El fraude de las TV públicas

La ley que creó las televisiones autonómicas en 1983 no preveía que iban a costar al contribuyente varios miles de millones de euros, como así ha sido. Su modesto objetivo era aumentar la pluralidad en un país donde sólo existían dos canales estatales de TV y, sobre todo, propiciar la emisión en lenguas vernáculas distintas del castellano allá donde se hablaran.

Ya ven que ese propósito queda lejos de la hemorragia económica a que ha llevado el que España sea el país del mundo con más televisiones públicas (y más caras).

La paradoja es que justo en la época de su instauración se privatizaban o cerraban medio centenar de medios de comunicación escritos pertenecientes al Estado.

Otro absurdo no menos notorio: si era lógica la creación de teles en euskera, catalán o gallego, ¿por qué habrían de abrirse otras en castellano en el resto de España? ¿Y por qué, sobre todo, hacerlo después de la eclosión de canales privados, algunos de los cuales han acabado por cerrarse?

La única explicación de todo ello es la conveniencia de unos políticos que han usado las televisiones autonómicas en beneficio propio y de sus servidores y paniaguados.

El cierre de Canal Nou supone, al parecer, un punto de inflexión en esa sangría económica aunque acabe siendo bandera de un nuevo combate político entre los que están en el poder y quienes aspiran a sucederles.

Eso no tiene nada que ver con la condición de servicio público que proclaman los defensores de ese faraónico modelo.

La televisión sólo es pública si no da los eventos deportivos, culebrones, concursos y películas que emiten los canales privados. Eso sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, claro, la PBS tiene una modesta audiencia del 2% debido a esa apuesta por la diferenciación y la calidad.

Para mantener el monumental tinglado de nuestras televisiones autonómicas tampoco es válido el argumento de la especificidad territorial y la cobertura informativa de acontecimientos locales. Eso podría solventarse como en Alemania, donde un solo canal federal, la ZDF, tiene tres horas diarias de desconexiones para que los distintos landër del país den su propia programación diferenciada.

Esa sí que sería una televisión autonómica sostenible y no el gigantesco fraude para los contribuyentes en que se han convertido nuestras TV públicas.

Bienvenida sea la sociedad civil

Hasta ahora, las entidades sociales y económicas de la Comunidad habían dejado la conducción de la cosa pública en manos de los políticos mientras ellas se dedicaban a sus quehaceres: en el caso de los empresarios, a ganar dinero, que para eso han sido unos años de bonanza en los que dichas entidades hacían el rendibú sucesivamente a Eduardo Zaplana y a Francisco Camps sin un solo atisbo de crítica.

Ahora que las cosas vienen mal dadas, se han despertado de su apacible letargo y elevan su voz para opinar, criticar y orientar sobre lo que tiene que hacer la Administración Pública. Bienvenida sea, pues, esa sociedad civil sin cuya participación no existe una democracia avanzada.

Y lo que dicen ahora esas entidades es dramático. Lo hizo el pasado lunes el presidente del AVE, Francisco Pons, en un repaso inmisericorde a las carencias de la Generalitat, exigiendo recortar costes, parar su creciente endeudamiento, privatizar entes públicos deficitarios y hasta profesionalizar los cargos del Consell.

Al día siguiente le tocó el turno a Leopoldo Pons, presidente de los economistas valencianos, quien presentó los resultados de una encuesta en la que sus colegiados suspenden a la economía valenciana con un 3,32 sobre 10 y efectúan unas previsiones “no muy alentadoras”, para decirlo finamente.

En eso apenas difieren del barómetro de la Fundación Ortega-Marañón, en el que los empresarios españoles puntúan con un 2,8 la situación económica del país mientras que el 79 por ciento de ellos afirma que su empresa ha sufrido “mucho o bastante” la crisis económica.

La imagen que se ofrece no puede ser más desalentadora. Pero volvamos a la Comunidad, donde el presidente de la Cámara de Comercio de Castellón, Salvador Martí, acaba de afirmar que "no siempre se ha hecho una gestión responsable de las arcas públicas porque no se pensó que llegarían las vacas". Más claro, agua.

¿Cómo ha respondido a todas estas consideraciones el poder político? Francisco Camps, inveterado optimista, ha reconocido por primera vez la existencia de algunas deficiencias en su gestión, pero no ha cogido realmente el toro por los cuernos, por usar la metáfora que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, aplicó a las reformas de Rodríguez Zapatero.

Camps admitió que hay que “cambiar aquellas dinámicas de otros tiempos y apostar ahora por un modelo más acorde” con la situación actual. Lamentablemente, se escudó en seguida en que “la Administración valenciana es la más barata” de todas, a pesar de ser “la peor financiada” por el Estado.

Si todas las comparaciones resultan odiosas, según el dicho popular, tampoco resuelven por sí mismas los problemas de retraso en el pago a proveedores, disminución de prestaciones sociales, encarecimiento de la deuda pública y mayor devengo de intereses, etcétera, etcétera. Pensemos, por ejemplo, que el Consell gasta más en hacer frente a su deuda que en bienestar social, según le ha recriminado el diputado socialista Antonio Torres.

Los problemas pendientes siguen pues ahí: frondoso parque de coches públicos mientras que en Gran Bretaña hay ministros que viajan en metro, familiares y amigos recolocados como asesores inútiles y prescindibles, ruinosas empresas públicas usadas para desviar el déficit presupuestario…

Todo esto no es patrimonio exclusivo de nuestra Comunidad, por supuesto. Pero hay que corregirlo. Para ayudar a poner las cosas en su sitio habrá que contar con la aparentemente renacida sociedad civil. Bienvenida sea, pues, y a dar el callo.