Por qué nos decepciona Europa

Jamás Europa ha vivido una época de paz tan prolongada como la actual. Ése fue el objetivo del Tratado de 1957 y ése ha sido el éxito impensable de los precursores de la UE. ¿Por qué, entonces, la creciente desafección de los ciudadanos a la Unión?

Una gran mayoría de los europeos de hoy, claro está, no vivió la tragedia de la última guerra mundial ni las represalias ni éxodos de la posguerra. Por eso no tienen pretéritos horrores que enterrar.

Al revés: beneficiarios que han sido de un sistema de protección social sin igual durante décadas de expansión económica, bastantes de ellos sólo perciben ahora los recortes de la actual crisis económica y añoran un pasado nacional de autarquía, de fuerte identidad nacional y de falso e idealizado bienestar.

También es verdad que los ciudadanos no entendemos muchas de las decisiones de los políticos y los burócratas de Bruselas, es verdad que a veces legislan sobre detalles ínfimos y prescindibles de nuestras vidas y es verdad que la actividad de los eurodiputados se asemeja en ocasiones a unas vacaciones políticas bien remuneradas.

Pero, sobre todo ello, sigue siendo verdad que la paz de que goza Europa es algo envidiable e impagable y que lógicamente atrae a los desheredados de otras partes del mundo.

Aún así, los políticos de la UE, con el ánimo de aparentar que rigen una auténtica potencia política mundial, en vez de administrar un amable acuerdo de convivencia vecinal, se meten en berenjenales para los que no están cualificados. Por ejemplo, toman partido en el conflicto sirio por el bando rebelde que, sin ser mejor que el otro, va a perder la guerra civil, y animan en cambio en Ucrania a los partidarios de ingresar en la UE al precio de provocar la escisión de la parte pro rusa del país.

Son muchas contradicciones que los políticos europeos se muestran incapaces de explicar. En vez de ello, bastaría con que nos transmitiesen cómo podría ser una Europa de vuelta a las fronteras y los enfrentamientos internos que ello podría generar, para vencer de ese modo nuestro euroescepticismo y darnos cuenta de que, con todos sus defectos, la UE es lo menos malo que nos puede suceder.     

               

"¿Europa nos roba?"

Según la propaganda del PP, Arias Cañete es el mejor candidato para “defender a España en la Unión Europea”.

¡Cielos! ¿Es que acaso la UE nos ataca? O, simplemente, ¿es que Europa nos roba, como los independentistas más radicales afirman que España lo hace a Cataluña?

Semejantes manifestaciones, aparte de mentiras, son el paradigma perfecto de la insolidaridad. Ahora que España ha pasado de ser un país receptor de fondos a convertirse en contribuyente neto de la UE, resulta que hay que defenderse de ella. Y dado que Cataluña tiene el doble de renta que Extremadura, el que tenga una mayor aportación contributiva supone que Espanya ens roba.

En el fondo, se trata de una misma actitud etnocentrista, cicatera e insolidaria. Desde siempre, los sucesivos gobernantes españoles, llámense José María Aznar o Rodríguez Zapatero, han presumido de ser los mejores defensores de España ante la Unión Europea. Y los eurodiputados no digamos. Pero, ¿acaso no van éstos a Bruselas precisamente a defender la UE, a hacerla más sólida, justa y participativa? Pensar otra cosa es lo mismo que si un diputado de Cuenca o de Orense fuese a Las Cortes exclusivamente a defender a sus paisanos frente a las leyes españolas.

Con semejante actitud localista y aldeana, nuestros políticos pretenden luego que los ciudadanos acudamos a votar en las elecciones al Parlamento europeo, “porque Europa es lo importante”. Ya. Si la derecha más rancia ha acusado al comisario Joaquín Almunia de ser “poco patriota” al anteponer la legalidad europea a los intereses de clubes de fútbol españoles, ¿cómo justificar luego esa misma legalidad?

Así que todos estamos dispuestos a defendernos de la UE, pero ¿quién defiende a esa misma Unión Europea de nuestros egoísmos nacionales y contradictorios?       

 

¿Adiós a Erasmus?

Sus críticos lo llaman Orgasmus, porque según ellos los becados con el programa europeo se pasan todo el día traveseando, en vez de estudiar.

Lo cierto, sin embargo, es que gracias a él tres millones de universitarios han conseguido desplazarse a otro país de esta Europa babélica, cada vez más necesitada de unión.

Ya ven si tiene importancia el programa de movilidad estudiantil. Y su baratura: sólo 450 millones anuales, poco más de lo que gastan en viajes los parlamentarios europeos.

Pues bien: la crisis económica ha reducido drásticamente este programa juvenil de integración europea, mientras que, en cambio, los eurodiputados se niegan a viajar en clase turista en vez de hacerlo en primera.

Y es que ni la manida crisis es igual para todos ni los parlamentarios europeos resultan mejor que los españoles: así, en plena moda de recortes presupuestarios, la Unión Europea ha dejado sin fondos a importantes partidas sociales; pero, eso sí, los gastos administrativos del propio Parlamento —en diputados, asesores, desplazamientos y otras gabelas— subirán el año que viene el 1,9 por ciento.

Por eso, reducir ahora unas modestísimas becas —133 euros mensuales de media que reciben los erasmus españoles—, en vez de hacerlo con las jugosas prebendas de los políticos, no sólo perjudica particularmente a España —el país que más estudiantes de Erasmus recibe y que más envía al extranjero—, sino que inexorablemente conducirá a esta Europa cada vez más insolidaria al aislacionismo cultural, a la fragmentación interna y a la irrelevancia internacional. 

   

 

El (buen) ejemplo de Jorge Alarte

Los políticos nunca van al paro.

¿Para qué creen que se han creado, si no, esos puestos de asesores nombrados a dedo, de consejeros en empresas públicas, de miembros de organismos tan prescindibles como el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu y muchos otros?

Para lo que sirven, en realidad, es para reacomodar a aquellos políticos que, castigados por las urnas —o por sus propios compañeros de partido—, se ven obligados a dejar el cargo a sus rivales.

Lo malo es que con la crisis a muchos de ellos se les ha acabado ya el momio de cobrar de las cajas de ahorro —aunque la mayoría de consejeros nombrados por los partidos reconozca que ni sabía leer un balance— y de bastantes empresas públicas que ellos mismos han conducido a la quiebra.

Al haber, pues, menos sitios donde recolocarse, la pelea por los puestos disponibles es ahora mucho mayor que antes.

Por eso tiene más mérito, si cabe, la actitud de Jorge Alarte, que ha dicho a sus conmilitones que cuando acabe esta legislatura buscará ganarse las alubias por su cuenta y riesgo.

Al parecer, se le había ofrecido un puesto de senador —cargándose para ello a José María Ángel— o ir de eurodiputado en las listas de las próximas elecciones. Semejante oferta refleja muy bien el nulo respeto que tienen los partidos por ambas cámaras legislativas, convertidas por ellos en agencias de colocación en lugar de ser foros genuinos de representación popular.

En vez de aceptar tan jugosa prejubilación, Alarte se ha liado la manta a la cabeza y está dispuesto a abrir un bufete de abogado y aprender a fajarse en el mundo real, al margen de la confortable y dorada burbuja protectora de la política.

Eso es justo todo lo contrario de lo que hace la mayoría de los políticos que, como la precoz y efímera ministra Bibiana Aído, se suelen instalar en el partido de turno desde los 16 ó 17 años para seguir medrando en él indefinidamente.

Aquí tenemos también el caso de su homóloga Leire Pajín, quien, si ha dejado momentáneamente la política, sólo ha sido para labrarse un currículum en instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, con la que había conectado en su anterior cargo público.

Dadas las ventajas y la seguridad laboral ofrecidas por la política, se entiende la proliferación de profesionales de la cosa pública en nuestro país, aunque yo, a diferencia de otras personas, no cuestiono lo que éstos cobran: lo que sí pongo en cuestión, simplemente, es que muchos de ellos cobren, vistos los desmanes que con su torpeza son capaces de cometer.

Por cierto: circula profusamente por Internet un power point que dice que en España hay 445.568 políticos. Se trata de una enorme exageración. Los cargos públicos retribuidos son menos de 100.000. Aunque hubiese bastantes otros que cobraran de forma encubierta, la cifra quedaría muy lejos de la que se propaga por ahí. Claro que, siendo el número que fuere, probablemente la mayoría de ellos son perfectamente prescindibles.

         Volviendo al caso de Jorge Alarte, su actitud contrasta con la de su predecesor en el PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, refugiado, como Paco Camps, en el Consell Jurídic Consultiu, y con la de la mayoría de políticos de uno y otro signo.

El día en que los políticos de este país se atrevan a pasar de la actividad pública a la privada y viceversa demostrarán ser personas capaces y conocedoras del mundo real. Justo, justo, lo contrario que ahora.    

Las listas y los "listos"

La actividad más importante de muchos políticos es aparecer en las listas de su partido como candidato a concejal o a diputado nacional o autonómico. Luego, lo que haga en su cargo resulta bastante irrelevante, ya que sus decisiones y el sentido su voto le vienen impuestos por el partido político en el que milita.

Es aquello que Felipe González, una vez que dejó la presidencia del Gobierno, calificó como mero acto de “apretar un botón” en las votaciones y que reconoció que a él, que había tenido tanto poder, no le resultaba “nada estimulante”.

Por eso lo dejó. Pero, claro, no todos los políticos tienen la capacidad de ganarse la vida por su cuenta que posee González y por eso se conforman con asentir al partido y dejar su conciencia y su criterio personal colgados fuera del hemiciclo respectivo.

Lo más curioso de lo que ya se sabe o se intuye de las listas para las elecciones del 22 de mayo es la mayor presencia en ellas en esta ocasión de personas imputadas, acusadas o implicadas en corrupciones o corruptelas diversas. En esto, mírese por dónde, sí que se produce la ansiada transversalidad, puesto que tiene lugar de norte a sur de la Península y en todo tipo de partidos.

Por esta clase de actuaciones es por lo que los políticos han perdido casi todo su crédito, convirtiéndose en el tercer problema del país para los ciudadanos —y con clarísima tendencia al alza—, según el barómetro del CIS publicado este miércoles. Y es que el personal de a pie no es tonto, ni aquí ni en ninguna parte. Estuve en Portugal un mes antes de la petición de rescate económico a la UE por José Sócrates y ya entonces la gente estaba que trinaba: y eso que su paro del 11,2% es la mitad que el de España. Así que mucho ojo, porque aquí cualquier día los ciudadanos pueden acabar hasta el gorro.

La última prueba de que la clase política se ha convertido en un mal extendido la tenemos en la marimorena producida tras negarse los más que bien remunerados europarlamentarios a hacer recortes presupuestarios, entre ellos viajar en clase turista. El follón ha sido tan gordo que han tenido que envainársela, aunque Aleix Vidal-Quadras argumente que “es lógico que personas que pasan tantas horas en el aire viajen con comodidad”. ¡Toma ya!

Lo cierto es que las listas electorales —de donde también han salido los parlamentarios europeos, por cierto— son una muestra de apaños partidistas donde no se coloca a los mejores gestores sino a gente obsecuente y muchas veces mediocre. Y cuando alguien pretende ir por libre, como el aspirante socialista a la alcaldía de Sagunto, Manolo Carbó, es defenestrado sin contemplaciones por su jefe de filas, Jorge Alarte.

No es de extrañar entonces que, por conveniencia de sus partidos, las listas electorales estén plagadas de imputados por asuntos diversos y en todos los ámbitos: desde Paco Camps en el PP hasta Ángel Luna en el PSP-PSOE; desde Vicente Rambla en el listado autonómico hasta Jorge Bellver en el municipal. El Partido Popular, además, parece utilizar las candidaturas autonómicas para aforar, o sea, proteger, a los implicados en los casos Gürtel o Brugal —llámense éstos Ricardo Costa, Sonia Castedo o David Serra—, más que para elegir a nuestros mejores representantes.

El argumento de que eso es legal y que se hace en todas partes, más que una justificación aceptable supone la consumación de una práctica perversa que envilece a la democracia y acabará por perjudicar a los mismos listos que pretenden beneficiarse de ella.

Para qué sirve el Senado

El Senado sirve para colocar a políticos en vías de amortización y agradecerles con un sueldo los servicios prestados.

Si alguien cree que esta definición de nuestra cámara alta es injustamente cruel, le transmito lo me que dijo hace poco un ex senador del PNV: “Si los ciudadanos españoles supiesen cómo se sestea y se pierde el tiempo en esa institución, montarían en cólera”.

Ya ven si la cosa tiene su gravedad. En otros países con Parlamento bicameral, el Senado alberga la representación territorial del Estado. Eso sucede, por ejemplo, en Alemania y en Estados Unidos. En este último país, el cargo de senador es el más importante tras el de Presidente. Una cámara adversa bloquea de hecho cualquier iniciativa presidencial y obliga al poder ejecutivo a laboriosas componendas.

Aquí, en cambio, pese a la existencia de comunidades autónomas, sólo sirve para posponer leyes que más tarde aprueba el Congreso de los Diputados en una segunda lectura. Por esa limitación legislativa, en el Senado hay pocos nombres de relumbrón. Algunos llegan como premio por haber deshecho algún partido menor que incordiaba al que luego, en agradecimiento, los nombra. Otros, por haberse quitado ellos mismos del medio: “Me dieron a elegir entre ser senador o eurodiputado; dije que si me compensaban la diferencia económica me quedaba en Madrid”, me confiesa sin rubor otro miembro de la cámara.

Últimamente, sin embargo, el Senado no sólo sirve para reciclar a políticos en desguace sino también para dar trabajo a intérpretes de las diferentes lenguas hispanas. No parece gran cosa, no, pero con el enorme paro que hay, algo es algo.