.

Pero hablábamos de Ferrari. El parque previsto no es un simple museo como el de BMW en Munich, que es lo que corresponde, ya que se trata de una empresa alemana. No. Aquí, el equivalente sería un modesto museo de la Ford, por lo de la planta de Almussafes, ya que la única vinculación española con Ferrari la aportan Fernando Alonso y Emilio Botín, y eso mientras dure su relación con la marca italiana.

Además, se trata de un proyecto elefantiásico, como el realizado en Abu Dhabi, que ha costado el doble de lo invertido en Terra Mítica. Claro que a los Emiratos Árabes les sobra la pasta obtenida del petróleo. Ahí tenemos, si no, a su vecino Dubai, que ha inaugurado el rascacielos más alto del mundo con 192 plantas y acaba de crear los fastuosos cayos artificiales de Isla Palmera y World Island. ¿Acaso podemos compararnos con ellos?

Aquí llevamos enterrado demasiado dinero público como para no ser prudentes. Unas veces se ha hecho directamente, como en la siempre deficitaria Terra Mítica, y otras indirectamente, como en el fantasmagórico estadio del Nuevo Mestalla, herencia megalómana de Juan Soler.

Supongo que esa misma contención, obligada por las circunstancias, es la que le ha llevado esta vez a Rita Barberá —compañera de viaje, como siempre, de Francisco Camps— a rebajar las expectativas del proyecto. Recién escaldada por la marcha de la America´s Cup a San Francisco y con el balance de una sombría e inhóspita dársena degradándose día a día, no le ha parecido oportuno echar las campanas al vuelo.

Seguramente, a ella le pasa lo mismo que a los articulistas, en particular, y a los ciudadanos, en general. Lo digo porque el común denominador de la tinta y de las palabras gastadas estos días sobre el parque de Ferrari es el de la desconfianza. Tras tantas promesas vulneradas y tantas primeras piedras sin continuidad, los electores estamos profundamente decepcionados de unos políticos —todos— que no cumplen ni la mitad de lo que presumen.

Hacia una nueva economía

Entiendo la preocupación de mi admirado Manuel Palma, presidente del sector de la automoción, por la estrepitosa caída de un 50% en la matriculación de vehículos en octubre. Pero a mí esa situación no me conturba demasiado porque creo que la industria del automóvil representa la vituperada vieja economía que el propio Rodríguez Zapatero prevé sustituir por otra más sostenible y eficiente, aunque el hombre, por desgracia, no sepa explicarnos en qué consistirá.

En cualquier caso, los coches son contaminantes, consumen un combustible escaso y de importación —el petróleo— en vez de energías renovables, fomentan el individualismo frente a un transporte público más solidario, suponen una sangría constante y costosa de vidas humanas y obligan a inversiones viarias siempre insuficientes. De ahí, entre otras cosas, deduzco que proviene el clamoroso éxito del servicio de bicis montado en Valencia por Rita Barberá.

Éste es sólo un ejemplo, menor si se quiere, de que las cosas tienen que cambiar muy mucho. Hace quince años, con Eduardo Zaplana —pero también antes, en cierto modo, con Joan Lerma—, se pensó que la valenciana iba a ser una sociedad de servicios, con un elefantiásico sector de la construcción y grandes eventos a gogó.

El invento no fue mal del todo mientras no se desinfló, pero la crisis económica vino a ratificar que el futuro va por otro camino. Es el que han seguido los países BRIC —Brasil, Rusia, India y China—, con un crecimiento del PIB al 10% anual. Su común denominador: la innovación industrial y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

En España, en general, y en la Comunidad Valenciana, en particular, los políticos han menospreciado la inversión a largo plazo en I+D+i frente a otras preocupaciones electorales más perentorias. Sólo Euskadi se ha dedicado a invertir en tecnología e innovación, sacando así varios cuerpos de ventaja en eficiencia y competitividad al resto de España. Curiosamente, ése es un mérito oculto del Gobierno de Juan José Ibarretxe, quien en público se dedicaba mientras tanto a perorar sobre su famoso plan soberanista. Resultado: que el País Vasco a fecha de hoy tiene sólo un 10% de paro frente al 23,4% de nuestra Comunidad.

Ahora —y más vale tarde que nunca— nuestros agentes sociales han llegado a un acuerdo en impulsar la alicaída industria valenciana —que ha perdido nueve puntos del PIB regional en sólo una década—, primando a la investigación, a los nuevos sectores y al trabajo más eficiente. Para solemnizar ese nuevo rumbo, Rafael Ferrando, de Cierval, y los sindicalistas Conrado Hernández y Francisco Molina rubricaron junto al vicepresidente Vicente Rambla la Estrategia de Política Industrial a la que la Generalitat destinará 1.100 millones hasta 2015 bajo la atenta vigilancia del presidente Francisco Camps.

Poco tiene que ver la tradicional rutina de nuestro envejecido tejido empresarial con los nuevos proyectos en telemedicina, nanotecnologías, biomateriales, domótica, personalización de productos… Ése es el camino que nos han señalado los países emergentes y a ellos no les ha ido nada mal. Si los dineros que ponga la Administración fomentan a su vez la inversión empresarial, la investigación y las exportaciones se habrán cumplido con creces sus objetivos.

Pero —y siempre hay un pero— el riesgo radica en que los presupuestos públicos se queden sin fondos para dotar a un plan tan urgente como tardío o en que, como teme Paco Molina, el ICO y las demás entidades de crédito continúen sin financiar debidamente a las pequeñas empresas. De ser así, tan buenas intenciones podrían quedar, una vez más, en agua de borrajas.

¿Para qué sirve Canal Nou?

Un amigo, con malévola mordacidad, me dice que “Francisco Camps debería estar en la plantilla de Canal Nou, pues aparece en pantalla más que cualquier presentador de la tele autonómica”.

Ignoro si eso es cierto, pues no dispongo de ningún minutaje que lo corrobore. Menos aún puedo establecer comparación alguna con TV-3, Euskal Telebista o TVG, pero supongo que tanto Montilla como Patxi López o Núñez Feijóo también disfrutan de un buen rato de exposición mediática. Y eso, claro, con el dinero de los contribuyentes, porque todas las televisiones públicas de este país son generosamente deficitarias.

La única autonomía importante que no tiene un canal público en sentido estricto es Castilla y León. Allí, su presidente acordó con los dos mayores empresarios regionales de la comunicación, Méndez Pozo y José Luis Ulíbarri —ninguno de ellos unos angelitos, a tenor de sus respectivas biografías— que uniesen sus emisoras privadas en un único canal autonómico, con un contrato programa con la Junta. La televisión resultante no deja, por eso, de resultar oficiosa, pero al menos les sale más barata a los ciudadanos y ofrece una mayor imparcialidad frente al poder político.

La verdad es que no se entiende la proliferación de canales públicos en este país, como no sea para la exaltación del partido gobernante de turno. La ley que los implantó en 1983 exigía de ellos “respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico” de cada Comunidad, todo lo cual se viene conculcando de forma sistemática. Si, además, las televisiones autonómicas nacieron para proteger las lenguas vernáculas, ¿a qué viene que existan también en Canarias, Extremadura o Murcia? Y, en el caso de Canal Nou, ¿cómo se compadece la defensa del valenciano con debates políticos realizados por periodistas venidos ex profeso desde Madrid a gastos pagados?

Lo cierto es que no sólo nuestra TV autonómica, sino todas, cuestan al erario un pastón anual superior a la congelación de las pensiones, por ejemplo. ¿Pero a alguien se le ocurre su posible privatización? Ni de coña. Los recurrentes amagos en ese sentido de Esperanza Aguirre o Ruiz-Gallardón no son más que cortinas de humo. Lo mismo sucedió en su día cuando Eduardo Zaplana prometió adjudicar a terceros los servicios informativos: todo quedó en agua de borrajas.

He estado recientemente en Frankfurt con otros compañeros de la Fundación Coso, visitando la televisión pública ZDF. Y ya ven: en el país de Europa con el mayor sector público audiovisual, no existe ni por asomo algo tan deficitario como nuestros canales autonómicos; tres horas de desconexión diaria valen para que los ciudadanos de cada länder se sientan informados de sobra sobre lo que pasa en su región. Y eso que Alemania es un Estado federal que muchos de nuestros nacionalistas proponen como panacea.

Aquí, en Canal Nou, no es sólo que el caso Gürtel haya tenido menos tratamiento informativo que algunas jornadas gastronómicas, o que se hayan cortado emisiones en directo por la aparición de pancartas hostiles al Consell. Lo peor es que su deuda alcanza ya los 1.100 millones, que a cada valenciano las televisiones públicas nos cuestan 220 euros al año, que RTVV tarda en pagar a sus proveedores más de 15 meses y que las pérdidas del último ejercicio fueron de 278 millones.

¡Qué lástima, para acabar por hoy, que teniendo tan magníficos profesionales —de lo mejorcito que hay en la Comunidad—, por tantas cuestiones ajenas a ellos estén tan desaprovechados! De eso, y de otras cosas, habrá que seguir hablando más adelante.

O Benidorm o la credibilidad

Entre mantener la alcaldía de Benidorm o preservar una frágil credibilidad política, Jorge Alarte lo tiene muy claro: más vale tener alcaldía en mano, que lo otro Dios proveerá.

Hace 13 meses, cuando su correligionario Agustín Navarro estaba a punto de birlarle el cargo al popular Manuel Pérez Fenoll, Alarte proclamó: “Si alguien en el PSOE vota una moción de censura con un tránsfuga, deja de ser miembro del PSOE”. Dicho y hecho: Navarro y 11 concejales más, incluida Maite Iraola, madre de Leire Pajín, hubieron de darse formalmente de baja del partido, aunque continuaron denominándose Grupo socialista. Más claro, agua.

Lo bueno del caso es que “sin Agustín como cabeza de lista, los socialistas no tienen nada que hacer en Benidorm”, me dicen fuentes bien informadas de La Marina Baixa.

Por eso, en una maniobra que se veía venir de lejos, la ejecutiva local del PSOE ha propuesto a Navarro como candidato a alcalde como independiente, con lo que, a falta de otros aspirantes socialistas, de poco vale que Manuel Chaves intente salvar la cara del partido en Madrid: “No estoy de acuerdo, como presidente del PSOE, con la decisión que han tomado en Benidorm”.

Alarte, en cambio, se traga sus palabras de antaño y muestra hoy día su “respeto y comprensión a la propuesta hecha por la ejecutiva local”.

Ya ven qué poco duran las convicciones.

Sobre todo, ahora, en que la vida municipal de Benidorm está más revuelta que nunca y que el PSOE para ser el partido más votado de la localidad podría no necesitar ya apoyarse en José Bañuls, el tránsfuga del PP que le dio la alcaldía. Bañuls podría crear entonces su propia formación, lo mismo que ha hecho el ex alcalde Manuel Catalán Chana y que tiene ahora más posibilidades que en las anteriores elecciones. Como dice un experto en la política benidormí, “tras años de bipartidismo, esto puede acabar en una sopa de letras como la de Denia y otras”.

En esa eventualidad y en el mayúsculo lío interno que a nivel local vive el Partido Popular se apoya ahora Alarte, quien cree que sus rivales están cociendo su propio escándalo que contribuirá así a paliar las contradicciones del PSOE.

Las claves son muy simples: el PP local quiere como candidata a Gema Amor y, en cambio, el entorno del presidente Camps, con Antonio Clemente a la cabeza, no puede ni verla por su zaplanismo militante: “El alcalde elegido democráticamente y luego desposeído por la moción de censura fue Pérez Fenoll y él debe encabezar nuestra lista”, reitera el secretario general del PP.

“Pues en Valencia se equivocan de medio a medio —opina en cambio un cualificado ciudadano de Benidorm—, ya que sin Gema el Partido Popular no tiene nada que hacer ante Agustín Navarro, quien ha hecho una gestión populista, muy próxima a la gente”. Consciente de ello y de su propia fortaleza, Gema Amor estaría dispuesta a integrar a la gente de Pérez Fenoll en una candidatura en la que el ex alcalde iría de número dos. “Ni de coña”, responden en el otro lado del partido.

Ya ven que el cisco es considerable: de una parte, el PSOE decidido a hipotecar su credibilidad política a cambio de una alcaldía. De otra, el campsismo dispuesto a perder las elecciones antes de que las gane el sector de José Joaquín Ripoll, con quien ya se midió —y perdió— Pérez Fenoll en su pugna por la Diputación de Alicante.

Con este guirigay, no es extraño el comentario de un vecino: “La culpa no es de los tránsfugas, como dicen, sino de tanta marrullería de la que ya estamos hasta el gorro”.