Cuando gane la izquierda...

Ante la eventualidad de una futura derrota electoral del PP, la izquierda valenciana comienza a efectuar tímidos gestos unitarios. El último: la presentación de un proyecto común para RTVV a cargo de Ximo Puig, Marga Sanz y Enric Morera.

La conclusión cae por su propio peso, de puro obvia: sin un acuerdo del resto de los partidos parlamentarios no hay alternativa al PP. Éste, pese al desgaste que muestran las encuestas y al descrédito producido por su larga lista de implicados en escándalos —hasta once diputados, desde Sonia Castedo hasta Vicente Rambla y desde Milagrosa Martínez hasta Hernández Mateo— podría seguir siendo, con todo, el partido más votado en la Comunidad.

Así que el tripartito más que una hipótesis es la única realidad posible, como argumentan en su lúcido libro El margen izquierdo los profesores Ximo Azagra y Joan Romero. Claro que el análisis de los pensadores socialistas profundiza más en los pasados errores de la izquierda que en el modelo político y económico que debería seguir la posible coalición de gobierno en caso de victoria electoral.

Ése es el principal problema de la oposición al PP: la ausencia de un proyecto alternativo al ofrecido hasta ahora por el Consell. Lo fácil es criticar a la Generalitat por su pasada política del ladrillo, de inversiones faraónicas y de impulsar grandes eventos, pero mucho más difícil es presentar un programa que ilusione a una ciudadanía cada vez más escéptica.

Por otra parte: ¿cómo articular un proyecto común de los tres partidos —PSPV-PSOE, EU y Compromís— si en el mayor de ellos subsisten profundas divisiones? La última la han protagonizado Toni Gaspar y José Manuel Orengo con su pelea por la portavocía socialista en la Diputación de Valencia.

No se trata sólo de disputas personales —a las que, por otra parte, tan aficionado es ese partido—, sino ideológicas. Uno y otro, alineados respectivamente con Jorge Alarte y Ximo Puig, representan dos concepciones de la socialdemocracia. Abierta al cambio la primera y más anclada en un valencianismo próximo a Compromís la segunda.

Por esa diversidad y hasta esa contradicción, tienen razón quienes aventuran un deambular errático a un eventual Consell de izquierdas. Aun así, ¿cuál podría ser la orientación general de ese gobierno tripartito?

No parece difícil trazar sus principales líneas de actuación: desarrollo del Estatut, de la lengua valenciana y demás señas de identidad regional, por una parte, y aumento de la intervención pública en los servicios, la economía productiva y hasta los sectores menos rentables de la actividad económica, por otra.

En román paladino, todo eso significa una marcha atrás en la privatización de empresas públicas —incluido el ERE de RTVV—, menos recortes y más déficit público, mantenimiento de la política de subvenciones y otra serie de medidas contrarias a la austeridad propiciada por la Unión Europea.

¿Es eso posible y hasta deseable? Lo ignoro, pero sí sé que es preciso ir hablando de ello. El mal precedente del tripartito catalán de José Montilla no parece preocupar a la izquierda valenciana, ilusionada ahora con François Hollande —el segundo político más valorado por los españoles, detrás tan sólo de Barak Obama—. Claro que también parece olvidar que algunas de las políticas del presidente francés son las mismas que llevó a cabo Lionel Jospin en 1997 con el resultado desastroso que se recuerda.   

     

 

2015

La principal preocupación de nuestros políticos —más allá de servir a los ciudadanos y lidiar con la crisis económica— es conseguir el poder, mantenerlo luego y recuperarlo en el caso de haberlo perdido.

Por eso están siempre pendientes de la próxima cita electoral. Es lo que explicaba Alfonso Guerra cuando ostentaba el máximo poder dentro del PSOE: “Las elecciones se empiezan a preparar al día siguiente de haberse celebrado las anteriores”.

No es de extrañar, por consiguiente, que unos y otros estén pensando ya en los comicios autonómicos de 2015 y en las elecciones generales que vendrán a continuación. No se trata, además, de una fecha muy lejana, ya que según algún analista “lo más probable es que se adelanten ambas convocatorias, porque con el agravamiento de la crisis no hay Gobierno que resista”.

         Los hechos le dan la razón. Casi todos los partidos en el poder, del signo que sean, han venido perdiendo el Gobierno durante los últimos años: Gran Bretaña, Irlanda, Portugal, España…

         Ni siquiera alguien tan carismático como Barak Obama tiene asegurada la reelección frente al errático candidato republicano Mitt Romney. Según el especialista demoscópico Robert Kuttner, las secuelas de la crisis económica norteamericana —más leve que la que padece Europa— podrían acabar pasándole factura.

         Con estas consideraciones de por medio, llega el congreso del PP de la Comunidad, en el que Alberto Fabra debe afianzar su precario liderazgo y preparar el camino para su reelección al frente del Consell. En ese proceso resulta clave el nombre del próximo secretario general del partido y se explican, entonces, las guerras para que sea uno u otro el designado.   

         Todos los interesados coinciden en que la persona deseada por Fabra es el conseller Serafín Castellano, pese a la oposición de Rita Barberá, con su propio candidato, Jorge Bellver, y de Alfonso Rus, con el suyo, Vicente Betoret.

         Esos rifirrafes evidencian la importancia de un cargo en el que Castellano haría bascular el poder que hoy ostentan la alcaldesa de Valencia y el presidente de la Diputación en favor del inquilino del Palau.

         De no acceder al cargo el conseller de Gobernació, hay quien cree que éste iría a parar al vicepresidente José Ciscar, “quien podría compatibilizarlo con su puesto en el Consell, como hizo en su día José Luis Olivas”. Otra hipótesis posible, para evitar la guerra cruzada entre los pesos pesados del PP es que siguiese Antonio Clemente, “aunque eso supondría una frustración para el Presidente, que quiere a una persona de su confianza y que sea batalladora para encarar los duros tiempos que se avecinan”, me dice alguien que conoce bien los entresijos del partido.

         En éstas está, pues, el PP, pensando ya en la batalla electoral de 2015 cuando aún debe resolver los graves problemas financieros de la Comunidad.

         Pero lo mismo le sucede al PSPV-PSOE, donde al menos tres nombres se han postulado como candidatos presidenciales de aquí a tres años: Ximo Puig, secretario general, Francesc Romeu, portavoz de la Ejecutiva, y Manuel Mata. Por otra parte, los afines a Jorge Alarte, convencidos de que en 2015 el PP perderá las elecciones, pretenden rentabilizar su cuota de poder dentro de la organización.

         Ya ven cómo está el patio.

Si los políticos pusiesen tanto empeño en solucionar nuestros problemas como parecen ponerlo en resolver sus propias cuitas, otro gallo nos cantaría.

    

Alberto Fabra: un hombre solo

Alberto Fabra sigue estando solo.

Está solo porque el Consell con el que gobierna la Comunidad lo heredó tal cual de Francisco Camps.

Está solo porque los miembros del grupo parlamentario de su partido en Les Corts también fueron elegidos, uno a uno, por su predecesor.

Está solo porque tampoco puede mover un pelo de la estructura orgánica del PP regional que confeccionó a su medida Francisco Camps.

Tanta soledad se debe, claro está, a que Alberto Fabra nunca soñó con ser presidente de la Generalitat y, lógicamente, ni creó un equipo para ello, ni concitó voluntades, ni maniobró en las entrañas partidistas para colocar a gente afín a su persona.

Esta inmensa soledad podía haberla quebrado ayer, cuando por fin fue autorizado a hacerlo, tras la espera a que Mariano Rajoy nombrase los miembros de su Gobierno de España.

Ni por ésas. El nuevo vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, es más veterano que el propio Fabra en el Consell, y la mínima sustitución de Paula Sánchez de León por María José Catalá se asemeja más a un ejercicio de cosmética que a un ánimo real de cambio.

Es más: si algo manifiesta este relevo es que los políticos cesantes jamás se quedan a la intemperie. Si en su día Francisco Camps pasó de delegado del Gobierno en la Comunidad a Presidente, ahora su vicepresidenta hace el camino inverso para acabar sentándose en el Palau del Temple.

Entre tanta soledad, Alberto Fabra sí tiene un amigo que vale un tesoro: Mariano Rajoy, que fue quien le designó para ese puesto.

Pero, ¿puede bastar su apoyo cuando el déficit de España es un 2% superior al previsto, cuando el Gobierno del PP se ve obligado a subir impuestos, contra lo prometido en campaña, y cuando no hay un euro con el que poder beneficiar a la Comunidad?

La última baza que le queda a Fabra es la de confeccionar un partido a su medida de aquí al Congreso regional del PP la próxima primavera. Sin embargo, con tanta penuria a cuestas, tantos frentes políticos abiertos y tantas guerras de guerrillas dentro del partido, la esperanza de quebrar su soledad resulta bastante problemática.

Solo nos queda la austeridad

Aunque parezca mentira, hace solo unos meses Francisco Camps aún decía que “la Comunidad Valenciana está liderando la recuperación económica de España”.

La doble falsedad era obvia: no había recuperación alguna y si el Consell del entonces presidente de la Comunidad estaba a la cabeza de algo era de la deuda pública, el déficit y el paro.

Afortunadamente, el caso Gürtel ha acabado con la perenne huida hacia adelante, el constante enmascaramiento de los datos macroeconómicos y el incremento del gasto público como coartada de una errática política autonómica. Por carambola política ha llegado al Palau de la Generalitat Alberto Fabra y, con él, por fin, la claridad, la transparencia informativa y la austeridad financiera.

Ahora sabemos que para una posible recuperación económica nos queda un largo y difícil camino por delante. Hay que apostar, para ello, por obras como la del corredor mediterráneo, que cuenta con el apoyo de Jorge Alarte y de Enric Morera, pero que en el escenario de la política nacional va a resultar preterida ante otras, al menos durante década y media.

Y es que nos hemos dado cuenta, de repente, que la cosa va para largo y de que la mayor parte de aquellos grandes eventos propiciados por Eduardo Zaplana y Paco Camps han sido ruinosos —desde Terra Mítica al Ágora, pasando por la Ciudad de la Luz—, no se han llegado a realizar —como Mundo Ilusión y la Ciudad de las Lenguas—, resultan deficitarios incluso antes de haberse inaugurado — caso del aeropuerto de Castellón— y siempre, más allá de su presunta rentabilidad, han drenado las arcas públicas de unos recursos necesarios para otras inversiones productivas, como ha sucedido con lo gastado en el Palau de les Arts, la Copa América o las pruebas de Fórmula 1.

Estamos, pues, sin un duro y ante un panorama cada vez más difícil para obtenerlo. Incluso algunas instituciones, como la Feria de Muestras y el Palacio de Congresos, se fagocitan unas a otras en su afán de competir por los mismos ingresos.

No quiero cargar las tintas en exceso, pero hasta que no nos demos cuenta de nuestras limitaciones y del contexto en el que nos movemos será más difícil que hallemos la solución.

Un ejemplo: el del empleo. En los momentos de mayor nivel de ocupación, los dirigentes autonómicos —de aquí y de toda España— presumían de que el haberlo logrado era mérito suyo. ¿Y cómo lo habían hecho? Misterio absoluto, ya que la creación de empleo va ligada a la actividad económica, a la demanda de las empresas y a la adaptabilidad del mercado laboral, tres variables en las que los Gobiernos autonómicos apenas si tienen nada que rascar.

Nuestro marco laboral es de ámbito estatal y, como me recuerda un eximio y veterano economista, “mantiene todavía una rigidez proveniente de tiempos de Franco”. Según él, la demagogia populista de la dictadura sobreprotegió la seguridad en el empleo a cambio de la pérdida de las libertades de los obreros: “Lo que nuestros sindicatos califican de derechos de los trabajadores no son muchas veces más que inventos del franquismo; de ahí el que tengamos un mercado laboral rígido e ineficaz y que por ello aumente brutalmente el paro en tiempos de crisis”.

O sea, que tenemos un largo camino de cambios por delante. Y que para salir de ésta, en España y en la Comunidad, hará falta esfuerzo, austeridad y sacrificios. Todo lo demás es un camelo, aunque los demagogos de uno u otro signo traten de ocultárnoslo.

Ya nada será igual

Mal que le pese a Francisco Camps, el futuro de la Comunidad Valenciana será muy distinto sin él al frente de la Generalitat.

Claro que tanto el ex presidente como Carlos Fabra se aferran a un pasado irrepetible, tal como pusieron de manifiesto este viernes en Beniccàssim. Bastó que el juez Antonio Pedreira archivase la causa del caso Gürtel contra Luis Bárcenas y Jesús Merino, para que Camps sacase pecho soñando con su tardía absolución.

La efímera demostración de fuerza de ambos políticos se ha hecho, además, a menos de tres meses de la probable victoria electoral de un Mariano Rajoy que, lógicamente, no se andará con chiquitas con aquellos cargos del PP que le han causado repetidos problemas, como es el caso de los dos citados. De ahí la prisa de éstos en mostrar presumibles apoyos antes de su total laminación de la vida pública.

El natural enfado de la dirección nacional del partido se ha visto agrandado por el menoscabo que ambas intervenciones han causado a la figura de Alberto Fabra. Tanto es así, que éste ha debido recordar que “estoy aquí para deciros que soy vuestro presidente y que estoy dispuesto a liderar este proyecto”. ¿Habría sido necesaria, en otro contexto, semejante obviedad?

“Es que Camps se ha convertido en un problema para el partido”, me confiesa un alto cargo del PP: “Si acude como diputado a Las Corts, malo, porque la oposición podrá meterse con él todos los días, enturbiando así el proceso político, y si no lo hace, también es negativo, porque se nos reprochará el que mantengamos a un parlamentario que solo hace pellas”. “Lo mejor —concluye— es que dimita de Las Corts y deje su puesto a otro”.

No parece, sin embargo, que ése sea el propósito del ex presidente, sino el de protegerse con su aforamiento como diputado.

En cualquier caso, estos rifirrafes internos no trascienden al exterior. “Pasa como con los futbolistas de la selección —me dice otro político—: se llevan a matar entre ellos durante los partidos Barça-Madrid, pero si luego hay una tángana con los chilenos, Iniesta, Arbeloa, Busquets y Ramos hacen piña contra ellos”.

Así, pues, aunque no haya broncas de puertas afuera, Camps y Fabra son ya dos cadáveres políticos a punto de enterramiento, a pesar de que este último se resista a ceder las riendas del partido en Castellón a Javier Moliner.

El ex presidente, por su parte, no es consciente de que ha dejado la Comunidad hecha un erial. “Con los números en la mano —explica un economista de prestigio— estamos técnicamente en quiebra. Lo de Castilla-La Mancha, por mucho que gesticule Dolores de Cospedal, no es nada, en cuanto a su volumen, con lo nuestro: solo el agujero de Canal Nou es superior a todo el déficit de la comunidad vecina”.

De ahí los sucesivos recortes de gastos anunciados por Fabra, de ahí sus propuestas de diálogo con la posición, de ahí sus promesas de transparencia informativa,… Justo, lo contrario de lo realizado por su manirroto predecesor.

“Pero todo esto no puede hacerse, por supuesto, con los consellers heredados de Camps —argumenta la fuente ya citada—, y menos con la vicepresidenta, Paula Sánchez de León, destinada a haberle sustituido. Pero esa remodelación total del Consell tendrá que esperar hasta después de la elecciones”.

O sea, que una vez producido el cambio en el escenario, en el guión y en los protagonistas de la vida política valenciana, ya nada volverá a ser igual que antes en nuestra Comunidad.

El poder en el PP

Desde el rocambolesco cese de Ricardo Costa hace 22 meses —sí, no...¡sí!—, los altos cargos del PP viven en permanente estado de estupor. Su último motivo de pasmo fue la inesperada y eutrapélica dimisión de Francisco Camps.

¿Quién ha rellenado tanto vacío de poder? ¿Lo ha logrado ya Alberto Fabra?

Aun no, por supuesto, aunque el designio de Mariano Rajoy es que el nuevo presidente autonómico lo sea no solo para ésta, sino para varias legislaturas más. Y es que hacerse con las riendas de un partido tan grande y tan complejo como el PP de la Comunidad, que ha sufrido tantas peripecias y que aún tiene por resolver embrollos judiciales que van desde Carlos Fabra a José Joaquín Ripoll y Sonia Castedo, no es moco de pavo.

Un detalle, mínimo si se quiere, que muestra la bisoñez en el cargo de Alberto Fabra, ha sido su ausencia y la de cualquier conseller en el funeral por el hijo de Eduardo Zaplana. La sola presencia del secretario del partido, Antonio Clemente, ha servido, si cabe, para evidenciar aun más esa carencia.

Mientras fragua, pues, el nuevo poder autonómico del actual presidente, ¿quiénes ahorman hoy día el PP de la Comunidad?

De las tres personas metidas en harina, una lo hace con mando a distancia, por petición expresa de Rajoy, el cual ha delegado en él la vigilancia del proceso valenciano: Esteban González Pons. Así se explica que haya sido el único dirigente nacional en dejarse caer por Valencia cuando la investidura de Alberto Fabra.

Las otras dos personas coinciden, al igual que González Pons, en haber sido buenos amigos y fieles colaboradores de Camps hasta que éste arrogantemente los defraudó y les dio de lado cuando más los necesitaba: Alfonso Rus y Rafael Blasco.

Estos dos últimos, además de su buena sintonía entre ellos, son los que están tejiendo una sólida red de apoyo al presidente.

El de Xátiva, que es el barón de más peso, con mucho, en el partido, ha puesto toda su estructura provincial al servicio de Alberto Fabra. Y éste no solo se lo agradece, sino que ha seguido su consejo de prescindir de la guardia de corps del anterior inquilino del Palau: Nuria Romeral, Pablo Landecho y Henar Molinero.

Rafael Blasco, por su parte, ha sabido motivar a los diputados autonómicos, quienes, como rebaño sin pastor, han dado repetidas muestras de desconcierto y de orfandad política. Su último invento: que los parlamentarios del PP den la cara una vez por semana ante los electores de su comarca y lograr así una mayor implicación de unos y de otros en el proyecto del partido.

Con ese tridente a su servicio, Fabra puede revertir la reciente desgana de unos militantes desnortados ante el errático rumbo de Camps y afianzar así su poder personal y el del PP en la Comunidad.

Los últimos acontecimientos, además, han convencido a la dirección nacional del partido de que Rita Barberá ha acotado para siempre su papel al ámbito municipal de Valencia, excluidas otras veleidades, y de que Juan Cotino, el último de los pesos pesados de la formación popular, ha influido negativamente en Camps, siendo responsable de algunos de sus mayores errores políticos.

Ésa es, a fecha de hoy, la radiografía del PPCV. Claro que, en política, las certezas de hoy alimentan los impredecibles cambios de mañana: que se lo pregunten si no a un Francisco Camps que hace solo dos meses se las prometía muy felices y para largo rato al frente del Consell.

El doctor Fabra y mister Hyde

Las órdenes de Madrid han sido claras: “Nada de cambios, ni de ruido ni de disensiones en Valencia. A ver si deja de hablarse ya de la Comunidad Valenciana. Al menos, hasta que Mariano Rajoy llegue a La Moncloa”.

Así se explica que nadie de la cúpula nacional del Partido Popular —ni De Cospedal, ni González Pons, ni siquiera Ana Mato— asistiera por discreción a la toma de posesión de Alberto Fabra y también el énfasis de éste en calificar a su predecesor, Paco Camps, como “valiente, honesto y honrado”.

"Todo eso es muy lógico —me comenta un dirigente regional del PP—, pero el nuevo presidente debe hacer cambios visibles en seguida para que su mensaje de que 'debemos pasar página y recuperar la normalidad en las instituciones' sea creíble”. Para mi interlocutor, cuando Camps accedió a la presidencia sólo disponía del aval personal de Eduardo Zaplana y, aun así, de inmediato comenzó a desmontar la estructura heredada de su antecesor. “A Fabra, en cambio, le apoya la toda la dirección nacional del partido y si no hace la poda quedará preso de la compleja maraña urdida por Camps”.

En esta contradicción interna parece debatirse el presidente de la Generalitat, llegado al Cap i Casal ligero de equipaje. Tanto es así, que lo primero que ha hecho es ratificar al Consell anterior, al portavoz parlamentario y, a falta de evidencia en contrario, al equipo de fontaneros del Palau. Para remate, ha nombrado al secretario del PP, Antonio Clemente, jefe de campaña electoral.

Quien habría tomado estas decisiones no sería el doctor Fabra, por usar el símil literario de Robert Stevenson, sino ese otro mister Hyde que todos llevamos dentro. Aquél es un hombre de diálogo que en su primera rueda de prensa prometió mostrar todas las facturas del Consell y oír a los familiares de las víctimas del Metro. El otro, en cambio, en su comparecencia institucional rebajó las promesas a “ofrecer transparencia” informativa y a “mostrar el cariño” a los afectados por la tragedia.

¿Quién de los dos es el auténtico Alberto Fabra?

Probablemente, ambos, para tranquilidad, entre otros, de un Gerardo Camps lívido ante la posibilidad de que los papeles del Consell circulasen por ahí y que ha quedado relajado al ver que el presidente echaba agua al vino de la transparencia.

“Pues si no hace cambios va dado”, comenta otro de los dirigentes del PP, crítico con la opacidad informativa de Francisco Camps. Lo tendrá mal no solo porque la oposición le va a exigir ahora todos y cada uno de los contratos —ya lo ha advertido el secretario del Bloc, Enric Morera—, sino porque “la herencia de Camps está envenenada” y “la situación económica de la Comunidad es pésima”, según uno de quienes mejor conocen las cuentas de la Generalitat.

El último acto de este drama shakesperiano es la intervención del Estado en una CAM saqueada por sus propios directivos, con Modesto Crespo a la cabeza.

Sus números no van a poderse ocultar, como se ha hecho con los contratos de Orange Market, los sobrecostes de Calatrava o la visita del Papa, ya que las cuentas las tiene Banco de España, son objeto de una auditoría externa y acabarán en manos de la Justicia.

Por todo esto, Fabra debe dejar ya la ambigüedad e imbuido de su papel de Doctor Jekyll, ser el primero en exigir responsabilidades por los desguisados de la anterior administración.

Si no lo hace, acabarán por imputárselos a él en tanto que su abnegado silencio tampoco logrará contribuir al éxito electoral de Rajoy, que es de lo que se trata.

Lo que no ha hecho Camps

Ignoro si Francisco Camps aceptó trajes gratis “a sabiendas”, según el relato de José Flors, juez instructor del caso Gürtel.

Sí sé, en cambio, un montón de cosas que no ha hecho el presidente valenciano en los dos años largos que dura ya este asunto procesal.

No ha gobernado su Comunidad con dedicación plena, al consumir la defensa judicial parte de su energía.

No ha logrado aminorar la brutal tasa de paro de un 23%, superior a la media española.

No ha mejorado el nivel educativo de nuestros jóvenes, el peor de España, exceptuando Ceuta y Melilla, según el Ministerio de Educación y el informe internacional PISA.

No ha sido nada diáfano en su gestión, tal como afirma la ONG Transparencia Internacional y ratifican seis sentencias del Tribunal Constitucional.

No ha conseguido reducir la deuda pública de la Comunidad, la más alta de España por habitante.

Habría bastantes más debes en esta lista de incumplimientos, pero añado solamente uno: el retraso en el pago a los proveedores de la Generalitat. Si María Dolores de Cospedal pone el grito en el cielo, con razón, porque su predecesor en Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha demorado hasta año y medio algunos pagos, ¿por qué no critica la misma práctica en su compañero de partido valenciano?

Y es que la ventaja del presidente Camps es que él se ha sucedido a sí mismo al frente del Consell tras las últimas elecciones y solo él sabe exactamente los excesos de déficit y otros enjuagues contables que se esconden bajo las alfombras del Palau.

Estas cosas, aunque no se hagan públicas, claro, incomodan a muchos dirigentes nacionales del PP que estaban encantados de la regeneración política realizada en Baleares por José Ramón Bauzá, tras el saqueo perpetrado por Jaume Matas. “Ahora, todo este asunto de Camps vuelve a ponernos en entredicho”, comenta apesadumbrado uno de ellos.

Lo peor, para esa misma fuente, es el argumento de que si se ha ganado en las urnas se queda exculpado de cualquier delito. “¿Valdría ese silogismo también para un asesinato?”, se pregunta. Al fin y al cabo, si las urnas son las que tienen la última palabra, nos sobrarían los tribunales de justicia.

Por eso mismo, son muchos en su partido quienes creen que Camps tendría que haber cortado de raíz el escándalo, evitando así que Mariano Rajoy llegue a las generales cargando con el fardo de Gürtel, lo mismo que Rubalcaba lo hará con el del Faisán.

Según ellos, Camps tendría que haber dicho al comienzo del caso: “Creo que he pagado todos mis trajes, pero por si acaso quedase algo pendiente aquí entrego un talón para liquidarlo y que me perdonen por mi despiste”. Así de sencillo.

Pero el presidente no lo hizo, como tampoco abordó los otros debes enumerados en este artículo.

Cabe pensar, pues, que si las cosas no van peor se debe, entre otras razones, a los logros de la época de vacas gordas, a la inercia del impulso dado en su día por Eduardo Zaplana y, sobre todo, a la enorme vitalidad de la sociedad valenciana.

Y es que, por fortuna, son más valiosos los ciudadanos que sus gobernantes. Ya ven, Bélgica lleva un año sin Gobierno y las cosas no le van peor que antes. También lo decía Indro Montanelli de Italia: “Cuando mejor funciona el país es entre un Gobierno y otro”.

En la Comunidad Valenciana no va ni mejor ni peor: simplemente, mientras dure el caso Gürtel el desgobierno está garantizado.

Camps y Rajoy

“El mayor obstáculo de Mariano Rajoy para llegar a La Moncloa no se llama Pérez Rubalcaba, sino Paco Camps”.

Ése es el pensamiento de algunos dirigentes del PP nacional, quienes consideran que el candidato del PSOE representa un pasado nada atractivo para los ciudadanos, dada su implicación en los Gobiernos de Felipe González y Zapatero, mientras que la eventualidad de que en plena campaña electoral se siente en el banquillo de los acusados el presidente valenciano les pone los pelos de punta.

Claro que se trata solo de una hipótesis. Pero los analistas de la madrileña calle Génova tienen que sopesarla, al igual que hacen con otras que podrían beneficiar a sus rivales: 1) el temor del electorado a un país demasiado de derechas, tras el mayúsculo varapalo socialista en las elecciones autonómicas y municipales; 2) la propaganda de que la situación económica empieza a mejorar, aunque no sea cierto; 3) algún nuevo paso de ETA que parezca justificar las tesis negociadoras del PSOE y 4) la aproximación de Rubalcaba a nacionalistas vascos y catalanes con quienes cerrar acuerdos.

Como ven, en política nunca faltan motivos de preocupación, aunque las encuestas den 15 puntos de ventaja a un eufórico PP.

La más reciente inquietud radica en el comportamiento de las Comunidades Autónomas, y más en concreto de la valenciana, ante las dos principales promesas electorales de Rajoy: transparencia y austeridad.

En cuanto a la primera, nuestro Tribunal Superior de Justicia acaba de obligar al Consell a dar los documentos sobre contratos de la trama Gürtel infructuosamente solicitados por el grupo Compromís. La sentencia viene precedida por otras cinco del Constitucional contra la negativa de Las Corts a tramitar las preguntas de la oposición al respecto.

Tal actitud obstruccionista concuerda con la del vicepresidente Gerardo Camps al argumentar reiteradamente que los sobrecostes de Calatrava en la Ciutat de les Arts son “asuntos confidenciales”, aunque hayan sido pagados con el dinero de todos los valencianos.

¿Es ése el ejemplo de transparencia que ofrecerá Rajoy?

Pero lo que más preocupa al presidente nacional del PP son las cuentas de la Generalitat, con una deuda pública de 17.600 millones, la segunda más alta de España en términos absolutos y la mayor de todas en porcentaje del PIB, alcanzando un 17,2%.

Tan delicada es la situación, que el Consell se las ha visto para colocar en el mercado el último tramo de bonos patrióticos, pese a su suculento interés. Hay más: el abultado volumen de deuda es como una pescadilla que se muerde la cola, al crecer de forma exponencial los intereses a pagar y forzar, en consecuencia, a nuevos endeudamientos. En esa espiral, los gastos financieros de la Comunidad durante el primer trimestre de este año han sido de 246,4 millones, muy de largo los más elevados de España, por encima incluso de los de Cataluña.

Se comprende, por consiguiente, que haya quienes piensen en el PP que con Camps en la Generalitat no solamente existe un riesgo penal evidente, sino otro de financiero. Demasiado, pues, hasta para alguien tan templado como Rajoy.

El mejor mundo posible

Según Francisco Camps, la que ahora acaba “ha sido una gran legislatura”, en la que la Comunidad se ha situado “en el primer vagón de España”. Por si esto no bastase, la valenciana es “una comunidad paradigmática, única, de la que nos sentimos absolutamente orgullosos”.

Salvando el tiempo y las distancias, nuestro presidente me retrotrae al filósofo de finales del Siglo XVII, Gottfried Leibniz, cuando decía aquello: “El ser perfecto, en virtud de su perfección misma, debe crear el mejor de los mundos posibles”, o sea, ése que Camps imagina que existe. Medio siglo después de aquello, Voltaire dio la réplica a su colega por medio de la novela Cándido, en la que su ingenuo protagonista, yendo de desgracia en desgracia, acaba por descubrir las imperfecciones de este mundo cruel.

A Camps la réplica le ha venido mucho antes, sólo en horas veinticuatro, de Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, para quien si no se modifican las cosas de inmediato “se retrasará la salda de la crisis e incluso podría llevarnos —oh, maléfica palabra— a la bancarrota”. El día antes, en este mismo periódico, el ex premier británico Gordon Brown, ya nos advertía en una esclarecedora entrevista que “a ustedes, los españoles, les toca pasar por un ajuste en los próximos diez años”. De una forma más irónica y mordaz lo había vaticinado el empresario Juan Roig con su demoledora frase de que “lo bueno de 2011 es que será mejor que 2012”.

No será, pues, por falta de advertencias de que las cosas van mal y que aun pueden ir peor de no ponerlas pronto remedio. Por eso, la afirmación de Camps de que la Comunidad es hoy día el “motor económico fundamental en España” suena más a quimérico deseo que a fundamentada realidad, ya que los números resultan demoledores: somos una de las regiones con más paro de toda la Unión Europea, la Comunidad española con más deuda per cápita, la de mayor fracaso escolar…

¿Cómo vamos a afrontar, pues, el futuro?

Nuestras instituciones han enterrado un dinero difícilmente recuperable en dudosas inversiones, desde Terra Mítica hasta el aeropuerto de Castellón, pasando por el fantasmagórico nuevo Mestalla. Otras obras costosísimas, como la Ciudad de la Luz o el Ágora, apenas si generan ingresos para pagar su amortización. ¿De dónde saldrán todos los recursos necesarios?

Boluda y sus colegas de la AVE ya ha hecho su diagnóstico, que se podría resumir en austeridad pública, modificación de prioridades y asunción real de compromisos. Si eso no quita el sueño a un Consell convencido de que vive en el mejor de los mundos posibles, menos aun parece que la receta la tenga un desnortado y amortizado Rodríguez Zapatero. El único consuelo es que el país pronto se liberará de él. Un miembro de la Ejecutiva del PSOE me lo acaba de afirmar con rotunda convicción: “Nuestro hombre anunciará el próximo 2 de abril que no volverá a presentarse”.

Dios le oiga. Claro que si en Madrid y Valencia seguimos en manos de iluminados que creen estar haciéndolo fantásticamente bien, la salida de la crisis será mucho más larga y más difícil de lo que los valencianos nos merecemos.

L@s cuent@s de la Generalitat

Tiene razón el Síndico de Cuentas de la Comunidad, Rafael Vicente Queralt, al puntualizar que su contundente informe sobre las finanzas de la Generalitat en 2009 “no recoge el concepto de quiebra técnica, ya que se trata de un concepto mercantil no aplicable a la Administración Pública”.

Por supuesto. El Estado y las administraciones periféricas nunca han debido cerrar su actividad por bancarrota, como sí han hecho muchas empresas privadas a lo largo de la historia. Desde Felipe II hasta ahora, España ha suspendido pagos al menos una decena de veces y ya ven, aquí sigue.

Cuando le vienen mal dadas, un Estado acude a la máquina de fabricar billetes, aun a costa de la inflación. Lo malo es que España, como Grecia, no tiene ya esa facultad, cedida en la zona euro al Banco Central Europeo, por lo que sólo le cabe apelar a la deuda hasta que, como en el caso griego, Europa dice basta. El otro sistema, al que ha echado mano Rodríguez Zapatero, es el de subir impuestos, cosa a la que se resisten nuestras comunidades autónomas, por la limitación legal que tienen y por la impopularidad política que supone, prefiriendo, como en nuestro caso, protestar inútilmente contra el Gobierno central, por una parte, y endeudarse de manera creciente, por otra.

A ese endeudamiento excesivo, y a endilgarlo cada vez más a futuros ejercicios contables —hasta la friolera de 32.000 millones—, es a lo que se refiere en su análisis la Sindicatura de Cuentas.

Los partidos de la oposición, que para eso existen, se han echado como panteras sobre la suculenta pieza, con más pasión que rigor, dicho sea de paso, forzando al vicepresidente económico, Gerardo Camps, a denunciar el “clima de alarmismo injustificado” que provocan, “faltando claramente a la verdad de las críticas”. Pero, ¿tiene razón nuestro vicepresidente?

De entrada, sorprende el tirón de orejas al Consell por parte de la Sindicatura. Los miembros de todas las instituciones públicas de control son designados proporcionalmente por los partidos políticos y, en consecuencia, sus resoluciones resultan favorables a quien está en el poder. En el caso de los distintos tribunales de cuentas, siempre me ha dejado perplejo que algo aparentemente tan objetivo como el análisis contable lo vean de una manera todos los miembros nombrados por el PP y justo de una manera opuesta todos los designados por el PSOE.

Claro que esa tendenciosidad no es patrimonio exclusivo de las entidades públicas. También la padecen los órganos de control privado financiados por aquéllos a quienes tienen que fiscalizar. Eso ocurrió, por ejemplo, con la desaparecida empresa auditora Arthur Andersen, que dio por buenas las cuentas de Enron poco antes de la quiebra fraudulenta de esa firma y que acabó con su presidente, Kenneth Lay, condenado a 45 años de cárcel.

Pues bien: si, pese a esa citada proclividad hacia el poder, la Sindicatura de Cuentas se muestra crítica con aspectos importantes del balance económico del Consell, la cosa no es para tomársela a broma. Por otra parte, acaban de hacerse públicos los datos de la evolución del PIB en 2009 y la economía valenciana bajó ese año el 4,4% por ciento frente al 3,7 del conjunto del país mientras que, además, mantenemos la deuda más alta de España en proporción al PIB.

Con esos datos, y pese a los recortes ya efectuados por el Consell, mucho tendremos todos que arrimar el hombro para que la economía valenciana crezca en 2011 el 1,2% que vaticina con injustificado entusiasmo el secretario autonómico José Manuel Vela.

Dios le oiga.