Nada sale gratis

Aunque diga otra cosa Mariano Rajoy, el alivio financiero proporcionado por la UE a España e Italia no nos va a salir gratis.

         Ésa es la única certidumbre en un mundo económico en el que ningún gurú sabe lo que pasa. Prestigiosos Premios Nobel, como Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Finn Kydland o Thomas Sargent no sólo no coinciden en el diagnóstico ni en la terapia de la crisis económica, sino que sus análisis suelen ser contradictorios unos con otros.

         En cualquier caso, bienvenido sea por fin el parche crediticio concedido a los bancos y que no gravará aún más a la deuda pública y al maltrecho déficit del Estado español.

         Lo cierto, sin embargo, es que las instituciones europeas saben ya que España no cumplirá el objetivo del déficit para 2012, fijado en el 3,5%, cuando en los cinco primeros meses del año está ya en el 3,4%. Sólo los desmesurados intereses de la deuda pública y la cuantía de los fondos para paliar el galopante desempleo suponen un agujero imposible de tapar.

         Por eso, a pesar de sus buenas palabras, ni Angela Merkel, ni Mario Draghi ni Herman Van Rompuy creen que Mariano Rajoy sea capaz de controlar las cuentas públicas. Consideran que no ha realizado suficientes ajustes efectivos para conseguirlo y, creen, sobre todo, que muchas Comunidades Autónomas se pasan los planes de austeridad por el forro.

Así que, en lo sucesivo, quiérase o no, nuestros Presupuestos van a ser intervenidos por las autoridades comunitarias.

En anticipación a semejante suceso, sólo una Comunidad Autónoma, Cataluña, ha efectuado unos ajustes económicos de caballo. En todo, claro, menos en la promoción del país i de la llengua. Con ello, Artur Mas pretende mostrar a la UE la sobria autosuficiencia de una nación similar a Dinamarca, capaz desde una próxima y deseada independencia de cumplir con los objetivos europeos mejor que dentro de España.

Al tanto, pues, de lo que está ocurriendo ante nuestras mismísimas narices sin que nos demos cuenta.

¿Y qué pasa mientras tanto en la Comunidad Valenciana? Pues sucede que Alberto Fabra deja pasar el tiempo en espera de que Madrid encuentre bajo las piedras dinero con el que solucionar nuestros problemas. En el ínterin, la reforma de la administración autonómica avanza al tran tran y grandes problemas, como RTVV, se vienen posponiendo desde hace años. Cada mes que pasa, la corporación de Canal Nou nos cuesta a los contribuyentes tres millones, mientras que el ERE previsto no saldrá por menos de otros 30.

¿De dónde se obtendrá ese dinero imprescindible? ¿Cómo se atenderá el pago de las otras facturas pendientes? ¿Y de la deuda ya vencida?

Como nada sale gratis, aunque no se produzca ninguna reforma constitucional al respecto, al igual que las cuentas de España estarán intervenidas por Bruselas, también lo estarán las de nuestra Comunidad.

En esta hora de buscar culpables de nuestros males, otro que va a salir malparado es Francisco Camps. Pese a su absolución judicial, políticamente es un árbol caído del que todo el mundo va a hacer leña ante los sucesos judiciales que vienen, desde el caso Urdangarín hasta la posible financiación irregular del PP. Gentes tan conspicuas como González Pons y Alfonso Grau ya han anticipado que los convenios con el yerno del Rey los decidía el ex presidente de la Generalitat.

Y es que, una vez más, nada, lo que se dice nada, le sale gratis a nadie.            

Auge y declive de Rita Barberá

Ningún político, ni siquiera mi admirada Rita Barberá, consigue mantenerse permanentemente en la cresta de la ola, puesto que el poder desgasta. Y en plena crisis económica, mucho más.

Hace pocos meses, en cambio, la alcaldesa había alcanzado su cénit cuando se le propuso desde la calle Génova —sede nacional del PP— sustituir a Francisco Camps al frente de la Generalitat. Su negativa a consumar esa traición, según su código ético, marcaría el inicio de su declive.

La razón es que a Mariano Rajoy, como a cualquier líder, no le gusta recibir un no por parte de su gente. Para colmo, el lío que había dejado Camps en la Comunidad tras su imputación en la trama Gürtel y su calamitosa gestión económica era tan tremendo que exigía una respuesta drástica e inmediata.

Hasta aquel momento, el mayor quebradero de cabeza de un PP que aspiraba al Gobierno de la nación había sido Jaume Matas con su reguero de corrupción en Baleares. Para remediarlo, se puso al frente del partido en las islas a José Ramón Bauzá, quien no ha dejado títere con cabeza del equipo de su nefasto predecesor.

En la Comunidad, Rajoy hubo de echar mano de otro alcalde de trayectoria también impoluta, Alberto Fabra. Una vez designado éste para el cargo, se ha convertido —a veces a su pesar— en el único interlocutor de Génova y también de La Moncloa. Y Rita Barberá, sin comerlo ni beberlo, ha perdido su anterior capacidad de interlocución.

La culpa, claro está, radica en la deteriorada imagen de la Comunidad ante la opinión pública española. La región que hasta hace bien poco parecía modélica y de la que presumía el PP como ejemplo de su futura gestión a escala nacional, se presenta ahora como paradigma de derroche y de corruptelas, de deuda pública inasumible y de parálisis económica. Lo último que le conviene a Mariano Rajoy.

Se explica, entonces, que el presidente no haya echado mano de ningún político valenciano y que hasta un hombre tan próximo a él como Esteban González Pons haya desaparecido de la escena.
Con razón dice el refrán que cuando no hay harina, todo es mohína. Así, pues, con la economía hecha unos zorros y sin cargos de relumbrón en Madrid, se entiende que haya crecido el malestar de los políticos valencianos del PP y se produzcan “enredos dentro del partido”, en certera calificación de Rita Barberá.

Para más inri, Francisco Camps, anticipándose a una posible exculpación judicial por el caso Gürtel, se está moviendo para su eventual regreso a la política, sin prever las consecuencias de semejante tsunami dentro del partido.

Una de las cosas que el ex presidente ignora es que ya nada volverá a ser como antes. Si es verdad que la mayoría de los ciudadanos le votó repetidamente creyendo en su inocencia en el asunto de los trajes, ahora empieza a tener una pésima opinión de él al conocerse su desastrosa gestión presidencial.

De estas cuestiones y de muchas otras probablemente no tiene la culpa Rita Barberá. El desaguisado económico municipal —con las duplicidades del Palau dels Arts y el de la Música y de la Fira y el Palacio de Congresos, el derroche de la F-1 y el deterioro de los abandonados tinglados de la Copa América— se debe en gran parte a la propia megalomanía del campsismo.

De todo esto habrá que volver a hablar. Y también de los líos internos del PP, de cómo poner límite al mandato de los políticos y de otros asuntos de no menor interés.

Solo de violín del PP

Votantes tradicionales socialistas han salido huyendo, en desbandada, a derecha e izquierda, en todas direcciones; más aun en la Comunidad Valenciana que en el resto de España.

Quién le ha visto y quién le ve, pues, a un PSPV-PSOE que fue referencia nacional en tiempos de Joan Lerma y que aún presumía de ser una posible alternativa al PP en la época de Joan Ignasi Pla.

Ahora, con un Partido Popular que le dobla en número de votos y de escaños y habiendo entrado en el Congreso los partidos minoritarios valencianos, el PSPV-PSOE de Jorge Alarte se hunde en la irrelevancia de convertirse simplemente en un partido más.

Para colmo, el mejor parado del desastre ha sido su último rival dentro del partido, el castellonense Ximo Puig. Las campanas socialistas parecen doblar a muerto, pues, por el actual secretario del PSPV-PSOE.

El PP, con más votos que todos los demás partidos juntos, ha batido de largo su récord del año 2000 y así Alberto Fabra ha conseguido sepultar en el olvido a Francisco Camps. Si a alguien debe mirar con respeto es a Esteban González Pons, convertido, él sí, en el auténtico referente de la Comunidad Valenciana en Madrid.

Con sus correligionarios situados en el Gobierno de España, ya no le quedarán al PP de la Comunidad Valenciana argumentos para el victimismo. Ahora es la hora de hacer política con mayúsculas y ver la talla real de nuestros dirigentes para enderezar una economía regional que hace aguas por todos y cada uno de sus poros.

Los planes de Rajoy y Rubalcaba

La frase más impactante de estos días ha sido pronunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba en Radio Marca: “Es más fácil que el Madrid gane al Barça que remontar a Rajoy”.

Este reconocimiento implícito de la próxima derrota electoral del PSOE no es nada nuevo. Sí lo es, en cambio, su formulación tan expresa y tan didáctica.

A tenor de algunas filtraciones desde la sede socialista de la madrileña calle Ferraz, ya me atreví escribir el pasado 16 de julio en el diario Última Hora, de Palma de Mallorca, y en otra docena de periódicos españoles: “¿Por qué la candidatura izquierdista —llamémosla así— del ex ministro y no otra más realista y centrada?: probablemente porque no está hecha para ganar, sino para convertirse en un incordio permanente para Mariano Rajoy desde la oposición”.

Resultaba tan evidente lo que se estaba cocinando entonces en los sótanos del PSOE que me permito concluir la autocita: “Según esta hipótesis, la evolución de la economía empeorará en los próximos años y se evidenciará entonces que el PP no posee mejores recetas que el fracasado Zapatero. Se trataría, pues, de evitar la mayoría absoluta de Rajoy y, una vez logrado ese objetivo, fustigarle desde el Congreso. Y nadie mejor que Alfredo P. para ello”.

Ni por ésas: la encuesta del CIS publicada anteayer revela que el batacazo socialista puede ser muchísimo mayor de lo que temían sus protagonistas.

¿Y qué puede ocurrir en la Comunidad Valenciana?

Probablemente, las cosas le resulten aún peor. A diferencia del PP, cuyo cabeza de lista por Valencia, Esteban González Pons, posee un evidente grado de notoriedad y supone un gran refuerzo para Rajoy, los principales candidatos socialistas ahondan el caos de su partido.

La número 1 por Valencia, Inmaculada Rodríguez-Piñero, resulta una gran desconocida para el gran público. No así los otros dos cabezas de lista; pero al de Castellón, Ximo Puig, se le recuerda por haber sido el rival de Jorge Alarte para dirigir el PSPV-PSOE, y a la de Alicante, Leire Pajín, se le asocia al más que desprestigiado Rodríguez Zapatero. ¡Menudo cartel!

Sus homólogos catalanes, en cambio, se han olvidado de Zapatero, Rubalcaba y otros zombis políticos, y apuestan en sus carteles electorales casi en exclusiva por Carme Chacón, llegando a aparecer en un vídeo hasta su hijo Miguelito: o sea, el futuro.

Ante su evidente ventaja en el marcador, por usar el símil deportivo, no es de extrañar que Mariano Rajoy apenas si arriesgue y formule propuestas lo menos concretas posibles. En el caso de nuestra Comunidad, resulta notoria la ausencia programática de temas delicados como el agua, la financiación autonómica o el AVE a Castellón.

El espejo donde se mira el candidato del PP es el británico David Cameron. El líder conservador tuvo un desliz de sinceridad al anunciar futuros recortes al comienzo de su campaña electoral y, debido a ello, no consiguió la mayoría absoluta que vaticinaban las encuestas.

Como Rajoy no quiere que le pase lo mismo, deja la iniciativa a un Rubalcaba a la desesperada, que va cambiando de discurso a medida que pasan los días y que ha concentrado sus esperanzas en el debate televisivo que mañana moderará Manuel Campo Vidal.

Mientras que probablemente el candidato socialista se lance a la yugular de su adversario —de forma metafórica, claro—, Rajoy intentará mostrarse como un hombre de Estado cuya serenidad logrará sacarnos de la crisis.

Habrá que verlo.

¿Sobran políticos?

Mariano Rajoy está ponderando, según propia confesión, el reducir de 350 a 300 el número de diputados de las Cortes Generales.

El suyo es un reconocimiento implícito de que en esta hora de obligada austeridad sobran políticos en ejercicio. Si eso es así, ¿qué decir de los 1.218 miembros que toman asiento en los 17 parlamentos autonómicos españoles? Eso, sin contar con los 48 concejales de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En la Comunidad Valenciana vamos contra corriente, pues la última modificación estatutaria no fue para aminorar la cantidad de diputados en el Palacio de Benicarló, sino para pasar su número de 89 a 99. Claro que no somos los únicos que remamos en esa dirección: así, la Asamblea de la comunidad que preside Esperanza Aguirre ha pasado de 120 a 129 integrantes tras las últimas elecciones.

El asunto no resultaría tan grave si ésos fuesen los únicos políticos en nómina. Pero hay que añadir a decenas de miles más, desde concejales hasta miembros de los distintos ejecutivos regionales, desde asesores de libre designación hasta cargos consultivos institucionales, desde consejeros de empresas públicas hasta representantes en organismos de variadísimo pelaje.

Pero es que, además de ser tantos, apenas si sabemos nada de los políticos a quienes pagamos con nuestros impuestos. Por no conocerlos, hasta ignoramos los nombres de aquéllos a quienes hemos elegido nosotros mismos. Si no, ¿cuántos diputados somos capaces de recordar de la lista que votamos en las lecciones del 22 de mayo pasado?

Dada esa invisibilidad de la mayoría de los representantes públicos, es de agradecer la publicación esta semana por parte de Esteban González Pons de su libro Camisa blanca. En él, el diputado nacional del PP, si no llega a realizar un streep-tease integral de su personalidad, sí que se exhibe en un ceñido tanga biográfico e intelectual para que sus posibles electores le juzguen, le critiquen o, al menos, sepan a qué atenerse.

¿Cuántos políticos, del signo que sea, se atreverían a mostrarse de esa guisa frente a los ciudadanos?

Esto, que en los países latinos parece una excentricidad cuando no un ejercicio de exhibicionismo, resulta algo habitual en los países anglosajones.

Cuando hace cuatro años se convirtió al catolicismo Tony Blair, leí en The Times un artículo de Matheu Parris titulado ¿Creen en Dios nuestros líderes? Deberíamos saberlo. El periodista argumentaba que, ante la cantidad de importantes decisiones morales que toman cada día, desde la manipulación genética hasta el envío de tropas al exterior, los ciudadanos tenemos derecho a conocer cada pliegue de su conciencia.

Claro que eso resulta trascendente en aquellos países de sistema electoral mayoritario, en que cada parlamentario es elegido por sí mismo y debe responder personalmente ante sus electores.

Aquí, con nuestra sistema de listas cerradas y bloqueadas, es irrelevante en qué cree cada diputado, pues éstos votan disciplinada y anónimamente lo que les manda el partido. Así que da lo mismo que elijamos a menganito o perenganito.

Esta irrelevancia se acentúa con las mayorías absolutas, como la del PP en Las Corts, que hace innecesaria la presencia de un evaporado Francisco Camps, para reproche del síndico de Compromís, Enric Morera, en cada sesión parlamentaria.

Pero, paradójicamente, el de Camps es un magnífico ejemplo de su prescindibilidad y de que, efectivamente, sobran bastantes más políticos de los que creemos.

El poder en el PP

Desde el rocambolesco cese de Ricardo Costa hace 22 meses —sí, no...¡sí!—, los altos cargos del PP viven en permanente estado de estupor. Su último motivo de pasmo fue la inesperada y eutrapélica dimisión de Francisco Camps.

¿Quién ha rellenado tanto vacío de poder? ¿Lo ha logrado ya Alberto Fabra?

Aun no, por supuesto, aunque el designio de Mariano Rajoy es que el nuevo presidente autonómico lo sea no solo para ésta, sino para varias legislaturas más. Y es que hacerse con las riendas de un partido tan grande y tan complejo como el PP de la Comunidad, que ha sufrido tantas peripecias y que aún tiene por resolver embrollos judiciales que van desde Carlos Fabra a José Joaquín Ripoll y Sonia Castedo, no es moco de pavo.

Un detalle, mínimo si se quiere, que muestra la bisoñez en el cargo de Alberto Fabra, ha sido su ausencia y la de cualquier conseller en el funeral por el hijo de Eduardo Zaplana. La sola presencia del secretario del partido, Antonio Clemente, ha servido, si cabe, para evidenciar aun más esa carencia.

Mientras fragua, pues, el nuevo poder autonómico del actual presidente, ¿quiénes ahorman hoy día el PP de la Comunidad?

De las tres personas metidas en harina, una lo hace con mando a distancia, por petición expresa de Rajoy, el cual ha delegado en él la vigilancia del proceso valenciano: Esteban González Pons. Así se explica que haya sido el único dirigente nacional en dejarse caer por Valencia cuando la investidura de Alberto Fabra.

Las otras dos personas coinciden, al igual que González Pons, en haber sido buenos amigos y fieles colaboradores de Camps hasta que éste arrogantemente los defraudó y les dio de lado cuando más los necesitaba: Alfonso Rus y Rafael Blasco.

Estos dos últimos, además de su buena sintonía entre ellos, son los que están tejiendo una sólida red de apoyo al presidente.

El de Xátiva, que es el barón de más peso, con mucho, en el partido, ha puesto toda su estructura provincial al servicio de Alberto Fabra. Y éste no solo se lo agradece, sino que ha seguido su consejo de prescindir de la guardia de corps del anterior inquilino del Palau: Nuria Romeral, Pablo Landecho y Henar Molinero.

Rafael Blasco, por su parte, ha sabido motivar a los diputados autonómicos, quienes, como rebaño sin pastor, han dado repetidas muestras de desconcierto y de orfandad política. Su último invento: que los parlamentarios del PP den la cara una vez por semana ante los electores de su comarca y lograr así una mayor implicación de unos y de otros en el proyecto del partido.

Con ese tridente a su servicio, Fabra puede revertir la reciente desgana de unos militantes desnortados ante el errático rumbo de Camps y afianzar así su poder personal y el del PP en la Comunidad.

Los últimos acontecimientos, además, han convencido a la dirección nacional del partido de que Rita Barberá ha acotado para siempre su papel al ámbito municipal de Valencia, excluidas otras veleidades, y de que Juan Cotino, el último de los pesos pesados de la formación popular, ha influido negativamente en Camps, siendo responsable de algunos de sus mayores errores políticos.

Ésa es, a fecha de hoy, la radiografía del PPCV. Claro que, en política, las certezas de hoy alimentan los impredecibles cambios de mañana: que se lo pregunten si no a un Francisco Camps que hace solo dos meses se las prometía muy felices y para largo rato al frente del Consell.

Los pactos de Serafín Castellano

Parece claro que el presunto diálogo entre Jorge Alarte y Paco Camps para combatir la crisis económica es poco más que un amago de cara a la galería. Los dos dirigentes políticos se tienen tan feroz inquina que ninguno de ellos es capaz de darle ni siquiera un modesto pocillo de agua al otro.

Sin embargo, mientras la confrontación permanece instalada en nuestra vida pública al más alto nivel, el conseller Serafín Castellano, el solo, viene dando un recital de concertación política con sus adversarios en un amplio abanico de asuntos, desde la ley de bomberos hasta la pilota valenciana, pasando por los chiringuitos costeros o la custodia compartida de los hijos en caso de divorcio.

Este último tema lo acordó la semana pasada en Las Corts con la diputada de Compromís Mónica Oltra y llevó al portavoz de este grupo, Enric Morera, a ironizar en privado: “Serafín es capaz de comernos el espacio político a los nacionalistas”. El aludido, al enterarse de la frase, enseguida matizó: “Yo no soy nacionalista; lo que soy es autonomista”.

Lo cierto es que el conseller de Governació cubre muy bien ese espectro ideológico que ha quedado huérfano después del hundimiento de Unió Valenciana y el desaforado extremismo de García Sentandreu.

Por eso, precisamente, Castellano ha sido el máximo impulsor de la reforma del Estatut d’Autonomia de 2006 para blindar así la financiación de la Comunidad en proporción al número real de sus habitantes. Mañana mismo presentará el proyecto en Las Corts, donde ya lo tiene pactado con los socialistas y “con toda seguridad lo aprobaremos el mes que viene, antes de que acabe la actual legislatura”.

El caso del Estatut es uno más de esta capacidad de diálogo y de compromiso de un político que ha servido con igual lealtad a los gobiernos autonómicos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. El último acuerdo con el ministerio de Rosa Aguilar ha consistido en desactivar el envenenado conflicto de los chiringuitos playeros, al conseguir la moratoria de un año en la instalación de las terrazas y avizorar una posible modificación de la Ley de Costas.

“Con dos o tres consellers más del tipo de Serafín Castellano —me dice un experto conocedor de los intríngulis del Consell— otro gallo le cantaría a la acción de gobierno, monopolizada en exceso por Paco Camps”. Según ese análisis, al presidente le han fallado consellers considerados en su día como luminarias de su gabinete. Ha sido el caso de González Pons y, en otra medida, del ex rector Justo Nieto, quien iba a ser el modernizador económico desde su conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia y se quedó en nada.

“Curiosamente —sigue el experto—, los que le han sacado las castañas del fuego al presidente han sido los consellers que puso en carteras consideradas de rango menor: Rafa Blasco y Serafín. El primero se ha convertido en el auténtico ideólogo del Gobierno y azote de sus oponentes, y el segundo en el conseguidor de los únicos acuerdos políticos logrados por el Consell”.

La Comunidad Valenciana y la corrupción

Hace solamente dos o tres años, cuando uno viajaba fuera de la Comunidad todo era oír elogios de nuestro cap i casal, de la espectacularidad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Santiago Calatrava y de lo bien que lo estaba haciendo la alcaldesa, Rita Barberá.

Ya no es así. Y no sólo por la sorpresa de muchos visitantes ante el abandono de la dársena que albergó la Copa América, que también. En los últimos meses he debido hacer frecuentes viajes a Cataluña, Galicia, el País Vasco y la Meseta y el común denominador de todas las interlocuciones es la corrupción política.

Llama la atención la cantidad y calidad de implicados en la Comunidad, desde Carlos Fabra en Castellón hasta Joaquín Ripoll, en Alicante, pasando por el presidente Francisco Camps.

No es extraña esta preocupación, dado que la corrupción se ha convertido en un gravísimo problema para los ciudadanos del ancho mundo, como acaba de poner en evidencia la ONG Transparencia Internacional, que representa en España Garrigues Walker. También para los españoles la clase política es el tercer problema del país, según el barómetro del CIS del mes de noviembre.

Con todo, me sorprende que a los catalanes –un 85% de ellos cree que la corrupción política esta “muy” o “bastante extendida”, según otra encuesta– les inquieten más los escándalos de nuestra Comunidad que el caso Pretoria, el saqueo del Palau por Félix Millet, o que el partido de Artur Mas haya sido el beneficiario de la mordida del 3% que denunció Maragall y de la que nadie ha vuelto a hablar.

A otra escala, algo similar me ha ocurrido en Castilla y León, donde el caso Gürtel se ha llevado por delante a políticos como Jesús Merino –que fue vicepresidente de la Junta– y a empresarios como José Luis Ulibarri y que salpica ahora al presidente de Las Cortes regionales, Fernández Santiago. Pues bien: las conversaciones no se centran en ellos, sino en los políticos valencianos, como se pudo apreciar entre bastidores, el pasado jueves, durante el cónclave del PP en Segovia con Mariano Rajoy.

No sé muy bien a qué se debe el que sean siempre los mismos los que se llevan la fama cuando en todas partes cuecen habas, por fundir aquí dos refranes que hacen al caso. Lo cierto es que, a falta de otros asuntos, otros argumentos y otros motivos de notoriedad, la corrupción política viene siendo el tema de conversación en lo que a la Comunidad Valenciana se refiere. Ahí creo yo que está la madre del cordero: en la ausencia de otras referencias políticas, económicas, culturales... que sitúen a nuestra Comunidad donde merece estar.

Por ejemplo: en el ámbito político han desaparecido de la primera línea personajes de un valencianismo más que discutible, como Fernández de la Vega, Pedro Solbes o Bernat Soria, pero que estaban allí. Ahora sólo nos quedan González Pons y Leire Pajín, contestada esta última hasta en sus propias filas. Poco balance, pues, del que presumir. ¿Y qué decir del mundo empresarial, cuando apenas si Juan Roig se presenta como único modelo a imitar?

Es necesario, por consiguiente, que la sociedad civil despierte y que los empresarios tomen el relevo de los políticos para ofrecer la mejor imagen de nuestra Comunidad. Es la hora en que los Rafael Ferrando, José Vicente González, Francisco Pons, Vicente Boluda, José Vicente Morata y bastantes más den un paso adelante y exhiban las bondades de nuestra región en un momento en que la administración pública no está, precisamente, para tirar cohetes.

Paga el paro, no la corrupción

Este Nou d’Octubre se ha visto un Francisco Camps más relajado que hace un año y hasta exultante en ocasiones. Acudió al acto institucional y al copetín posterior magníficamente arropado por sendos sondeos de opinión que le otorgan una mayoría absoluta más abrumadora que en las pasadas elecciones.

¿Qué más se puede pedir? ¿Qué importa, entonces, que por aquí no hayan aparecido para darle calor Esteban González Pons ni Federico Trillo, dirigentes nacionales de las listas valencianas? Para remate, la cuidada lista de invitados de la sociedad civil le proporcionaba un entorno cómodo y amable, donde pudo departir uno a uno con casi todos los asistentes.

En ese escenario, los políticos socialistas —Jorge Alarte, Ximo Puig, Joan Calabuig, Toni Such,…— se agrupaban casi a la defensiva en un fondo del patio de la Generalitat. “¿Qué es esto?, ¿el tendido de sombra?”, preguntó con ingenuidad el periodista al corrillo. “Quienes acabarán a la sombra son los del otro lado”, contestó rápidamente y con malévola ironía uno de los interpelados, aludiendo, obviamente, al caso Gürtel.

Ni por ésas. Los ciudadanos están ya tan anestesiados con la repetitiva cantinela sobre la presunta corrupción que pasan de ella mientras que, en cambio, les preocupa muy mucho su economía familiar y el futuro laboral, tanto personal como colectivo.

Por eso, y pese a que Camps habló de “renunciar a nuestras diferencias” en su discurso institucional del sábado, no son éstos tiempos proclives al pacto. No ayuda a ello el derrumbe estrepitoso del PSOE en las encuestas —ayer mismo, dos de ellas le daban al PP una ventaja demoscópica entre 13 y 14 puntos— y el creciente descrédito de Rodríguez Zapatero, quien ha pasado en sólo un año de ser el político español mejor valorado a hundirse en el fondo de la tabla clasificatoria.

Así, insisto, ¿para qué pactar? Se acabó la época en que Eduardo Zaplana y Joan Ignasi Pla acordaban a dúo la Acadèmia Valenciana de la Llengua y aquella otra en que los citados Camps y Pla presentaban al alimón un Estatuto de Autonomía perfectamente consensuado.

Ahora ya no hay actitudes transversales ni integradoras. Hoy día todo son descalificaciones y querellas. Y no sólo por aquellos casos que ya se ventilan en los tribunales —Carlos Fabra, José Joaquín Ripoll,…—, sino por las arremetidas contra personajes colaterales como Ángel Luna y Rafael Blasco, portavoces parlamentarios respectivos del PSPV-PSOE y del PP.

En este ambiente, mañana puede pasar cualquier cosa a la llegada a Valencia de José Blanco en el viaje de prueba del AVE. En la última semana, el ministro de Fomento lleva ya dos broncas con políticos del PP: el miércoles, en Valladolid, se las tuvo con el alcalde, León de la Riva, durante la inauguración de un túnel, y el viernes aprovechó la puesta en marcha de dos tramos de la A-8 para reprender públicamente a un consejero de la Xunta de Galicia.

¿Qué nos deparará mañana el estado de nervios de Blanco? ¡Quien lo sabe! Lo único evidente es que, pese a los esfuerzos del PSOE por obtener réditos electorales de las fechorías de Francisco Correa, lo que sí pasa factura política es el paro y no la corrupción.

Camps, "candidato perfecto"

Francisco Camps no es el “candidato perfecto” para encabezar la lista del PP en las elecciones autonómicas, a pesar de que lo digan así Esteban González Pons y, con el mismo énfasis pero con menos contundencia, Mariano Rajoy.

Sí que lo era antes de surgir el rocambolesco caso Gürtel y de que se evidenciara la “amistad del alma” del presidente con Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de la trama corrupta en la Comunidad. Desde entonces, y pese a sus indudables méritos políticos, se ha ganado la enemistad de bastantes dirigentes nacionales de su partido, empezando por su secretaria general, María Dolores de Cospedal. Al parecer, ésta jamás le perdonará a Camps el que la toreara la noche en que le exigió y no consiguió la dimisión inmediata de Ricardo Costa, entonces fidelísimo escudero del presidente.

Pero, aunque ya no sea el candidato perfecto, Paco Camps sí que parece en cambio el “candidato inevitable”. Me explicaré.

El presidente de la Generalitat, convencido de su honradez, está empeñado a toda costa en repetir en el cargo, “en culminar el proyecto político”, en palabras de uno de sus colaboradores más próximos, aunque nadie sepa explicar a ciencia cierta en qué consiste ese proyecto. Su decisión está avalada por Rita Barberá, quien se ha dejado hasta las pestañas en Madrid defendiendo al presidente. Las encuestas, además, resultan concluyentes: el PP confirmaría su mayoría absoluta parlamentaria con Camps al frente, merced al descrédito de Rodríguez Zapatero en nuestra comunidad. ¿Para qué abrir, pues, un frente interno de conflicto en el partido si la victoria parece asegurada?

Este argumento ha acallado al creciente grupo opositor a Camps en la calle Génova. Su único temor ahora es que el presidente valenciano tenga que sentarse en el banquillo dentro de año y medio, en vísperas de lanzarse Mariano Rajoy al asalto electoral de La Moncloa. “Si tal cosa llegase a suceder, sus efectos podrían ser demoledores”, dice, casi en un murmullo, uno de los disconformes con Camps.

En cualquier caso, la suerte está echada y casi nadie duda ya que Francisco Camps repetirá como candidato. Para ponerlo de manifiesto, el entorno del presidente ha organizado para pasado mañana un acto de “despedida de curso” que no es otra cosa, en el fondo, que un homenaje público a Camps.

Otro elemento de confianza de los campsistas es el reciente respaldo del socialista José Blanco a la candidatura de Jorge Alarte. “Con él como oponente —me dicen en el entorno inmediato de Camps—, nuestra victoria está más que asegurada. No sólo es un perfecto desconocido, sino que los pocos que lo conocen opinan que su gestión política ha resultado desastrosa”.

Con esa percepción, el optimismo que se respira en el Palau de la Generalitat no es nada ficticio. Además, durante estos años de poder, Camps ha construido un partido a su medida, con personas fieles que le deben su presente político y, lo que es más importante, su futuro. Sólo con la excepción del agraviado alicantinismo de Pitu Ripoll —ahora también tocado en su línea de flotación—, el PPCV marcha como un ejército disciplinado a la voz de mando de su líder.