Robar a los pobres

El presidente de los médicos españoles, Rodríguez Sendín, se lo ha puesto a huevo al Gobierno para que siga estrujando a los ciudadanos al proponer que se multe por la utilización indebida de la asistencia médica: una vez más, que se rasquen el bolsillo los usuarios, como con el copago y otras fechorías.

¿Por qué nuestro hombre no ha propuesto, en cambio, que se persiga el soborno de los médicos por las compañías farmacéuticas o se castigue a los directivos sanitarios que infrautilizan costosísimos materiales hospitalarios o descuidan su mantenimiento en perjuicio del contribuyente?

Nos encontramos al revés que en la mitología romántica, en la que nobles salteadores de caminos, como Robin Hood o Dick Turpin, robaban a los ricos para dárselo a los pobres. Ahora son las instituciones quienes asaltan a los pobres para dárselo, por ejemplo, a unos consejeros de bancos y cajas de ahorros que los han estafado con participaciones preferentes o deuda subordinada. Asimismo, el creciente desfase de la sanidad pública se atribuye a los enfermos y no a unos gestores de la cosa pública ineficaces e imprevisores.

Reconozco, no obstante, que es más fácil robar a los pobres que a los ricos. Éstos, para proteger sus bienes, ya no necesitan, como antaño, tener a su lado pesadas cajas fuertes de complejas estructuras. Ahora poseen SICAVs y otros instrumentos financieros y quienes guardan sus tesoros lo hacen en paraísos fiscales, con cuentas cifradas, limpias de polvo y paja.

Así no hay manera. Lo peor de todo es que hasta los modosos funcionarios de antes, como Cristóbal Montoro, se han apuntado a la moda de esquilmar a los pobres, ideando nuevas figuras tributarias, mientras que amnistían periódicamente a los que se llevan su dinero a Suiza.

¡Si Robin Hood y Dick Turpin levantasen la cabeza!   

Dinero en Suiza

El senador Francisco Granados ha admitido que tenía dinero en Suiza, aunque obtenido al margen de la política y antes de dedicarse a ella. Quizás sea así, pero yo no conozco personalmente a nadie que, como él, como Luis Bárcenas y como algunos otros, lleve sus presuntos ahorros a Zürich o Ginebra, en vez de guardarlos en el banco del barrio.

No hace mucho, el informático Hervé Falciani pirateó los archivos de la entidad financiera HSBC y descubrió que 659 españoles —entre ellos, el padre de Artur Mas y varios miembros de la familia de Emilio Botín—tenían depósitos ocultos en aquel banco suizo. Todo se saldó felizmente para ellos con el pago atrasado de su fraude a Hacienda y aquí paz y después gloria.

Como se ve, la gente de posibles, que se decía antes, esconde parte de su fortuna allende nuestras fronteras para sustraerlas al Fisco y que seamos quienes no tenemos un duro ni cuentas secretas suizas donde guardarlo, quienes paguemos los impuestos y mantengamos lo que queda del maltrecho estado de bienestar.

Y es que, a lo que se ve, nuestros ricos ni son solidarios ni les importa un comino nuestro país.

Un ejemplo reciente de este desinterés lo acaba de proporcionar el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, molesto, a lo que se ve, por la nueva regulación tarifaria de la electricidad, al afirmar que su compañía es ya más británica, americana o mexicana que española. En consecuencia, ha decidido no invertir más dinero aquí y seguir haciéndolo fuera.

Luego hablamos de los sacrificios que hay que hacer para salir de la crisis. Lo que está visto es que quienes tienen dinero en Suiza, al margen de que lo hayan ganado honradamente o no, prefieren que seamos los demás quienes nos sacrifiquemos. 

La prescripción de Urdangarin

En vez de estarse calladito, Iñaki Urdangarin pide ahora que se consideren prescritos  sus presuntos delitos fiscales cometidos entre 2003 y 2005.

Está en su derecho, claro. Cualquier imputado también tiene el derecho procesal a mentir, aunque eso no le haga parecer más inocente a los ojos de la sociedad.

Aparte de los otros posibles delitos que se les imputan, Urdangarin y su socio deberían pagar a Hacienda por su fraude fiscal no menos de cinco millones. En momentos como éste, en que el Estado nos cruje a los demás ciudadanos con una presión fiscal de órdago, semejante cifra supone por sí misma un escándalo mayúsculo.

Y es que Urdangarin posee el raro mérito de provocar él solo más alarma social que cualquier otro sospechoso de delito alguno. Con sus tejemanejes, ha causado un cuantioso daño a la empresa que le tenía contratado, Telefónica, que ha sufrido la baja de decenas de miles de abonados, escandalizados por su sueldo millonario.

También, tras casi cuarenta años de monarquía constitucional, él solo ha erosionado la institución más que todas las campañas de los republicanos más recalcitrantes. Ya me dirán si no tiene delito el hombre.

Lamentablemente para él, el susodicho ha logrado concitar el rencor de unos ciudadanos dolidos por el derroche, la corrupción y la codicia de muchos de sus dirigentes.

Y aún habremos de ver más episodios de este culebrón procesal. Nos tememos, incluso, que la presunta modestia sobrevenida a la familia Urdangarin al dejar su mansión de Pedralbes sólo sea el preludio de la venta del inmueble para escamotearlo así a las responsabilidades civiles del imputado.

   

Fraude fiscal

Estamos metidos en el torpe debate de si subir o bajar los impuestos, de cuánto deben pagar los ricos y de quiénes son ricos y quiénes no.
Pero no se trata de eso.
Los países del centro y norte de Europa no nos reprochan a los del sur nuestro esquema fiscal, sino que mientras ellos pagan rigurosamente sus impuestos, aquí defrauda todo quisque. Por eso, cuando se ha sabido que el fraude impositivo en Grecia es superior al 25 por ciento, muchas voces europeas han dicho que a los griegos les ayude su señora madre.
Y es que el rigor fiscal resulta imprescindible.
Cuando Carlos Solchaga era ya exministro de Hacienda fue a asesorar a algunos países suramericanos. "¿Qué debemos hacer para mejorar nuestra economía?", le preguntaron. "Que la gente pague sus impuestos", dijo el exministro. "Si empezamos pidiendo lo imposible, mal vamos", fue la respuesta de los otros.
Ya ven que la cosa tiene sus perendengues.
¿Cuál es el fraude fiscal en España? No existen cifras, claro, y probablemente no alcance al de Grecia, pero que seguro que no le va muy a la zaga, al igual que en Italia y en otros países vecinos. En los impuestos indirectos todo el mundo conoce la consabida frase: "¿Le facturo con IVA o sin IVA?". En el alquiler de pisos aun es peor: solo en Benidorm, por ejemplo, se estima que la oferta ilegal de apartamentos y viviendas turísticas supera las 80.000 plazas. Han leído bien: 80.000.
¿Y qué decir del impuesto general sobre la renta? Desde gente que simplemente no declara por el morro a otros que se inventan hábiles desgravaciones, la picaresca es infinita. Y quienes menos pagan, por supuesto, son quienes más ingresan, porque no lo hacen mediante nóminas fácilmente comprobables.
Fui testigo, una vez, de una reunión empresarial en la que se hacía el balance anual de la entidad. "¿Cuánto tenemos que pagar de impuestos?", preguntó el presidente: "Dadas nuestras ganancias, 20 millones", le contestó el director general. "Ni de coña", replicó el otro: "Arregla los números para que solo paguemos 6". Y así se hizo.
No se trata, pues, de inventar nada ni de rescatar absurdos impuestos, como el de patrimonio, sino de que paguen quienes deben de pagar.
Unos más, por supuesto, y otros menos, pero que lo hagan todos. Y que al defraudador se le caiga el pelo. ¡Ah!: y que las empresas no tributen por los beneficios reinvertidos que sirvan para crear empleo, mientras que se les de un palo, en cambio, por el dinero que se llevan por la cara sus directivos.
Ya ven que las cosas son más fáciles de lo que parecen.