El sexo de los políticos

En Europa, las aventuras extraconyugales de los políticos y cualquier otro escarceo sexual, por sórdido que sea, siempre han quedado reducidos al ámbito de lo privado, al contrario que en Estados Unidos, donde secretas infidelidades han acabado con las aspiraciones presidenciales de muchos candidatos, desde Gary Hart a James Edwards.

Ambos mundos contrapuestos entraron en colisión cuando el affaire de Strauss-Kahn con una camarera en Nueva York y, al margen del arreglo extrajudicial entre ambos, liquidó la carrera del socialista francés y abrió la veda contra los políticos europeos. De aquellos polvos vienen ahora los lodos del escándalo de François Hollande por sus encuentros con Julie Gayet.

De España, qué les voy a decir. Lo que pasaba en las alcobas de los políticos ha sido, hasta hace poco, como un secreto de confesionario: se sabía, pero no se decía. Semanas antes de conocerse la relación del entonces vicepresidente Miguel Boyer con Isabel Presley, el ministro Fernando Morán me llamó indignado a El Periódico de Catalunya, que entonces yo dirigía: “¿Cómo se atreve a pedirme una entrevista para su diario cuando se meten en él con un compañero mío de Gabinete?”. Todo, porque el columnista Pedro Rodríguez, sin citar nombres, simplemente insinuaba en un artículo la historia de amor de un ministro y una conocida dama de la sociedad madrileña.

Ya ven cómo han cambiado los tiempos. Pero la pregunta sigue abierta: ¿la vida sexual de los políticos pertenece al ámbito privado o debe ser conocida por los ciudadanos?

Recientes noticias en España sobre la conducta de las primeras autoridades del Estado han agigantado el debate. Y no digamos nada si se trata de cargos públicos elegidos por los ciudadanos: ¿deben conocer éstos sus comportamientos privados?, ¿resultan relevantes a la hora de concederles nuestro voto y la consiguiente representación pública?

El debate, por muy permisiva que sea nuestra sociedad, todavía no ha concluido.

Los deshonestos (por fin) pagan

La dimisión de Strauss-Kahn de su puesto en el FMI tras la presunta violación de una muchacha es el síntoma de que algo muy importante está cambiando. Hasta ahora, los acusados de cualquier delito se aferraban a sus cargos como posesos.

Tampoco la corrupción política pasaba factura. El Parlamento francés de la época de Mitterrand dictó dos amnistías generales a la financiación ilícita de los partidos. Recientemente, en cambio, la ministra Alliot-Marie hubo de dimitir por haber recibido agasajos del sátrapa tunecino Ben Alí. Hasta al italiano Berlusconi sus variados y repetidos desmanes acaban de costarle un varapalo en las urnas.

En España todo esto aún no sucede: el ex jefe de personal de Canal Nou, Vicente Sanz, denunciado por acoso sexual, ha conseguido jubilarse como si nada. Tampoco el caso Gürtel ha conmocionado a los electores, aunque Camps y Esperanza Aguirre se hayan dejado unos cuantos votos en la gatera.

Cada día que pasa, sin embargo, los partidos políticos se desprenden un poco más de dirigentes pringados por acusaciones delictivas: el senador cacereño González Melitón, por ejemplo, dimite “para poder defenderse” del delito de abuso de menores, y el concejal linense Antonio Torres, del de fraude.

Se trata de un proceso incipiente, claro, pero constante. Si a iniciativa del movimiento de Indignados se logra que las listas electorales no puedan llevar personas imputadas, nos libraremos de un montón de gente dudosa que, si demuestra luego su inocencia, puede volver a la actividad política tan ricamente. Si no, a ganarse la vida como cualquier hijo de vecino.