Desigualdades económicas

Todos los indicadores sociales manifiestan que crece la desigualdad económica entre las personas, no sólo en España, sino en el resto del mundo. Es un efecto colateral de la crisis, dicen.

Lo curioso es que cuando se propone alguna medida para paliarlo, la gente responde negativamente. Es lo que ha sucedido en Suiza, donde se ha rechazado en referéndum establecer un salario mínimo en 3.270 euros. “Eso haría bajar la productividad y encarecería el precio de las cosas”, han dicho sus detractores.

Su postura refleja algo hondamente establecido en el subconsciente colectivo: que pretender igualar económicamente a las personas no es algo socialmente justo, sino lo contrario.

Las manifestaciones públicas, en cambio, van en otra dirección y el personal se escandaliza de que los directivos de las principales empresas —Pablo Isla, Falcones, Sánchez Galán, Alierta,…— perciban más de 7 millones anuales. Sin embargo, se queda tan frío ante los 20 millones de Messi mientras gran parte de los futbolistas profesionales cobran cuatro duros, y eso, si los cobran.

En la misma línea, nos ponemos como panteras cuando la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, se atreve a proponer la rebaja del salario mínimo a personas sin formación. Por el contrario, nadie reflexiona en voz alta sobre la quiebra del modelo igualitario de Fagor y el cooperativismo de Mondragón.

De alguna manera, como en el ejemplo futbolístico, hay que considerar que “a trabajo igual, salario igual” y “a trabajo distinto, sueldo diferente”.

En esa diferenciación movilizadora de los recursos económicos no radica la injusticia social, sino en que el Estado no sepa reparar luego los déficits sociales que se producen. Y, en eso, la ineficacia de nuestra Administración  —y de otras— es clamorosa.

¿Cómo va a haber luego una redistribución de la riqueza cuando nuestra fiscalidad es decepcionante? Mientras existan paraísos fiscales para ricos, instrumentos financieros de gran opacidad y un fraude fiscal superior al 20% de nuestro PIB, sí que habrá injusticia. Ésta no radica, insisto, en la diferenciación de rentas, sino en el tratamiento fiscal de esas rentas y en cómo se utilizan. Pero hablar de eso, claro, es menos cómodo y menos fácil que hacer otro tipo de demagogias.

 

La prescripción de Urdangarin

En vez de estarse calladito, Iñaki Urdangarin pide ahora que se consideren prescritos  sus presuntos delitos fiscales cometidos entre 2003 y 2005.

Está en su derecho, claro. Cualquier imputado también tiene el derecho procesal a mentir, aunque eso no le haga parecer más inocente a los ojos de la sociedad.

Aparte de los otros posibles delitos que se les imputan, Urdangarin y su socio deberían pagar a Hacienda por su fraude fiscal no menos de cinco millones. En momentos como éste, en que el Estado nos cruje a los demás ciudadanos con una presión fiscal de órdago, semejante cifra supone por sí misma un escándalo mayúsculo.

Y es que Urdangarin posee el raro mérito de provocar él solo más alarma social que cualquier otro sospechoso de delito alguno. Con sus tejemanejes, ha causado un cuantioso daño a la empresa que le tenía contratado, Telefónica, que ha sufrido la baja de decenas de miles de abonados, escandalizados por su sueldo millonario.

También, tras casi cuarenta años de monarquía constitucional, él solo ha erosionado la institución más que todas las campañas de los republicanos más recalcitrantes. Ya me dirán si no tiene delito el hombre.

Lamentablemente para él, el susodicho ha logrado concitar el rencor de unos ciudadanos dolidos por el derroche, la corrupción y la codicia de muchos de sus dirigentes.

Y aún habremos de ver más episodios de este culebrón procesal. Nos tememos, incluso, que la presunta modestia sobrevenida a la familia Urdangarin al dejar su mansión de Pedralbes sólo sea el preludio de la venta del inmueble para escamotearlo así a las responsabilidades civiles del imputado.

   

Contra la crisis, más fraude

Mientras Grecia no tiene solución, nos dice en un reciente ensayo el periodista Petros Márkaris, un montón de griegos se beneficia de la crisis.

Su análisis, por mucho que nos duela, es aplicable a España milimétricamente.

Entre los beneficiarios del desastre están quienes se enriquecieron con el boom inmobiliario y ahora tienen su dinero a buen recaudo en paraísos fiscales. ¿Les suena eso?

Seguro que sí. Como también les sonará el chollo de decenas de miles de enchufados por los partidos políticos tradicionales en detrimento de los funcionarios de oposición. O la cantidad de agricultores que, en vez de invertir en tractores, se han gastado dudosas subvenciones de la UE en comprar BMWs y otros gastos suntuarios.

Pero lo más traumático es que, a mayor presión fiscal para cuadrar las cuentas del Estado, mayor fraude tributario por aquéllos privilegiados que pueden hacerlo. Me refiero a ese creciente número de profesionales autónomos y de empresas que facturan sin IVA, dejando de ingresar en Hacienda decenas de miles de millones.

Claro que al Gobierno le resulta más fácil penalizar a funcionarios, pensionistas y contribuyentes en general que luchar contra el fraude que supone ese 22 ó 23% de economía sumergida y sin control.

No es sólo que los defraudadores dejen de pagar el IVA, sino que esos empresarios fraudulentos también pagan en consecuencia menos impuesto de sociedades y de IRPF, en una espiral de alegre y continuado latrocinio.

Sólo con evitar tanto fraude acumulativo, no harían falta recortes, rescates ni otras cirugías sociales. Pero, ¿quién es el guapo que se atreve a poner el cascabel a ese gato?

Fraude fiscal

Estamos metidos en el torpe debate de si subir o bajar los impuestos, de cuánto deben pagar los ricos y de quiénes son ricos y quiénes no.
Pero no se trata de eso.
Los países del centro y norte de Europa no nos reprochan a los del sur nuestro esquema fiscal, sino que mientras ellos pagan rigurosamente sus impuestos, aquí defrauda todo quisque. Por eso, cuando se ha sabido que el fraude impositivo en Grecia es superior al 25 por ciento, muchas voces europeas han dicho que a los griegos les ayude su señora madre.
Y es que el rigor fiscal resulta imprescindible.
Cuando Carlos Solchaga era ya exministro de Hacienda fue a asesorar a algunos países suramericanos. "¿Qué debemos hacer para mejorar nuestra economía?", le preguntaron. "Que la gente pague sus impuestos", dijo el exministro. "Si empezamos pidiendo lo imposible, mal vamos", fue la respuesta de los otros.
Ya ven que la cosa tiene sus perendengues.
¿Cuál es el fraude fiscal en España? No existen cifras, claro, y probablemente no alcance al de Grecia, pero que seguro que no le va muy a la zaga, al igual que en Italia y en otros países vecinos. En los impuestos indirectos todo el mundo conoce la consabida frase: "¿Le facturo con IVA o sin IVA?". En el alquiler de pisos aun es peor: solo en Benidorm, por ejemplo, se estima que la oferta ilegal de apartamentos y viviendas turísticas supera las 80.000 plazas. Han leído bien: 80.000.
¿Y qué decir del impuesto general sobre la renta? Desde gente que simplemente no declara por el morro a otros que se inventan hábiles desgravaciones, la picaresca es infinita. Y quienes menos pagan, por supuesto, son quienes más ingresan, porque no lo hacen mediante nóminas fácilmente comprobables.
Fui testigo, una vez, de una reunión empresarial en la que se hacía el balance anual de la entidad. "¿Cuánto tenemos que pagar de impuestos?", preguntó el presidente: "Dadas nuestras ganancias, 20 millones", le contestó el director general. "Ni de coña", replicó el otro: "Arregla los números para que solo paguemos 6". Y así se hizo.
No se trata, pues, de inventar nada ni de rescatar absurdos impuestos, como el de patrimonio, sino de que paguen quienes deben de pagar.
Unos más, por supuesto, y otros menos, pero que lo hagan todos. Y que al defraudador se le caiga el pelo. ¡Ah!: y que las empresas no tributen por los beneficios reinvertidos que sirvan para crear empleo, mientras que se les de un palo, en cambio, por el dinero que se llevan por la cara sus directivos.
Ya ven que las cosas son más fáciles de lo que parecen.