Nadie es responsable

Resultan penosas todas y cada una de las sesiones parlamentarias de control al Consell. En la de este jueves, el nuevo portavoz socialista, Antonio Torres, echaba la culpa de todos nuestros males económicos al Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que Alberto Fabra aludía una vez más a la desastrosa herencia recibida de Rodríguez Zapatero.

Siempre la misma cantinela.

¿Nadie es capaz de reconocer siquiera un solo error propio? Esa falta de autocrítica resulta particularmente notoria en el PP, ya que la política dispendiosa y manirrota de Francisco Camps ha dejado a nuestra Comunidad en situación más vulnerable que otras.

La tozuda actitud de mantenella y no enmendalla es común a todas las ideologías. La practica aquí el partido de Gobierno, en el que ningún responsable político tanto de la Diputación como del Ayuntamiento de Valencia asume responsabilidad alguna en el saqueo de Emarsa durante el mandato de Enrique Crespo y Esteban Cuesta.

Más pintoresco resulta aun el caso del presidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, defendiendo a su ex consejero Antonio Fernández, encarcelado por el fraude millonario de los EREs.

¿Pero es que no hay nadie con una pizca de sentido común?

Otra frase curiosa de esta semana que acaba es la pronunciada por nuestro conseller de Economía, Máximo Buch. Preguntado por la continuidad de José Luis Olivas al frente de Bancaixa, se llama a andanas, como si la Generalitat no hubiese tenido nada que ver con su nombramiento al frente de la entidad.

Todas y cada una de las Comunidades Autónomas, sin excepción, son responsables del nombramiento de los presidentes de las cajas de ahorro, del amiguismo practicado por ellos en la concesión de créditos y del injusto y vertiginoso enriquecimiento de sus directivos.

Otro que tal baila es el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, conocedor del lío contable de esas entidades de crédito y culpable por ello del aumento de su morosidad, de su insolvencia y de su falta de liquidez.

En Estados Unidos también tuvieron un problema derivado de su propio boom inmobiliario, iniciado por la política de Bill Clinton de créditos baratos para la adquisición de viviendas por todo el mundo. A diferencia de aquí, se pinchó enseguida la burbuja inmobiliaria, algunas entidades de crédito quebraron, el valor de los inmuebles bajó a la mitad, el dinero se movió de unas manos a otras y, en consecuencia, el crédito pudo seguir fluyendo hacia las empresas y los particulares. Gracias a ello, la economía norteamericana salió bien pronto de la crisis económica.

Justo, todo lo contrario de lo sucedido aquí, donde se ha pretendido salvar lo insalvable, se ha dejado a los banqueros salirse de rositas y se ha paralizado la economía por culpa del dinero enterrado en el ladrillo.

De todo ello habrá que exigir responsabilidades algún día, más bien pronto que tarde. No se trata de ningún juicio penal, como el del ex primer ministro islandés Geir Haarde, en el que lógicamente ha sido absuelto. Pero sí, en cambio, de asumir la responsabilidad política que ha acabado con la carrera del islandés.

Ya ven que no es mucho lo que se pide. Tan sólo que en vez de echarse la culpa unos a otros nuestros políticos nos digan humildemente  a los ciudadanos: “Lo sentimos, lo hemos hecho mal”.

Pero ni por ésas.    

Doblegar a los mercados

Un amigo mío confía en que el probable triunfo del francés François Hollande permita “doblegar a los mercados”, como si éstos fuesen unos tipos siniestros a los que habría que enchironar.

Muchos progres como él parecen ignorar que los mercados financieros existen porque hay quienes necesitan dinero y le piden el suyo a quienes han sabido ahorrarlo. Lo razonaba muy bien hace años otro socialista, Javier Solana, al explicar que los jubilados japoneses, por ejemplo, buscan la mayor rentabilidad de sus ahorros mediante unos gigantescos fondos que mueven los tipos de interés en un sentido u otro.

Claro que si el Gobierno español —y el griego y el italiano y todos los demás— no pidiese cada mañana dinero a los prestamistas ni habría mercados financieros ni la madre que los parió.

Por eso, ignorar a los mercados —y, pero aun, intentar “doblegarlos” — es un ejercicio tan inútil como oponerse a la ley de la gravedad.

Lo que Hollande y otros bienintencionados congéneres pretenden es seguir gastando como antes en una loca carrera que sólo conduce al fin del estado de bienestar. ¿O es que los griegos vivirían mejor de no haber logrado el rescate financiero internacional? ¿Acaso ellos y nosotros seguiríamos disfrutando indefinidamente de unos beneficios sociales que no podemos costear? ¿Y qué culpan tienen de nuestros dispendios los pobres pensionistas japoneses y los pequeños ahorradores de Singapur o de Badajoz?

Así que no hay otra que atarse los machos. Lo que sí se puede —y se debe— es pedir a Rajoy, Merkel y compañía que aten más corto a quienes más lo merecen y no al revés. Todo lo demás sólo sirve para desviar la atención de nuestro irresponsable derroche colectivo.

Diputados "con decoro"

Como si no tuviesen nada mejor que hacer, Las Cortes Valencianas vigilarán desde el próximo Pleno el decoro en la vestimenta y en las actitudes de sus parlamentarios.

La norma, aprobada a instancias del presidente de la Cámara, Juan Cotino, va dirigida expresamente contra las camisetas de la representante de Compromís Mónica Oltra y los excesos de otros diputados de la oposición e invitados propensos a la algarada.

“Aprobar una norma de ese tipo nos hace parecer como unos fachas o algo por el estilo”, me dice un diputado del PP, disconforme con la medida: “Para evitar los excesos bastaba con la reglamentación existente, sin necesidad de ofrecer carnaza a nuestros rivales”.

Su argumentación no va contra la necesidad de un correcto comportamiento parlamentario — “los que practican el desplante, la descalificación y el alboroto en el fondo no creen en la democracia y sustituyen su falta de votos con el exceso de gritos”, me explica—, sino contra la oportunidad de una norma concreta como ésta.

Es que las formas muchas veces son tan importantes como el fondo de cualquier cuestión. Los que tuvimos la oportunidad de conocer al presidente catalán Josep Tarradellas, defensor a ultranza del protocolo institucional y de la cortesía parlamentaria, le oímos decir más de una vez: “En política, cuando se pierden la urbanidad y las buenas maneras también se pierde la razón”.

Se puede pensar que aquellos tiempos, los de la Transición a la democracia, eran otros tiempos y que ahora no se puede limitar la “libertad de expresión”, como aducen los partidarios de hacer de su capa un sayo.

Pero precisamente en aquellos tiempos también se creía en la informalidad, como le ocurrió al socialista Manuel Marín, quien luego llegaría a presidente del Congreso. Comentaba en una ocasión su debut en Las Cortes siendo un joven profesor con atuendo progre. Su prestigioso correligionario Gregorio Peces Barba le interpeló: “¿Adónde va usted con esa facha? Cómprese enseguida ropa como Dios manda”. Y el compungido Marín volvió al rato, “tras reconocer que Gregorio tenía razón y haberme comprado mi primer traje con chaleco”.

Anécdotas aparte, aquí y ahora podremos comprobar muy pronto si con la aprobación de la norma Cotino no va a ser peor el remedio que la enfermedad y si la conculcación de la norma le va a dar nuevos réditos políticos a los diputados insumisos.

Con todo, el problema de verdad no es la vestimenta de los parlamentarios sino la quiebra de nuestra economía. El mes que viene, la Generalitat tiene que devolver más de 3.000 millones a las entidades financieras, además de afrontar los pagos atrasados a los proveedores de la Administración. Todo un problemón mientras arrecian los recortes en educación y en sanidad. Como dijo esta semana Alberto Fabra en la romería de la Santa Faz, “no hay dinero para garantizar el Estado de bienestar”.

Más dramático aun es el vaticinio de un economista amigo mío que prevé “la próxima intervención por parte del Estado de la comunidad de Murcia o la nuestra”. La explicación: “Las dos son de las más endeudadas y a ambas las administra el PP, con lo que no se podría criticar a Mariano Rajoy de sectario, a diferencia de lo que sucedería si interviniese a Cataluña o a Andalucía”.

Sin necesidad, pues, de que se cumpla predicción tan dramática, hay cosas más graves de qué preocuparse que de la vestimenta de Mónica Oltra y otros congéneres.

Pensar por uno mismo

Ya no quedan tabúes. La escandalera por el inoportuno y oculto safari del rey Juan Carlos en Botsuana demuestra que hasta los monárquicos han levantado la veda de las críticas a la casa real.

La crisis económica, por su parte, está ayudando muy mucho a cuestionar a personas y a actitudes hasta ahora inmunes a la censura.

Por ejemplo: en una reciente encuesta, muchos votantes del PP manifestaban que Mariano Rajoy va improvisando sobre la marcha y que en realidad no sabe adónde va. También no pocos partidarios del PSOE critican a ese partido por no arrimar más el hombro en esta hora difícil.

Hasta hace bien poco, en cambio, las opiniones y hasta los pensamientos de unos y de otros estaban condicionados por sus respectivas anteojeras ideológicas, como las de los forofos de cualquier equipo de fútbol.

Por eso, cuando uno leía un periódico o escuchaba a un contertulio televisivo sabía de antemano cuál iba a ser su postura sobre el tema que se cuestionaba.

Pero ya no. En esta hora errática de certidumbres perdidas, uno lee editoriales o escucha opiniones que le sorprenden por su desprejuiciada franqueza.

Esta nueva actitud no es patrimonio de la izquierda o de la derecha. Uno ve a comentaristas conservadores poner como chupa de dómine los recortes económicos del Gobierno y a columnistas de izquierdas abominar de las subvenciones públicas y hasta de dogmas progres como la paridad de género.

Bienvenida sea esta nueva hora de libertad de pensamiento y de palabra, por la higiene intelectual que supone en un país siempre abocado al cainismo.

No sé cuánto durará esta moda, pero mientras lo haga, aunque no dejemos por ello de ser más pobres, al menos seremos más libres.

Cannabis y otros referendos

El pueblo de Rasquera ha dicho sí a la producción industrial de marihuana como medida para luchar contra la crisis. Mañana, otro pueblo, con igual o distinto motivo, puede aprobar en referendo la creación de una escuela de sicarios o la venta al por mayor de fusiles Kalashnikov. Una vez cruzado el umbral de la legalidad, cualquier cosa es posible.

La culpa la tiene el dichoso mantra del “derecho a decidir”, acuñado por los nacionalismos de este país. Bajo la apariencia democrática de ese principio, se iniciaron consultas “populares” sobre la independencia de Cataluña y se puede acabar proponiendo hasta una grotesca declaración de guerra a Indonesia.

Y es que no hay nada menos democrático que la consulta sin ton ni son, al margen de los cauces legales, de propuestas a cual más disparatada. ¿Para qué nos hemos dotado de leyes y de instrumentos representativos, desde partidos políticos a Parlamentos, si no es para organizar mejor nuestra convivencia y darla reglas con las que regirla?

Si se generalizase de forma arbitraria el referendo como medio directo de acción política, el caos acabaría imponiéndose sobre el sentido común. Probablemente, ningún pueblo aceptaría tener una cárcel en su término municipal y la mayoría de los ciudadanos votaría contra la creación de impuestos o pediría la mismísima Luna a sus gobernantes.

Por eso, el permitir y hasta jalear sucesos como el de Rasquera no amplía la base de nuestra democracia, sino que por el contrario erosiona de forma grave la legalidad y socava el principio mismo de la democracia representativa que, en el caso de España, tantos y tantos sacrificios nos ha costado lograr.

Más universidades, peores alumnos

En España tenemos más universidades (79) que aeropuertos (49), que ya es decir. De momento, acaba de cerrarse el ruinoso aeropuerto de Ciudad Real —¿y qué pasa con el de Castellón?—, mientras que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, insinúa que habría que hacer lo propio con algunos centros universitarios.

La Comunidad Valenciana no va precisamente en esa dirección: a las 5 universidades públicas y a las dos católicas existentes hoy día se añadirá otra más de carácter confesional en el curso 2013-2014. A ellas habría que sumar la UNED y la VIU, con sus cursos a distancia, y otra docena más de centros privados de estudios superiores.

¿Tanta floración de instituciones docentes redunda en una formación mejor de nuestros estudiantes? Me temo que no. El ministro de Educación acaba de reconocer que aquí el abandono de las respectivas carreras es el doble que en el resto de Europa, que el paro entre los titulados superiores llega al 21% y que no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo.

Se trata, pues, de un panorama desolador.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana no tenemos estadísticas específicas, aunque la realidad podría ser todavía peor, dadas las calificaciones de nuestras universidades en las convocatorias para los Campus de Excelencia. Pero, además, es que partimos de una situación dramática, en comparación con el resto de España.

Por lo que sabemos, en la Comunidad la tasa de fracaso escolar duplica a la de la Unión Europea, y en la Evaluación General de niños de 9 y 10 años estamos a la cola de España, sólo por delante de Ceuta y Melilla.

¿Y qué pasa con el informe internacional PISA, que evalúa los conocimientos de alumnos de 15 años de 62 países?

Pues sucede que nuestro país está en el pelotón de cola y descendiendo de un informe a otro. Pero es que, además, ni Extremadura ni la Comunidad Valenciana han querido someterse a dicho análisis. En tiempos de Font de Mora como conseller de Educación, se argüía para ello que se trataba de una evaluación imprecisa y hasta redundante con otras. Ahora, con María José Catalá al frente, el argumento es que el coste de 100.000 euros resulta excesivo.

En cualquier caso, son disculpas para evitar que quede en evidencia nuestro sistema escolar, lastrado tanto por la escasa implicación de las familias en el proceso educativo —poco más del 10% más politizado y combativo participa en las asociaciones de padres—, como por la excesiva agitación de unos sindicatos que suelen utilizar las aulas como foros de movilización política.

Con estos endebles mimbres de la educación secundaria resulta imposible hacer luego un buen cesto en la enseñanza superior. Por eso, la reforma educativa en la Comunidad debería ser de abajo a arriba y no sólo podando la formación universitaria de todas sus duplicidades y excesos.

En esto, el Consell de Alberto Fabra, como el de su inefable predecesor no tiene la coartada de los posibles errores del Gobierno central, ya que se trata de una competencia suya en exclusiva y de cuya dotación económica siempre han alardeado.

Pero, entre rifirrafes políticos, discusiones conceptuales, ocurrencias como la Educación para la Ciudadanía en inglés, desvíos presupuestarios y falta de formación del profesorado, estamos como estamos.

Podemos presumir, pues, de tener más universitarios que nadie, pero me temo que también debemos reconocer que tenemos el peor sistema educativo de todos.

La corrupción nos importa un pito

Acaba de dimitir el presidente húngaro, Pal Schmitt, por haber plagiado su tesis doctoral. Hace unos meses dimitió el ministro de defensa alemán, barón de Gutenberg, por la misma causa.

Aquí, en cambio, el plagio debemos considerarlo simplemente como una más de las bellas artes. Lo han practicado, pública y notoriamente, desde la escritora Lucía Etxebarría al psicólogo Jorge Bucay, pasando por la presentadora televisiva Ana Rosa Quintana y muchos otros. Y ninguno de ellos ha visto perjudicada su exitosa carrera profesional por tan nimio motivo.

Ya ven qué distinto comportamiento el de unas sociedades y otras. Es más, desde el sinvergüenza Luis Roldán, hace ya treinta años, hasta hoy, docenas de políticos españoles se han inventado apabullantes y sonoras biografías sin que nadie les haya mandado a casa o, simplemente, se haya escandalizado por ello.

En el fondo, las mismas conductas que en países con otros códigos morales se reputan como delitos aquí nos las tomamos a cachondeo y hasta admiramos muchas veces a sus autores.

Por eso —y de verdad que lo siento—, se han equivocado muy mucho aquellos políticos que en España han hecho bandera de la lucha contra la corrupción. Su batacazo electoral ha sido clamoroso, tanto el del valenciano Jorge Alarte, centrado únicamente en su guerra contra el caso Gürtel, o el Javier Arenas denunciando un día sí y otro también los falsos EREs en Andalucía.

Y es que, nos guste o nos desagrade, aún somos un país de pícaros y trapisondistas, más parecido a la corte de los milagros de Valle-Inclán, que a una sociedad solidaria, equitativa y justa.