Nunca
la imagen del rey Juan Carlos I
había estado tan deteriorada como ahora, según reflejan las últimas encuestas.
Nunca el Monarca había perdido tanta credibilidad personal y política. Y nunca
su actuación había sido tan cuestionada y controvertida como en la actualidad.
Este
último aspecto resulta particularmente grave. Según nuestra Constitución, el
papel institucional del Jefe del Estado es el de moderar la actividad política.
Difícilmente podrá hacerlo si su propia persona es objeto de controversia y de
confrontación por parte de los ciudadanos.
Querámoslo
o no, así están las cosas.
Poco
importan, a este respecto, los servicios que haya prestado al país hasta ahora
el titular de la Corona, desde impulsar y facilitar en su día la transición
política hasta convertirse en un magnífico embajador de nuestra democracia,
pasando por la actuación decisiva que tuvo para abortar el golpe de Estado de Armada y Milans del Bosch. Pero en la vida, y más concretamente en la
política, lo significativo no es el pasado, por relevante que haya sido, sino
el presente. Y el del Rey no resulta en absoluto estimulante para sus
compatriotas.
Por
eso, el último y gran servicio que podría prestar a un país lleno de zozobras —desde
económicas hasta institucionales— es abdicar en su hijo, Felipe de Borbón. Este aún conserva un potencial de credibilidad personal
y política de la que ya carece su padre, según las encuestas anteriores.
Así,
pues, la transición de uno a otro no sería tan traumática ahora como podría llegar
a serlo más adelante. Pensemos que España ya tiene suficientes problemas para que
se le añada —como con el paso del tiempo parece inevitable— el de que se
cuestione la forma monárquica del Estado. Y eso es lo que, si Juan Carlos I
prolonga su reinado, acabará por suceder.
Por
ello, si el Monarca se aferra al cargo, podría darse la paradoja de que alargando
su reinado contribuya a que sea él el último Rey de España.
