Fraude fiscal

Estamos metidos en el torpe debate de si subir o bajar los impuestos, de cuánto deben pagar los ricos y de quiénes son ricos y quiénes no.
Pero no se trata de eso.
Los países del centro y norte de Europa no nos reprochan a los del sur nuestro esquema fiscal, sino que mientras ellos pagan rigurosamente sus impuestos, aquí defrauda todo quisque. Por eso, cuando se ha sabido que el fraude impositivo en Grecia es superior al 25 por ciento, muchas voces europeas han dicho que a los griegos les ayude su señora madre.
Y es que el rigor fiscal resulta imprescindible.
Cuando Carlos Solchaga era ya exministro de Hacienda fue a asesorar a algunos países suramericanos. "¿Qué debemos hacer para mejorar nuestra economía?", le preguntaron. "Que la gente pague sus impuestos", dijo el exministro. "Si empezamos pidiendo lo imposible, mal vamos", fue la respuesta de los otros.
Ya ven que la cosa tiene sus perendengues.
¿Cuál es el fraude fiscal en España? No existen cifras, claro, y probablemente no alcance al de Grecia, pero que seguro que no le va muy a la zaga, al igual que en Italia y en otros países vecinos. En los impuestos indirectos todo el mundo conoce la consabida frase: "¿Le facturo con IVA o sin IVA?". En el alquiler de pisos aun es peor: solo en Benidorm, por ejemplo, se estima que la oferta ilegal de apartamentos y viviendas turísticas supera las 80.000 plazas. Han leído bien: 80.000.
¿Y qué decir del impuesto general sobre la renta? Desde gente que simplemente no declara por el morro a otros que se inventan hábiles desgravaciones, la picaresca es infinita. Y quienes menos pagan, por supuesto, son quienes más ingresan, porque no lo hacen mediante nóminas fácilmente comprobables.
Fui testigo, una vez, de una reunión empresarial en la que se hacía el balance anual de la entidad. "¿Cuánto tenemos que pagar de impuestos?", preguntó el presidente: "Dadas nuestras ganancias, 20 millones", le contestó el director general. "Ni de coña", replicó el otro: "Arregla los números para que solo paguemos 6". Y así se hizo.
No se trata, pues, de inventar nada ni de rescatar absurdos impuestos, como el de patrimonio, sino de que paguen quienes deben de pagar.
Unos más, por supuesto, y otros menos, pero que lo hagan todos. Y que al defraudador se le caiga el pelo. ¡Ah!: y que las empresas no tributen por los beneficios reinvertidos que sirvan para crear empleo, mientras que se les de un palo, en cambio, por el dinero que se llevan por la cara sus directivos.
Ya ven que las cosas son más fáciles de lo que parecen.

Los sueldos de la CAM y otros escándalos

La declaración del patrimonio de nuestros senadores y diputados muestra que la mayoría de ellos tiene un discreto pasar. Vamos, que sólo son ricos aquéllos que ya lo eran antes de dedicarse a la cosa pública, sea por herencia, por su actividad profesional previa o por un fructífero braguetazo.

Aun así, jamás he creído en ese forzado strip-tease de nuestra clase política, la cual, si miente en sus promesas electorales, ¿cómo no va a hacerlo en sus ingresos personales? No hay más que ver la valoración catastral de muchos de sus inmuebles, que es inferior a las hipotecas adeudadas, con lo que a bastantes políticos les sale un patrimonio negativo, como si fuesen pobres de pedir. Además, en previsión de esta morbosa e impuesta exhibición financiera, resulta muy fácil desviar fondos a cuentas de familiares, infravalorar activos inmobiliarios, disfrazar la titularidad de ciertas acciones, etcétera, etcétera.

Por cierto, y como inciso, llama la atención la querencia de los políticos por el ladrillo, habiendo colaborado como los que más a la sedicente burbuja financiera.

Lo escandaloso no son, pues, ni las rentas ni el patrimonio de nuestros representantes políticos, sino los de esa otra fauna próxima a ellos compuesta de directores y consejeros de empresas públicas, asesores, intermediarios, adjudicatarios y similares, que ni dan cuentas a nadie ni nadie se las pide.

Un lugar preeminente entre todos ellos lo tienen los directivos de las cajas de ahorros.

Conozco el caso de un político designado consejero de una caja por el partido en el que milita que llegó a ese puesto con una mano delante y otra detrás. Gracias a la privilegiada información financiera que ha obtenido en su cargo y a los créditos sin interés que le concedió la entidad financiera, a los cuatro años ya era millonario, en euros, se entiende.

También, con mayor o menor grado de incriminación, las prácticas cuando menos dudosas del socialista Hernández Moltó han llevado a la quiebra a Caja Castilla-La Mancha y las del cabildo catedralicio de Granada han hecho lo propio con Caja Sur.

¿Y qué ha pasado con nuestra CAM? Pues que por una desastrosa gestión la entidad alicantina sólo vale en realidad la tercera parte de lo que figura en los libros de contabilidad y necesita ahora 4.000 millones de nuestros impuestos para salir a flote. Mientras tanto, sus máximos gestores, Modesto Crespo, Roberto López y María Dolores Amorós, se lo han llevado crudo y son unos felices ricachones como lo era el difunto Alí Babá del cuento infantil.

¿No tienen ninguna responsabilidad en ello los políticos que lo han permitido a cambio de la financiación de proyectos sin ninguna rentabilidad o de préstamos a actividades partidistas inviables?

Menos mal que aquí no hubo la fusión regional de cajas que se habría llevado por delante a Bancaixa, bajo la tutela, hoy día, del prudente Rodrigo Rato. En una huída hacia delante, Núñez Feijóo impuso la fusión de las dos cajas gallegas y el engendro resultante es ahora un problema para el Banco de España. Lo propio hizo en Castilla y León Juan Vicente Herrera con Caja España y Caja Duero, a fin de tener una herramienta financiera regional, y a la postre ambas han caído en manos de Unicaja, andaluza y presidida por el socialista Braulio Medel, para más inri.

Si algún día llegáramos a conocer todas las interioridades de las cajas, ése sí que sería un auténtico escándalo. Pero me temo que toda la clase política está salpicada por él y que impondrá una férrea ley del silencio.