¿Por qué han de cobrar los políticos?

No creo que los políticos cobren demasiado. Lo que sí creo que hay demasiados políticos que cobran. Por ejemplo, ¿por qué han de tener dedicación exclusiva alcaldes de municipios que no llegan a 5.000 habitantes?

En nuestro país existe demasiada gente que se dedica a la política. Y no como acto de servicio, que sería lo loable, sino como oficio y beneficio con exclusión de cualquier otro.

Veamos. Desde eurodiputados a concejales, pasando por senadores, parlamentarios nacionales y autonómicos, diputados y otros cargos en entes menores son varios miles los ciudadanos que han hecho de la política una profesión retribuida, y a veces única, con derecho incluso a la jubilación. ¿Hay razón alguna para ello?

No lo parece, ya que ¿para qué están los miles de funcionarios y empleados públicos que hacen marchar la Administración? ¿Y para qué, amén de ellos, se contrata como asesores a familiares y paniaguados? ¿Tan malos son los políticos que necesitan toda esa parafernalia?

En Gran Bretaña o Francia, hay muchísimos menos políticos que cobran del Presupuesto, ya que los altos cargos de la Administración son funcionarios que no cambian según cuál sea el partido en el Gobierno.

Aquí no solo sucede al contrario, sino que los políticos excedentes encuentran acomodo en mil inútiles consejos de empresas públicas, órganos consultivos y de defensa de las causas más peregrinas. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que el dimitido presidente valenciano Camps sea ahora miembro del Consejo Jurídico Consultivo de esa Comunidad?

Y es que en este país sí que hay un oficio vitalicio, sin riesgo alguno de desempleo, que es el de político.

Por qué soy euroescéptico

Cada vez que voy a Bruselas vuelvo más euroescéptico. Lo malo, con todo, no es lo que me ocurre a mí, sino que desde el día 1 preside la Unión Europea Bélgica, un país fracturado que ni siquiera cree en sí mismo. Así que ya me dirán.

Los años de bonanza económica consiguieron camuflar la división de una UE que no logró aprobar una modesta Constitución y cuyos miembros discrepan sobre políticas fiscales y laborales, migratorias y energéticas, sobre el intercambio de información financiera y la protección a paraísos fiscales de su propio ámbito y hasta sobre las normas de tráfico.

Ahora, con la crisis, se evidencian todos los descosidos aunque los 34.000 funcionarios de Bruselas continúan viviendo al margen de los problemas y los parlamentarios europeos no ceden uno solo de sus 8.000 euros de sueldo mensual ni renuncian a sus cientos de asesores.

La UE seguirá legislando, pues, sobre el tamaño de los tetrabricks o el número de viñedos, pero no tiene una política común sobre Kosovo o Turquía, Cuba o Afganistán, lo que convierte en irrelevante su papel internacional. A cualquier militar holandés le molesta ser mandado por un italiano o a un polaco por un español. Berlusconi impidió al BBVA hacerse con la Banca Nazionale del Lavoro, Zapatero que E.ON entrase en Endesa y ahora Sócrates que Telefónica compre Vivo.

¡Si hasta los franceses andan cabreados porque pretenden jubilarles a los 62 años cuando aquí se hace a los 65! ¿Es esto unidad o un patético sarcasmo? Por eso, muchos que presumen de europeístas sólo encubren con ello, en el fondo, el mantenimiento de una hipócrita y flagrante desigualdad.

Lo que sobra en España

Probablemente sobren funcionarios, como dice la vicepresidente Elena Salgado. Pero más obvio que eso es la inutilidad de muchísimos altos cargos, nombrados a dedo, sin pasar prueba alguna y con el único mérito de ser amigos del gerifalte de turno.

Otra fuente de empleo fácil, sólo para políticos amortizados, sobrinos, cuñados y demás parientes de quienes mandan, son esos 5.000 entes públicos que durante los últimos años han florecido como hongos en el Estado, en las comunidades autónomas y en los municipios.

Y es que la voracidad de nuestros políticos parece no tener límites. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el número de parlamentarios ha pasado de 89 a 99 de una legislatura a otra sin que aumente por ello el número de sesiones, de debates y de leyes. Para mayor inri, esos mismos diputados regionales se dotaron de una generosa jubilación que ahora, tras el escándalo de su agravio comparativo con el resto de los mortales, tratan tardíamente de enmendar.

Si ser consejero de un ente público no requiere mayor cualificación, tampoco a los de la empresa privada se los controla suficientemente en cuanto al número de compañías en las que participan ni a las cuantiosas e injustificadas cantidades que perciben. La indemnización de 106 millones a Ángel Corcóstegui cuando dejó el Banco de Santander o los 52 de Ignacio Goirigolzarri por irse del BBVA son un doloroso sarcasmo para esos millones de parados que sobreviven como pueden.

Mientras Rodríguez Zapatero no meta mano a tanto despropósito, cualquier anuncio de contención del gasto público suena a hipócrita cinismo de un Gobierno desnortado.